El futuro de los pueblos indígenas depende de su inclusión en todos los procesos que afectan sus vidas. El derecho a la libre determinación afianza la creación y consolidación de autogobiernos y autonomías indígenas, así como asegura que los derechos territoriales sean respetados. El control territorial es un ejercicio de la libre determinación y participación activa del pueblo mapuche en el diálogo con autoridades nacionales y mecanismos internacionales de derechos humanos.
La tozudez del gobierno y el rechazo frontal de los territorios mapuche configuran un escenario de futuro incierto. Los aprendizajes del proceso han sido mínimos. Casos como el de una funcionaria de la delegación presidencial que expresó "¡indios de mierda, me tienen aburrida!"
Terminó todo este proceso que el gobierno de Gabriel Boric instauró con la firma de los comisionados y sus informantes, en el marco del "Procedimiento de Paz y Entendimiento", llevado a cabo en cuatro regiones del sur del país: Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Al parecer, este proceso fue un fracaso, debido a que las comunidades mapuche consideraron que los 21 puntos de la consulta representaban una completa enajenación y desconexión con las verdaderas demandas territoriales. Esta percepción negativa se debió principalmente al mal diseño del proceso, producto del trabajo a puertas cerradas de los comisionados —Moreno, Naveillán, Millabur, Huenchumilla, entre otros—, quienes no supieron interpretar adecuadamente el contexto ni anticipar la reacción de las comunidades.
El resultado fue un amplio rechazo por parte de las comunidades mapuche de las regiones mencionadas, quienes denunciaron que el enfoque neoliberal y colonizador del informe favorece únicamente a los grandes intereses empresariales, como las forestales, la industria de la piscicultura y las empresas transnacionales extractivistas.
Reacciones Mapuche y el Declive Político
Frente a esta situación, solo las comunidades organizadas tomaron la iniciativa de rechazar los puntos de la consulta. Figuras relevantes del mundo mapuche como Ana Llao, Aucán Huilcamán, Luis Levi y Natividad Llanquileo manifestaron su rotundo rechazo, afirmando que el contenido del informe no tenía ninguna conexión real con las demandas históricas de los territorios ancestrales.
En contraste, actores políticos mapuche que apoyaron el proceso —como Francisco Huenchumilla, Adolfo Millabur, Emilia Nuyado (comisionados de Paz y Entendimiento), Ericka Ñanco, Rosa Catrileo (exasesora de pueblos originarios en MIDESO), Francisca Huirilef (actual consejera de CONADI), Luis Penchuleo y Elisa Loncón— quedaron en una posición muy debilitada ante las bases. A pesar de sus intentos de matizar sus posturas, fueron vistos como oportunistas que “se dieron vuelta la chaqueta”.
Este panorama generó un profundo rechazo en las comunidades, quienes vieron cómo estos personajes valoraron un proceso considerado ilegítimo, quedando mal parados ante el pueblo mapuche y el electorado en general.
El Portón Abierto para la Derecha y la Caída del Oficialismo
Todo esto abre otro frente: el oficialismo se ha debilitado seriamente, justo en un contexto electoral clave. Pese a las intenciones de implementar mecanismos de consulta indígena, el problema de fondo sigue sin resolverse. La derecha, históricamente opuesta a estas demandas, ahora se presenta como la fuerza que "advirtió" sobre estos errores, ganando terreno político.
La unificación entre la derecha conservadora y la ultraderecha les ha permitido capitalizar el descontento, presentándose como una opción fuerte, con respaldo empresarial y estratégico. Esto ha abierto las puertas a una eventual victoria electoral, marcada por mayores niveles de represión, persecución y discriminación hacia los pueblos originarios.
Lo que se Viene: Un Futuro Incierto
La tozudez del gobierno y el rechazo frontal de los territorios mapuche configuran un escenario de futuro incierto. Los aprendizajes del proceso han sido mínimos. Casos como el de una funcionaria de la delegación presidencial que expresó "¡indios de mierda, me tienen aburrida!", o el conflicto en Cholchol, donde se intentó frenar el rechazo por intereses familiares ligados al proceso de consulta, revelan una profunda falta de ética y compromiso real con las comunidades.
Aunque se convoquen reuniones para buscar alternativas, mientras no se escuche a las bases ni se construya una participación horizontal y legítima, no habrá avance real. Las decisiones siguen concentradas en grupos pequeños, mientras las voces comunitarias son marginadas o ignoradas, tratadas como si no tuvieran capacidad de opinión.
Soberanía y Futuro: ¿Una Quimera?
Mientras las comunidades no sean escuchadas y respetadas en su autonomía y derecho a decidir sobre sus territorios, la única salida seguirá siendo la lucha por la soberanía, amparados en la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT y la memoria histórica, como el Tratado de Trapihue, que pronto cumplirá 200 años. Ese tratado —aunque olvidado por el Estado— sigue siendo símbolo de los tiempos en que el pueblo mapuche pudo ejercer su libre determinación.
Quizás la unidad real llegue solo en momentos de crisis extrema. Mientras tanto, el desafío sigue siendo fortalecer las bases, construir poder desde los territorios y no ceder ante propuestas que no representan el sentir profundo de la nación mapuche.
Por: Nilsa Rain
Hacemos un llamado a la unidad y a sumar fuerzas desde el Nütram, el Kollagtun la espiritualidad, participación y protocolar desde nuestros rewe, siendo los pu lonko de todo Wallmapu quienes guíen este proceso en sus territorios.
El tratado de Tapihue es una herencia de todos los Mapuche sin excepción, y como tal todos deberían generar acciones en reclamar y dar uso de este tratado, y no solo este parlamento de Pu lonko. Invitamos a la Nación Mapuche a Manifestarse en la aplicación y cumplimiento de este tratado, que cada mapuche ponga su esfuerzo en generar acciones concretas dentro de sus capacidades, Y hacemos un llamado a la unidad y a sumar fuerzas desde el Nütram, el Kollagtun la espiritualidad, participación y protocolar desde nuestros rewe, siendo los pu lonko de todo Wallmapu quienes guíen este proceso en sus territorios.
Leer la declaración
Una Comisión que surge en medio de la militarización del Wallmapu, y que reúne posiciones y materiales de información de los territorios bajo estas circunstancias, no cumple ni los más mínimo estándares de respeto a los DDHH en materia internacional.
Mientras exista militarización y presos políticos mapuche no es posible siquiera iniciar diálogos que conduzcan a acuerdos.
Seamos claros, esta Comisión no representa los objetivos políticos de nuestra organización y del movimiento mapuche autonomista que está activo en los procesos de recuperación territorial. Nuestra política sigue siendo la reconstrucción nacional y la liberación del Wallmapu, objetivos que, una vez más, no son entendidos ni abordados por la clase política chilena y todos sus sectores afines.
Desde un inicio sostuvimos que está Comisión estaba condenada al fracaso, puesto que, más que representar las demandas de las comunidades y agrupaciones que luchan por sus tierras, encarna los intereses del gran empresariado y del latifundio que se encubren hoy en falsos discursos de paz y bienestar social. Son estos sectores los que buscan legitimar su propia concepción de “paz y entendimiento”, que no es más que un nuevo artilugio para asegurar las mejores condiciones para incrementar y acumular sus ganancias en nuestra territorialidad ancestral. Por lo mismo es que, esta Comisión también funciona como un instrumento político y mediático al intentar excluir al movimiento mapuche autonomista, y para afirmar públicamente que los intereses del Estado y del gran capital están bajo amenaza, imponen sus reglas y su forma de hacer política en los sectores mapuche institucionales. De hecho, solo han tenido voz los sectores cooptados y funcionales.
Sumado a lo anterior, es importante subrayar que una Comisión que nace, sesiona y concluye en medio de un Estado de Excepción activo sobre aquel territorio objeto de la misma, no tiene legitimidad. Quieren “hacer política”, aunque el término les quede grande, con la pistola sobre la mesa y los milicos sitiando comunidades. Exhibiendo con estas “proclamadas prácticas democráticas”, un gran contrasentido.
Una Comisión que surge en medio de la militarización del Wallmapu, y que reúne posiciones y materiales de información de los territorios bajo estas circunstancias, no cumple ni los más mínimo estándares de respeto a los DDHH en materia internacional. A la vez, es una Comisión que ha operado desde sus inicios bajo un patrón neoindigenista, porque no se consultó a las comunidades mapuche, ni quiénes serían sus representantes, ni cuales son los temas centrales, ni cómo deberían ser las formas de resolución de estos. Esta lógica verticalista y tutelar es heredera de los más viejos sistemas políticos coloniales, donde la representación paternalista fue impuesta a sangre y fuego. Lo cierto es que esta lógica impide que los pueblos originarios tengan el derecho a decidir sobre su realidad, mientras otros, poderosos y nobles, lo hacían por ellos. Hoy se repite el formato colonial y racista del Estado capitalista chileno.
Ante esta realidad, que ha permeado por decenas de años los mecanismos con que el Estado de Chile trata la “cuestión indígena”, es que el movimiento mapuche autonomista surge con fuerza, a partir de los años 90, con su propia política, hablando y haciendo por nosotros mismos, sin que otros nos suplanten o nos representen. Pero hoy nuevamente esta situación fue desconocida -a propósito- por los iluminados progresistas que están detrás de la Comisión. Y lo más paradojal es que quienes sí tienen voz son los representantes de la clase política y del empresariado anti mapuche.
Son quienes por tres décadas piensan que el histórico conflicto sostenido entre comunidades movilizadas, el Estado y los representantes del capital en el Wallmapu se soluciona con persecución, criminalización, montajes, juicios y cárcel. Parece irrisorio que el supuesto “diálogo” por la paz, materializado con esta Comisión, incluya precisamente a los militaristas que no la quieren y que han engrosado sus bolsillos a costa de la ocupación usurpadora. Es el caso de comandos paramilitares, como el APRA, que realizan sendas operaciones políticas, más que actuar como una asociación que represente a un gremio en búsqueda de esa supuesta “paz”.
A nivel orgánico y operativo, resulta ser una Comisión construida sobre arenas movedizas, tal como lo fue la participación de mapuche en la Convención Constituyente. Por lo mismo, al no llegar a acuerdos concretos, el máximo logro es mostrar a esta Comisión en su labor de elaboración de un diagnóstico respecto de lo que ellos han denominado la recuperación de las tierras, cuestión que en el mundo mapuche no tiene absolutamente ningún sentido porque nuestro pueblo, las comunidades, tienen absolutamente claro cuáles son las reivindicaciones territoriales que nos interesan, para restablecer un diseño territorial que permita la reconstrucción de nuestro Pueblo Nación.
Con este diagnóstico, la Comisión pretende justificar que existen los mecanismos de devolución de tierra, no existiendo una propuesta concreta y precisa que determine o que haga real la devolución de los territorios. Sin embargo, constituye el “caballito de batalla” para encubrir un engaño mayúsculo, que es la imposición de las técnicas del mercadeo, con corruptelas incluidas, para reacomodar las grandes inversiones capitalistas en nuestro territorio ancestral. Un diagnóstico que se presentará como un gran objetivo, pero que no estará concluido con este gobierno. Tampoco las devoluciones territoriales que serán a largo plazo y que solo indicarán o establecerán un tipo de mecanismo, un tipo de forma para, políticamente buscar componendas y negociaciones en los futuros gobiernos.
En definitiva, esta nueva Comisión constituye una verdadera farsa, un nuevo tongo y pasará a formar un eslabón más para que la actual administración, la actual gobernanza neoliberal, proyecte un futuro gobierno que estará en manos de la ultraderecha.
Buscar la paz y entendimiento con exclusión de los que luchan es la gran interrogante, ¿cómo se puede buscar paz en un contexto de militarización y de mayor represión? Más aún, con la existencia de muchos presos políticos mapuches (PPM) que hemos venido siendo procesados y condenados sólo por representar la lucha territorial, autonomista y revolucionaria a través de ideas fuerzas y de propuestas políticas para la reconstrucción de nuestro pueblo. Nada se ha dicho de los weichafe que estamos secuestrados por el estado chileno. Porque mientras exista militarización y presos políticos mapuche no es posible siquiera iniciar diálogos que conduzcan a acuerdos.
La existencia de los PPM se da un contexto de mayor persecución y sobre la base de leyes de excepción que nos remiten a tiempos dictatoriales. En efecto, hoy hay presos políticos mapuche producto a las políticas más sofisticadas para reprimir y perseguir al movimiento autonomista, que con más fuerza hemos asumido la lucha contra el extractivismo y por la reconstrucción de nuestro pueblo, procesos sostenidos con la recuperación de los espacios territoriales, hoy de mano principalmente de las forestales.
Como antesala de la presentación de los acuerdos o los puntos de la Comisión por la Paz y el Entendimiento se viene implementado una verdadera campaña mediática en la que participan los sectores más fascistas de la derecha chilena, obviamente cubiertos por los medios de comunicación que están a su servicio, en donde se reinstala el discurso que demoniza la causa mapuche, condenando la violencia que ejercen las comunidades para la recuperación territorial. Un discurso que reinstala los conceptos de terrorismo, violencia rural, crimen organizado para deslegitimar y despolitizar la justa lucha por el territorio.
Por otra parte, se está instalando la idea de un supuesto acuerdo de devolución de tierras en que habría una descomunal cifra de dinero que se dispondrá para la reparación territorial hacia las comunidades, lo cual es parte de la farsa que ya conocemos, porque en los hechos está propuesta siempre se va diluyendo en el camino y al final termina en escuálidos recursos y en casi nula viabilidad de devolución de tierras. Lo cual es una constante bajo la legislación vigente con la participación de la CONADI, un organismo putrefacto y funcional del estado capitalista. Solo habrá dineros para reparar a los latifundistas y para engrosar las arcas de las forestales, quienes hacen el gran negocio con la especulación financiera de la compraventa de los fundos usurpados a las comunidades.
Sin duda se ha puesto en marcha una nueva operación política que intenta darle fuerza e importancia a una Comisión que no tiene en la realidad nada que ofrecer para la resolución del conflicto, porque la confrontación está instalada sobre cimientos estructurales, económicos, que implican la lucha de un pueblo originario oprimido contra un estado colonial invasor y frente a lo cual ya existe un proceso de lucha y de resistencia por la reconstrucción de la Nación mapuche.
La lucha mapuche actual es y será por territorio y autonomía para la Nación mapuche.
¡¡La lucha continúa!!
¡Amulepe taiñ weichan !
por Héctor Llaitul
Venimos a devolver el informe a todos y a cada uno de los comisionados, especialmente al senador Francisco Huenchumilla y Adolfo Millabur, entre otros, quienes en los 35 años han participado activamente en la entretención política del conflicto entre el Estado y el Pueblo Mapuche . Ambos “deben pedir perdón”.
Por otro lado, una eventual reparación al concepto de las víctimas es el mejor incentivo para aumentar la violencia, porque dará lugar a que aparezcan grupos irregulares para cometer actos de violencia y recibirán una indemnización y reparación. Este es un capítulo hasta perverso del informe.
Finalmente reiteramos el llamado a que se constituya una “Comisión para el esclarecimiento histórico Mapuche. Con un mandato claro en el tiempo y contenidos para restablecer una paz firme y duradera y no más comisiones de entretención”.
Por lo tanto:
I.- Venimos a devolver el informe a todos y a cada uno de los comisionados, especialmente al senador Francisco Huenchumilla y Adolfo Millabur, entre otros, quienes en los 35 años han participado activamente en la entretención política del conflicto entre el Estado y el Pueblo Mapuche . Ambos “deben pedir perdón”.
II.- Pedimos al presidente Gabriel Boric, si verdaderamente está comprometido con el informe que, en un plazo de 10 días hábiles modifique el reglamento de consulta indígena que vulnera nuestros derechos como a sucedido con la Ley de Biocombustible y la Ley de Biodiversidad, entre otros.
Hector Urbina Huircaleo Nelson Calfullan
Comunidad Boyeco Comunidad Panitru
Comuna de Lumaco Comuna Melipeuco
Erwin Collillanca Juan Llanca
Comunidad Anka pulli Comunidad Jose LLancao
Comuna Loncoche Comuna Vilcun
Heraldo Avendaño Cheuquel Cristian Caniupal
Curacautin
Temuco, Chile 08 de mayo 2025.