A nivel global, los pueblos indígenas son reconocidos como protectores del medio ambiente. En el pueblo mapuche, las actividades de las industrias extractivas, la construcción de represas, la minería y las plantaciones de monocultivos tienen consecuencias devastadoras para el sistema de vida de las comunidades. Durante décadas, los mapuche protectores del medio ambiente se han opuesto, desactivado y en muchos casos detenido estos proyectos.
En un plazo de 90 todas las agencias federales de EUU deberán presentar plan de implementación de procesos de consulta previa, regular y significativa a los pueblos indígenas cuando se quiera implementar políticas o proyectos que afecten sus territorios.
Medidas cautelares para salvaguardar la vida y la integridad física y psíquica de miembros de comunidades mapuche fueron solicitadas ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos por los lonkos de las comunidades Ignacio Queipul de Temucuicui, Juan Catrillanca, y José Jineo Ñanco de Rofue, Domingo Jineo.
En la denuncia presentada ante el organismo internacional, se argumenta la violación de derechos humanos garantizados en la Convención Americana (Pacto de San José) en contra de sus integrantes, especialmente niños, mujeres y autoridades ancestrales, producto de acciones desarrolladas en sus territorios por agentes de Estado de Chile.
En el país en que los candidatos presidenciales debaten frente a las cámaras de televisión, no existen los mapuche. Ni la represión que sufren, ni el desprestigio a que los someten las autoridades. No hay tres indios asesinados por la policía, ni un centenar en prisión, ni muchos de ellos procesados por la ley antiterrorista.
En un plazo de 90 todas las agencias federales de EUU deberán presentar plan de implementación de procesos de consulta previa, regular y significativa a los pueblos indígenas.
La entrada en vigencia en septiembre pasado del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, obliga al Estado de Chile a realizar una serie de cambios dirigidos a proteger sus valores sociales, culturales, religiosos y espirituales.
Profesionales, en su mayoría mapuche, acusan persecución política ante estas imputaciones, en represalia por participar de una marcha mapuche en una fecha emblemática. Alcalde de origen mapuche señala que es una obligación por ley hacer la denuncia formal ante carabineros tras los daños generado
Paul Walder escribió en El Clarín un muy buen y preciso artículo (“La difusa línea entre democracia y dictadura”. La historia, si miramos en todas las direcciones, encontraremos que sí se usaba el concepto de "el otro".
Por si no bastara con la represión que sufre el pueblo mapuche en sus comunidades, que descarga sobre hombres, mujeres y niños todo el poder del Estado -policías, servicios de inteligencia y poder judicial-, hoy está en curso una operación mediática para desacreditarlo, digitada desde el Ministerio del Interior y entusiastamente encabezada por el Sr. Patricio Rosende.