Profesionales, en su mayoría mapuche, acusan persecución política ante estas imputaciones, en represalia por participar de una marcha mapuche en una fecha emblemática. Alcalde de origen mapuche señala que es una obligación por ley hacer la denuncia formal ante carabineros tras los daños generado

Un grupo de funcionarios municipales, en su mayoría profesores mapuche de escuelas rurales, fueron citados a declarar ante la Fiscalía de Carahue por las supuestas responsabilidades que les cabrían tras los daños producidos a vehículos municipales una vez finalizada la marcha del 12 de octubre pasado en Puerto Saavedra.

Al día siguiente en el patio de la municipalidad habían vehículos con neumáticos desinflados y rayados con consignas mapuche, según comentó el Concejal Alberto Figueroa (PPD): “Habían destrozos dentro del municipio, desinflaron dos camionetas y una retroexcavadora”. Por ello él fue partidario de un sumario administrativo, pero aclaró: “Yo no soy contrario a las marchas, pero ellos (los funcionarios) por andar en la marcha deben ayudar a aclarar esto”, dijo.

En el Concejo Municipal del día martes 13 de octubre, los concejales Espejo y Figueroa fueron quienes más insistieron en que había que sumariar a los funcionarios municipales que participaron en la marcha y empezaron a dar los nombres. La sesión fue grabada y transmitida íntegramente, sin editar, horas más tarde por el canal 8 televisión, lo que fue rechazado por los funcionarios individualizados. “A mi no me parece, porque si no hay una investigación, eso no corresponde”, se quejó uno de los profesionales sumariados.

Al consultársele al director del canal, Héctor Salas, respecto de una posible ilegalidad de transmitir en el medio de comunicación nombres de personas asociándoles hechos sin una investigación previa, este responsabilizó a los concejales y a las personas que emitieron esos nombres, “es de exclusiva responsabilidad de ellos, de quienes emitieron los nombres, nosotros no tenemos posibilidad de editar el material y tampoco de guardar los archivos”, agregó. Sin embargo, la ley de prensa -N° 19.806- plantea que los medios están obligados a tener archivos de sus programas hasta al menos por 20 días, después de su transmisión.

Profesores sumariados acusan persecución política

Sandra Carrasco Tripainao, madre de un hijo, lleva ejerciendo 12 años la labor de docente. Diez años en Santiago y dos años haciendo reemplazos en el liceo Reino de Suecia en Saavedra, y por rumores se ha enterado que no le van a dar más reemplazos, solo por haber participado en aquella marcha. “Yo participé no como funcionario municipal en la marcha, sino como mapuche, y me siento orgullosa de haberlo hecho, así que no entiendo mucho por qué vino esta especie de represalia contra los funcionarios municipales”, se quejó. En aquella oportunidad cuenta que llegaron hasta el frontis del municipio y se procedió a descansar y comer, “pero no vi nada anormal”, acotó.

“Yo pienso que esto es un tema político, y así se lo plantee al Alcalde. Lo que se está haciendo acá es infundirle miedo a la gente, que tiene que ser sumisa, es como que hay un mapuche autorizado para serlo y hay otro no autorizado. Si hubo gente de la marcha que hizo los daños a mi no me parece, pero yo no hice nada más que pensar y actuar en razón de lo que yo pienso”, señaló Sandra Carrasco.

Otro de los afectados es Abel Illanez Pantoja. Lleva 16 años ejerciendo la labor de docente, actualmente en el Colegio Antonio Ladino de Oñoico, y fue citado a declarar a la fiscalía el pasado 3 de octubre. Cuenta que ese día 12 de octubre viajó a Puerto Saavedra por asuntos personales y cuando se dirigió al banco, se encontró “con los hermanos mapuche que tenían sus pancartas alusivas al 12 (de octubre) y sus reivindicaciones. Algunos me saludaron y me llamaron. Ingresé al antejardín de la municipalidad y los fui a saludar. Estaría unos cinco minutos y me retiré”, relata Illanez.

Consultado por el hecho de ser llamado a declarar y ser sumariado, responde que “es bastante raro que me hayan citado a la fiscalía, creo que es una persecución política hacia nosotros, hacia mis colegas que están desenvolviéndose en comunidades mapuche y hacia mi persona, de parte de algunos concejales”. Cuenta que a él le han causado bastante daño, “que no es raro encontrarme nuevamente en esta situación, pero saldré adelante porque el que nada hace, nada teme”, señala convencido.

Por su parte la profesora María Isabel Cayupil Torres, madre de tres hijos y 14 años ejerciendo en tres colegios distintos de la comuna, también fue citada a fiscalía por haber participado en la marcha que califica de que “pacífica. No hubo desmanes y nosotros compartimos en el frontis del municipio con ellos lo que traían (comestibles), estuvimos un rato ahí, luego cada uno a su casa. Después supe que nos iban a sumariar por unos destrozos, que yo no sé en que momento se hicieron”, señala.

Comenta que acudió a la marcha porque considera que es un derecho y califica el sumario como un abuso contra un derecho fundamental que tiene toda persona a expresarse. La situación la tiene bastante preocupada, y está consternada con que el alcalde, siendo mapuche, emprenda en represalia contra su propio pueblo. “No puedo creer que en Puerto Saavedra exista tanto fascismo y racismo, y que se manifieste ahora y de esta forma”, dice. Declara que era la primera vez que participaba de una marcha mapuche, que para ella era histórico y estaba contenta, por lo que este sumario y citación a fiscalía le provoca mucha rabia. Pero asegura “estar tranquila”, finaliza.

Molesto pero tranquilo está también Hernán Marinao, quien se desempeña como Asesor Cultural Mapuche y Asistente de Educación en el antes mencionado Liceo. Participó de la marcha y ahora siente que se le ha perjudicado, pues se le ha sancionado antes de saberse los resultados de la investigación. “Se siente el rumor, la gente comenta y te apunta con el dedo, como que prácticamente tu hubieras sido quien hizo los rayados y los daños en la municipalidad, es una sanción social”, argumenta. Pero está seguro que saldrá airoso y califica el sumario como una persecución política.

Los acusadores: “Los funcionarios públicos no deberían andar en este tipo de situaciones”

En conversación con la concejala Gioconda Espejo (RN), quien también se desempeña como Jefa de Enfermería en el hospital de Puerto Saavedra, ésta aseguró que ellos como concejales “solicitan el sumario, pero quien decide el sumario es el alcalde. Nosotros hacemos la petición solamente, pues como concejales no estamos facultados para hacer nosotros un sumario, se le solicita al alcalde, y él lo acoge o no”.

Sobre cuáles son los argumentos para tal solicitud, la concejal narra que presenció la marcha y que incluso tuvo que esconderse. “Vi una avalancha de gente que venía y olvídate, si me ven, una concejal de derecha, me iban a gritar, de hecho lo hicieron”, cuenta, pero aclara que ella cree “que en democracia la gente tiene el derecho a manifestarse, pero cuando pasan a la propiedad privada, transgreden eso, ya es un delito, yo creo que si hubieran terminado de hacer una protesta en la plaza sin desorden, esta bien, pero aquí hicieron mucho daño al quehacer municipal”.

Consultada sobre qué le parece que se determinen sanciones sin antes tener el resultado del cierre de una investigación, Espejo señaló que “si son funcionarios municipales, el alcalde como empleador tiene el derecho de tomar las decisiones que él quiera tomar, no tiene por qué esperar una investigación sumaria”. Termina aclarando que como consejo no han hecho demanda, solicitaron una investigación sumaria y de su parte reconoce que dio todo su respaldo para que se hiciese, “porque yo creo que no es bueno que sucedan estas cosas, estamos en democracia para hacer una protesta, pero no hagan daño”, finaliza.

Para el abogado Henry Leal Bizama, Vicepresidente del Partido UDI en Carahue, quien presta servicio al municipio de Saavedra, Carahue y Cholchol, señaló que le fue consultado por el municipio aludido para presentar acciones y aconsejó una investigación sumaria “y si esa investigación arrojaba nombres de personas vinculadas a los daños se procedía la denuncia, pero nosotros no presentamos querella” se defiende.

De acuerdo al alcalde Ricardo Tripainao, el sumario administrativo fue solicitado por el Concejo Municipal y los fundamentos serían “más que nada por los destrozos que ocurrieron dentro de la municipalidad y rayados alusivos al tema. Con el consejo preveíamos de alguna manera que los funcionarios públicos no deberían andar en este tipo de situaciones, ya que la ley en ese sentido también es bastante tajante”, manifiesta.

Respecto a las sanciones que estarían siendo aplicadas a los funcionarios por participar de la marcha sin tener un cierre en la investigación, como es el caso de Hernán Marinao, Asesor Cultural y Asistente de Educación del Liceo Reino de Suecia que no tiene acceso a ningún “cometido”, el alcalde respondió que “nosotros no andamos a la siga de ningún funcionario acá, así que cada uno tiene que seguir trabajando como corresponde y los seguimos saludando como siempre”, concluyó.

Los profesores afectados concurrieron a la citación del fiscal Cristían Voullieme y relataron su versión de los hechos a la asistente del fiscal, Fabiola Cancino, quien se negó a entregar más información pero confirmó que se están realizando las diligencias y que son alrededor de 6 a 7 personas citadas. Los funcionarios esperarán el cierre de la investigación mientras estudian posibles acciones legales.