Conflicto, paz y resolución

Al momento que Chile está definiendo su futuro político, se requiere un dialogo entre todas las partes interesadas para construir un proceso de Paz Firme y Duradero en la región, deponiendo las prácticas de la dependencia, el colonialismo, paternalismo y la domesticación.

Según el medio de comunicación El Mostrador con fecha 19/09/2025, casi todos los candidatos a la presidencia han presentados sus propuestas en relación a la situación del Pueblo Mapuche, esto indica que el movimiento Mapuche ha incidido y Mapuchizado las propuestas de los candidatos a la presidencia de Chile, es un buen anuncio para el movimiento Mapuche, porque da cuenta que la situación gravita en un tema de país con todas sus complejidades a resolver.
Aunque habría que ver y explorar que es lo real, las declaraciones en los medios de comunicación que se han emitidos o lo que se han estipulados en los respectivos programas de los candidat@s, aquí estamos ante un ver para creer, además, hay que tener en cuenta qué dice la historia luego de la denominada Pacificación de la Araucanía hasta el día de hoy, incluido la Comisión por La Paz y Entendimiento y su informe y que ha sido desaprobado, por su carácter unilateral que, excluyó el consenso y el dialogo con los destinatarios.
Las propuestas son variadas que van a la realidad y los buenos deseos y muchas de ellas, no van a tener ninguna eficacia práctica, porque no depende de la voluntad de un candidat@s, ni de un gobierno, sino de la propia voluntad del movimiento Mapuche. Aunque no es el objetivo analizar cada una de las propuestas presidencial; pero a modo de ejemplo oponerse al derecho de autodeterminación, es oponerse a un derecho humano fundamental, considerando que el derecho de libre determinación es el consenso internacional sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de parte de los gobiernos del mundo. Este derecho no es una reivindicación, es un derecho adquirido. Se tomó 25 años de dialogo entre todos los gobiernos del mundo y algunos representantes de los Pueblos indígenas del mundo, entre esos algunos participantes dediqué 19 años de mi vida en la diplomacia internacional Mapuche para establecer un estatuto jurídico en el derecho internacional, es decir, como colegislador del derecho internacional contemporáneo.
Aunque llama la atención que los partidos políticos de la alianza de gobierno abandonan el informe de la Comisión por la Paz y Entendimiento.
La militarización que invocan algunos candidatos omite su ineficacia y ponen en evidencia la falta de legitimidad de las instituciones, además, en ninguna parte del mundo los militares han establecidos la Paz.
Independientemente a las características de las propuestas presidenciales en relación a la situación del Pueblo Mapuche en la Macrozona o Wallmapuche, la situación está planteada y abre posibilidades para el dialogo. Aunque lo ideal habría sido construir tales propuestas y propósitos común entre las partes interesadas, teniendo en cuenta la experiencia de la unilateralidad de la composición de la Comisión Por la Paz y Entendimiento, su informe y seguidamente la Consulta que ha sido desaprobada y que todo el país lo ha visto.
Al momento que Chile está definiendo su futuro político, se requiere un dialogo entre todas las partes interesadas para construir un proceso de Paz Firme y Duradero en la región, deponiendo las prácticas de la dependencia, el colonialismo, paternalismo y la domesticación, en donde se respete el principio de autodeterminación Mapuche.

Wallmapuche, Temuco, Chile 20 de septiembre 2025.
Por: Aucan Huilcaman Paillama. Candidato a Senador.

Todos reconocen que la zona es un desafío que no admite indiferencia. Las recetas difieren: unos ofrecen más soldados y leyes antiterroristas; otros diálogo y obras de infraestructura; y hay quienes proponen refundar la relación del Estado con los pueblos originarios.

Con el Estado de Excepción aún vigente, comunidades mapuche en alerta y la consulta indígena por tierras en pleno desarrollo, la llamada macrozona sur se ha transformado en un escenario inevitable de la campaña presidencial.
Los ocho candidatos han debido tomar posición sobre un conflicto que combina violencia rural, demandas históricas de los pueblos originarios y el debate sobre el modelo de desarrollo tanto en La Araucanía como en Los Lagos y Los Ríos. Solo siete han publicado sus programas –ME-O lo hará el 24 de septiembre– y sus propuestas muestran un abanico de enfoques que van desde la mano dura militarizada hasta propuestas de plurinacionalidad y autonomías.
Los candidatos de derecha levantan propuestas centradas en el restablecimiento del orden público. José Antonio Kast enmarca el problema en clave de “terrorismo” y plantea un rol central de las Fuerzas Armadas y Carabineros, con aplicación estricta de la Ley Antiterrorista. En la misma línea, Franco Parisi despliega su plan ZAGLO, que contempla unidades tácticas permanentes, drones de vigilancia y una reforma de las Reglas de Uso de la Fuerza. Johannes Kaiser coincide en poner la soberanía territorial en primer plano, reforzando la presencia militar y desechando la idea de autonomías indígenas.
Evelyn Matthei, con un sello más institucional, habla de una estrategia integral para “prevenir, proteger, perseguir y preparar respuesta”, pero también entrega un fuerte respaldo al despliegue policial y militar en la zona.
En la vereda oficialista, Jeannette Jara no detalla propuestas específicas sobre restitución o compra de tierras, la consulta indígena o el rol de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Su enfoque programático se concentra más en la seguridad y el desarrollo general en las “zonas de conflicto”.
Cabe recordar que el Gobierno ha mencionado que “en la región ha habido actos de carácter terrorista”. No obstante, este lunes la candidata oficialista dijo que “eso lo califican los tribunales, no los presidentes de la República, ni menos los candidatos”.
“Si hay que interponer una acción legal, lo voy a hacer”, aseguró Jara desde Temuco.
Harold Mayne-Nicholls apuesta por un enfoque mixto: apoyo temporal de las Fuerzas Armadas en zonas críticas, pero acompañado de prevención social, consejos comunales de seguridad. Dice que estudiará a fondo el documento Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, a fin de “implementar las diversas opciones allí propuestas”.
En el otro extremo, Eduardo Artés plantea un giro profundo: un Estado plurinacional con reconocimiento político y jurídico de las naciones originarias, restitución de tierras y autonomías en la gestión de recursos. Para él, el conflicto es expresión del colonialismo y la explotación histórica, y la salida pasa por dar control directo a los pueblos indígenas sobre su desarrollo.
La consulta indígena y el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento aparecen como termómetro de hasta dónde el próximo Gobierno buscará continuidad o ruptura con la política desplegada hoy por La Moneda.
Ningún candidato menciona de manera explícita la “Comisión para la Paz y el Entendimiento” en su programa oficial. Solamente Evelyn Matthei habla de crear una Comisión Especial de Tierras, distinta de la actual comisión de Boric.

Visiones presidenciales sobre La Araucanía, macrozona sur y pueblos originarios

Johannes Kaiser

• • Propone “restablecer el Estado de Derecho en zonas tomadas por el narcoterrorismo”, específicamente en las provincias de Arauco y Malleco, antes del año 2028, mediante una ocupación efectiva de estos territorios.
• • Menciona el terrorismo como una de las “amenazas no convencionales” más significativas que enfrenta Chile.
• • También aborda el “indigenismo” como un sistema de pensamiento surgido del marxismo que plantea la bondad natural de los indios y la malicia del conquistador, describiéndolo como un “gran negocio” con intereses extranjeros.
• • Menciona la persistencia de los despliegues que requieren los Estados de Excepción para enfrentar “amenazas asimétricas”, señalando que esto incide en la operatividad de la fuerza y constituye un cambio inconstitucional del rol de las instituciones de la Defensa Nacional.
• • Además, considera los Estados de Excepción Constitucional debidamente aprobados como excepciones permitidas para desviaciones de la meta estructural en el gasto público y como un medio para apoyar a las fuerzas policiales en la erradicación del crimen organizado, la inmigración ilegal, el narcotráfico y el tráfico de armas.
• • Propone que el presidente de la República puede declarar el Estado de Sitio con el solo acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional.
• • No menciona la consulta indígena ni la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

José Antonio Kast

• • El programa incluye el “combate al terrorismo” en la macrozona sur como parte de una estrategia de seguridad integral.
• • Propone un Plan de Recuperación Territorial para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la violencia, que permitirá la recuperación progresiva de espacios públicos, terrenos privados, barrios y “territorios ocupados” a lo largo de todo el país.
• • Se compromete a desarrollar un Plan de Protección y Reparación para Víctimas del Terrorismo, que permita resarcirlas a ellas y sus familias por la “falta de servicio del Estado”, asegurando su vida, integridad física y psicológica, indemnizándolas por el daño sufrido, acompañándolas en su recuperación y en la obtención de justicia.
  • Sobre los Estados de Excepción, se propone el total respaldo a las policías, gendarmes y Fuerzas Armadas para el uso legítimo de la fuerza del Estado.
• • No menciona la consulta indígena ni la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

Evelyn Matthei

• • Propone una Estrategia Integral contra el Terrorismo, con foco en la llamada macrozona sur, basada en cuatro pilares: prevenir, proteger, perseguir y preparar la respuesta. Los objetivos incluyen identificar y desarticular organizaciones terroristas, reducir ataques y la adhesión a ellas, prevenir ataques en el resto del país, condenar la apología al terrorismo y generar una cultura que condene la violencia política, y reparar adecuadamente a las víctimas del terrorismo. Para ello, se considera fundamental el debido apoyo a las policías y Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza.
• • Busca fortalecer con mayores recursos el Fondo de Reparación a las Víctimas del Terrorismo.
• • El programa diferencia la “legítima reivindicación de los pueblos indígenas de los actos de violencia”, aplicando con firmeza el Estado de Derecho a quienes lo infrinjan.
• • Propone “el Reconocimiento Constitucional de los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”.
• • Se compromete a la creación de una “Comisión Especial de Tierras” para revisar y proponer soluciones a las reclamaciones pendientes, buscando mecanismos de compensación alternativos a la entrega de tierras, para que el Estado avance “con orden y responsabilidad”.
• • Pondrá en marcha el Plan Impulso Indígena 2026-2030, un comité interministerial que coordinará obras de conectividad, salud, vivienda y riego, y ofrecerá incentivos al turismo y emprendimiento con el objetivo de equiparar los indicadores sociales y económicos de regiones con el promedio nacional.
• • Quiere “regularizar los títulos de propiedad para dar certeza jurídica e impulsar la inversión”, y fomentar las marcas colectivas para dar valor agregado a los productos locales.
• • Propone “incentivos” para que inversionistas privados desarrollen proyectos en conjunto con las comunidades.
• • No menciona la consulta indígena ni la Comisión para la Paz y el Entendimiento, como tampoco los Estados de Excepción.

Franco Parisi

• • El programa recalca que el Estado de Excepción en La Araucanía se ha mantenido de forma casi ininterrumpida desde mayo de 2022, sumando más de 1000 días bajo esta medida.
• • Propone la implementación del Plan piloto ZAGLO (Zonas de Apoyo Geoestratégico Logístico Operativo) para “atacar y controlar el terrorismo en las regiones afectadas por este (Macrozona Sur)” (sic).
• • El plan busca generar un efecto disuasivo mensurable para reducir los ataques terroristas en un 70% durante los primeros 24 meses, a través de “operaciones psicológicas”, presencia visible de fuerzas especiales y una “zona de exclusión operacional” de facto en un radio de 150 km desde Victoria.
• • También busca optimizar económica y operacionalmente, eliminando el 90% de los costos de traslado y rotación de personal y reduciendo el gasto operacional total en un 45%, para liberar recursos para modernización tecnológica y entrenamiento especializado.
• • Se propone una glosa presupuestaria especial en el Congreso para “Operaciones Especiales La Araucanía”, que permita la transferencia de partidas, la creación de un ítem específico y la adquisición directa de equipamiento militar sin licitación pública.
• • También se contempla la adquisición de 150 hectáreas en los alrededores de Victoria para fines militares, incluso mediante expropiación.
• • Propone la aplicación de la Ley Antiterrorista “de forma pragmática y automática ante un acto o intento terrorista, sin excusas ideológicas, utilizando técnicas especiales de investigación”.
• • Contempla el arrendamiento de Unidades Penitenciarias Flotantes (Barcos Cárceles) para reos de alta peligrosidad, especialmente terroristas y del crimen organizado, ubicados a 80 millas de tierra firme.
• • Propone modificar el artículo 13 de la Ley Indígena N° 19.253, para permitir que las comunidades y personas indígenas puedan arrendar sus tierras y celebrar contratos con terceros –incluyendo empresas y entes públicos–, con el fin de ampliar sus oportunidades socioeconómicas. La medida busca superar las actuales restricciones de arriendo solo entre indígenas y la exigencia de unanimidad en decisiones colectivas, tomando como base el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que sugiere además crear una unidad de acompañamiento jurídico gratuito para estos contratos.

Jeannette Jara

• • El programa no hace referencia explícita al Estado de Excepción, la consulta indígena, el pueblo mapuche ni a la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
• • No utiliza los términos “terrorismo” o “violencia rural”. Sin embargo, señala que “la intervención articulada de seguridad, dialogo político e inversión social son caminos efectivos para disminuir la violencia. Por ello, en zonas de conflicto fortaleceremos las capacidades instaladas de las policías tanto en tecnología como en inteligencia, sumando un nuevo refuerzo a la persecución penal que lidera el Ministerio Público, con esto podremos seguir asegurando la tranquilidad de las y los habitantes de toda zona del país”.
• • No aparecen propuestas específicas sobre tierras indígenas, suelos o propiedad territorial indígena. El documento no aborda la restitución de tierras ni modificaciones legales relacionadas con la Ley Indígena.

Harold Mayne-Nicholls

• • El programa aboga por el apoyo de personal militar en tareas de seguridad en la Región de La Araucanía y zonas fronterizas del norte, donde operan bandas de crimen organizado, narcoterrorismo o tráfico de migrantes, “hasta que la situación se normalice”. Esto “iría acompañado de diálogo con las comunidades y un plan de desarrollo local”.
• • Dice que estudiará a fondo el documento “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía”, con el fin de implementar las diversas opciones allí propuestas. Además, se sumará el programa “Iluminar La Araucanía”, que busca dotar de luz pública a sus caminos interiores y de señal de Internet a cada rincón de su territorio.
• • El programa se refiere a los pueblos indígenas como “Primeras Naciones”, buscando actualizar este concepto a la realidad internacional de países exitosos en esta materia, como Nueva Zelanda, Australia y Canadá.
• • Se compromete a impulsar la salud intercultural y las prácticas de bienestar, reconociendo el valor de la diversidad cultural de estas primeras naciones.
• • La propuesta programática afirma alimentarse de la “sabiduría ancestral de los pueblos originarios de América Latina” y de la “cosmovisión indígena del equilibrio con los otros y con la tierra”.

Eduardo Artés

• • El programa se suma al “llamado por la libertad de los presos políticos mapuche” y reivindica “las legítimas demandas territoriales históricas de su pueblo”.
• • Propone un “particular resguardo” para las propiedades comunitarias de los pueblos originarios y la ampliación de estas.
• • Contempla la participación organizada, directa y soberana de los pueblos originarios en la elaboración de planes que integrarán el sistema de planificación nacional. Estos planes abarcarán el desarrollo económico, el control directo de las empresas ubicadas en sus territorios, el desarrollo agrícola, de infraestructura, de suministro de agua potable y de energía, de reforestación, de restauración de los ecosistemas, de escolarización de acuerdo con la propia cultura y de todas las demás cuestiones relevantes para sus intereses.
• • Se llevará adelante un “nuevo ordenamiento administrativo del país que sustituya el sistema de regionalización impuesto por la dictadura militar”. Este nuevo sistema “respetará la continuidad y la unidad territorial de los pueblos originarios”.
• • Aspira a un nuevo Estado Plurinacional de Chile, “donde coexistan un Estado y un territorio habitados por varias naciones soberanas, reconociendo a los pueblos originarios de Chile y su derecho a usufructo de los suelos de su territorio ancestral según su propia forma de vida”.
• • Propone el retiro urgente de todas las fuerzas militares, paramilitares y policiales del territorio mapuche.

Por: Andrés Cárdenas Guzmán

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La Comisión de Paz y Entendimiento y las y los que apoyaron esta frágil propuesta, incluidas ONG y sectores de la academia, ahora han guardado silencio y las más extremas marionetas políticas, aún le buscan dar legitimidad al proceso

El Gobierno creyó que con la “consulta indígena” generaría un camino de paz, entendimiento y cierre final de los reclamos del pueblo mapuche por la restitución de sus territorios ancestrales. Pero en la práctica activó una bomba atómica que no sabe desarmar. Lo que se presentó como un mecanismo de participación, terminó siendo un garrafal error no forzado: comunidades que rechazan el proceso, técnicos y funcionarios del gobierno y políticos, «tirándose la pelota», y una institucionalidad atrapada en su propio zapato chino. Hoy, La Moneda enfrenta la paradoja de insistir en un diálogo en el que ya nadie cree, y cada intento de corregirlo parece solo prolongar seguir dándose vueltas en un molesto circo.
Desde la creación de la Comisión de Paz y Entendimiento, surgida de acuerdos entre el gobierno, la clase política y el gran latifundio forestal y agroindustrial, en la práctica, los pueblos originarios han sido espectadores de un proceso definido desde arriba.
La Comisión de Paz y Entendimiento y las y los que apoyaron esta frágil propuesta, incluidas ONG y sectores de la academia, ahora han guardado silencio y las más extremas marionetas políticas, aún le buscan dar legitimidad al proceso. Pero en vez de construir confianza, han generado rechazo y movimiento de la diversidad de organizaciones mapuche. Y Cada declaración del gobierno o de candidatos a parlamentarios y parlamentarias suena más a excusa y una voltereta más en el circo electoral.
Frente a esto, las comunidades han tenido claridad, sensatez y posiciones directas: no hay consulta posible si no hay voluntad política real para devolver tierras y reforzar los derechos colectivos amparados en el derecho ancestral e internacional.

Gobierno y políticos dan un espectáculo circular
A fines de agosto, cuando desde Santiago hasta Aysén las comunidades han rechazado este proceso de consulta, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos Muñoz, aún no se cansa de repetir que “la consulta es uno de los múltiples pasos más que se han venido dando durante estos cuatro años» del gobierno de Gabriel Boric. Señala además que recién se está en la “fase de planificación”, que es lo mismo que decir que están en nada, que han retrocedido o que buscan desesperadamente una forma elegante para desmantelar la bomba que comenzaron a armar con la Comisión de Paz y Entendimiento.
Ramos Muñoz, que fue secretario ejecutivo de esta Comisión Presidencial y encargado nacional del Plan Buen Vivir, dijo a CNN este martes (26.08.2025) que “todavía no se discuten los temas de fondo, se están poniendo de acuerdo con las comunidades en cómo nos organizamos para dialogar”.
Las palabras del Subsecretario suenan políticamente correctas, pero revelan desorden, información poco creíble y esfuerzos para explicar lo inexplicable: una escandalosa consulta que solo es apoyada por funcionarios ligados al gobierno y parlamentarios afines a los intereses de los partidos, especialmente de la moribunda Democracia Cristiana y el entusiasta y escalador Frente Amplio.
La sensatez de las comunidades ha primado y ha generado un rechazo masivo y diverso a los intentos del gobierno de Boric por terminar de una vez por todas con los reclamos del Pueblo Mapuche por recuperar sus territorios.
Las comunidades, además de rechazar esta peculiar forma de consulta, han activado sus redes y sus organizaciones ancestrales, para también discutir y avanzar hacia la autodeterminación y fortalecer lo poco que las leyes chilenas establecen en materia de protección de derechos colectivos, como son artículos claves de la Ley Indígena (N° 19.253) y la bombardeada Ley Lafkenche (N°20.249).
En este contexto final el gobierno, a través de Ramos Muñoz, apela de forma salamera a la «vocación históricamente política” del pueblo Mapuche con el objetivo de mantener la consulta y que se mantenga un impositivo diálogo. Pero ya nadie cree, en esta otra propuesta irresponsable de los gobiernos de turno.
El Subsecretario, además agrega que hay “flexibilidad para mejorar”. Pero ¿Qué podrá mejorar el gobierno cuando organizaciones históricas mapuche, estudiantes, comunidades urbanas y rurales ya han señalado su rechazo a esta peculiar consulta? ¿Qué se puede mejorar cuando estamos en tiempos electorales en que llueven las promesas a cambio de votos? ¿Qué se puede mejorar cuando le quedan pocos meses a este gobierno para que termine su mandato?

No es solo el gobierno
Pero el gobierno no está solo, ni armó la Comisión de Paz en solitario. Detrás están las mentes empresariales nacionales y multinacionales, sectores de la academia, asesores legales, ONG y funcionarios de oficinas públicas que facilitaron reuniones en los territorios, y por supuesto la clase política transversal con el exministro de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno; y el histórico senador democristiano Francisco Huenchumilla, que estuvieron liderando este culebrón político.
En resumen: cuatro años de diálogo “en construcción”, donde lo único sólido es la incapacidad de avanzar. Hoy el Gobierno carga con una bomba de tiempo que él mismo activó y lo que se ve es que está perdiendo por todas partes. Si sigue con el proceso de consulta, pierde y sus candidatos sentirán el efecto de rechazo. Si paraliza la consulta, pierde en credibilidad y expone su burdo manejo político en temas delicados e históricos.
La Comisión de Paz y Entendimiento comenzó con una base excluyente, y poco realista. Ahora no importa con cuánta técnica, eficiencia o cuidado se intente ejecutar: sigue siendo excluyente.
No existe una manera correcta de hacer lo incorrecto y la consulta indígena es un buen ejemplo: aunque el gobierno, sus políticos y funcionarios presenten metodologías, cronogramas y equipos técnicos, todo el proceso que nació cuestionado por las comunidades ahora está viciado.
Este gran error no forzado amenaza a la administración de Boric con dejarla marcada como otro gobierno chileno más que prometió diálogo, escuchar a las comunidades y generar propuestas realistas y nacidas de una participación genuina del Pueblo Mapuche, pero terminó profundizando la histórica fractura y el despojo. Esta consulta indígena, tal como está, no resuelve el conflicto, al contrario, lo amplifica.
Algunas políticas afirman que si no se avanza en este tipo de consultas, el pueblo mapuche quedará sin nada y se demorarán años en recuperar los territorios. El camino ya ha sido largo y difícil, pero la sensatez, la historia y las presentes y nuevas generaciones son las que deben decidir, y no una viciada y corrupta clase política que impone un mal menor como solución que es ni mas ni menos perpetuar el despojo y establecer un “pogrom moderno”, es decir una silenciosa y ladina forma de aniquilación física, territorial, simbólica y cultural. Tal como lo sugirió Gabriela Mistral hace ya 100 años, el silencio, la exclusión y la invisibilización pueden ser tan destructivos como la represión armada. Eso es lo que está ocurriendo con este tipo de consulta indígena y otras políticas implementadas por este y los anteriores gobiernos neoliberalistas en Chile.

Por: Patricio Igor Melillanca
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Dirigentes mapuche, a través de la prensa regional, denuncian que la consulta pretende limitar la restitución territorial y convertir la tierra en una mercancía, con predios de apenas media hectárea y compensaciones económicas mínimas, dejando fuera a futuras generaciones y desatendiendo demandas clave como la libertad de los llamados presos políticos mapuche, la desmilitarización de las zonas de conflicto y el reconocimiento del territorio ancestral.

La iniciativa, impulsada tras las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, enfrenta bloqueos de comunidades mapuche, recursos judiciales, críticas desde el propio oficialismo y un escenario electoral que tensiona todavía más la posición del Ejecutivo en el sur.

La iniciativa, impulsada tras las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, enfrenta bloqueos de comunidades mapuche, recursos judiciales, críticas desde el propio oficialismo y un escenario electoral que tensiona todavía más la posición del Ejecutivo en el sur.
La consulta indígena lanzada el 13 de agosto por el Gobierno del presidente Gabriel Boric, en el marco de las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, avanza en un campo político minado. El proceso enfrenta el rechazo de comunidades mapuche; bloqueos y manifestaciones; presión interna desde sectores del oficialismo que exigen su suspensión; cuestionamientos judiciales, y un desarrollo que ya se mezcla con la arena electoral, dejando al Ejecutivo en una posición de alta vulnerabilidad.
Se perfila como un posible nuevo revés político para la actual administración en el sur del país, frente a un conflicto histórico, tras un caótico arranque, marcado por el desastroso debut de la exministra del Interior Izkia Siches en terreno, y la continuidad de los Estados de Excepción que mantienen la llamada “macrozona sur” bajo una prolongada militarización.
Aunque las consultas no son vinculantes para implementar las propuestas de la Comisión, las críticas evidencian que la paz y el entendimiento distan de estar asegurados. En lugares como Melipeuco, Cunco, Purén y Coñaripe, así como en territorios de Los Lagos, por ejemplo, Puerto Varas, Llanquihue y Frutillar, encuentros han sido suspendidos debido a la oposición de las comunidades.
La crítica central apunta a que el proceso fue impuesto desde el Ejecutivo, sin una participación real de los pueblos originarios, lo que genera desconfianza sobre la legitimidad de sus resultados. Dirigentes mapuche, a través de la prensa regional, denuncian que la consulta pretende limitar la restitución territorial y convertir la tierra en una mercancía, con predios de apenas media hectárea y compensaciones económicas mínimas, dejando fuera a futuras generaciones y desatendiendo demandas clave como la libertad de los llamados presos políticos mapuche, la desmilitarización de las zonas de conflicto y el reconocimiento del territorio ancestral.

Presión desde el oficialismo

A la crítica de las comunidades se suman voces del propio oficialismo. La candidata a senadora por La Araucanía, Elisa Loncon, que compite como independiente en cupo del Partido Comunista, pidió suspender la consulta, señalando que no participó el pueblo mapuche en su diseño y que la metodología no refleja la realidad de las comunidades.
“El Gobierno debería considerar la opción que se está generando y detener el proceso de consulta para generar nuevos mecanismos, ya en otro proceso democrático, donde se dé este diálogo permanente entre el Estado y el pueblo mapuche”, dijo en Radio Nuevo Mundo.
En la misma línea, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, señaló que si bien reconoce el esfuerzo del Gobierno y de los comisionados, “el contenido del informe se percibe distante y genera dudas legítimas, incluidas las mías”.
Quintana, hoy candidato a diputado por La Araucanía, aseguró que la mejor opción es “suspender la aplicación de la consulta y retomar el diálogo con las autoridades ancestrales para evaluar si es posible reconducir este esfuerzo o construir una nueva agenda con los pueblos originarios”.
Otras voces recogidas por la prensa regional, como las de la consejera de la Conadi Ana Llao, así como el dirigente mapuche Alberto Curamil, respaldan la idea de suspender y replantear el proceso, calificándolo de insuficientemente participativo.
Quien también se pronunció en esta línea fue Sebastián Naveillan, líder de la Asociación de Agricultores de Malleco y único voto disidente del informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Naveillan criticó que la consulta es excluyente, al centrarse únicamente en comunidades mapuche y dejar fuera a parceleros, agricultores y familias no indígenas de los territorios. Además, advirtió que la propuesta genera “incertidumbre legal y riesgos en seguridad” y demandó un proceso más amplio que contemple a todos los habitantes de las cuatro regiones del sur afectadas.

Defensa del Gobierno

Frente a estas críticas, desde La Moneda, la ministra vocera Camila Vallejo reafirmó la continuidad del proceso y defendió la labor de la instancia que costó en casi dos años $1.558 millones. “Esta comisión tuvo meses de trabajo, con participación transversal y territorial de miles de personas, y elaboró una propuesta que, por el Convenio 169 de la OIT, debe ser sometida a consulta”, sostuvo.
Vallejo subrayó que las comunidades tienen miradas diversas, pero insistió en que la consulta y el diálogo deben seguir avanzando. “Vamos a insistir en ese proceso, porque es fundamental para el presente y futuro”, sentenció la titular de la Segegob.
Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla, excopresidente de la Comisión para la Paz y actual candidato a la reelección por La Araucanía, tomó distancia de los dichos de la profesora Loncon, su compañera en la lista senatorial de Unidad por Chile.
“Nosotros terminamos nuestra tarea como Comisión de Paz y Entendimiento y ahí llegamos. Hicimos la proposición, les corresponde al Gobierno y a las comunidades indígenas pronunciarse en la consulta”, partió señalando Huenchumilla en Radio Duna, en línea con lo expresado por el también excopresidente de la comisión, Alfredo Moreno, ante la consulta de El Mostrador.
Eso sí, Huenchumilla, quien ha recibido cuestionamientos de algunas comunidades por “politizar” el proceso en el marco de su campaña a la reelección, sostuvo que no corresponde que los parlamentarios o candidatos “pauteen” a las comunidades sobre su comportamiento frente a la consulta. Añadió que, como senador, respeta el proceso pero no se pronunciará, ya que considera que se trata de un asunto que pertenece a la sociedad civil y a su autonomía sobre estos temas.
“Las comunidades indígenas tienen la libertad para pronunciarse sobre el resultado final de la consulta bajo su responsabilidad, midiendo las consecuencias y los posibles escenarios que vengan. Entonces, no podemos tener una actitud paternalista dictándoles ciertas pautas de conducta a las comunidades respecto de este proceso”, cerró Huenchumilla.
La diputada Ericka Ñanco (FA) defendió la consulta como “una oportunidad histórica para destrabar demandas que podrían tardar 150 años en resolverse” y advirtió respecto a quienes buscan usar el proceso con fines políticos, mezclando la consulta con la campaña electoral. Subrayó que la decisión final corresponde a las comunidades dentro de su independencia y acceso a toda la información disponible.
“Quienes han estado utilizando este proceso con réditos políticos no quieren avanzar en el desarrollo de la Región de La Araucanía, es más, están poniendo trampas hacia un proceso que realmente es necesario”, señaló Ñanco, actual candidata a la reelección por el distrito 23.
“Hago un llamado al Gobierno para que puedan separar el proceso de la consulta en sí mismo con el proceso electoral que estamos llevando adelante en nuestro país, para así no entorpecer aquellas demandas necesarias y legítimas que tienen las comunidades. Serán las comunidades dentro de su independencia de poder decidir si la consulta, con toda la información que tienen a mano, es o no aprobada bajo este contexto”, concluyó.

Diputado Jouannet: el proceso debe continuar, “pero hágalo bien”

El diputado Andrés Jouannet mostró una postura crítica frente a la gestión del Gobierno, aunque reconoció haber apoyado políticamente el proceso y, por lo tanto, no está de acuerdo con Loncon. El presidente de Amarillos y candidato a la reelección por el distrito 23 señaló que el proceso careció de adecuada socialización con las comunidades mapuche, aunque coincidió en que la consulta debería continuar si se implementa de manera correcta.
“La Comisión para la Paz y el Entendimiento dejó un camino señalado al Gobierno. Sin embargo, lo están haciendo todo mal”, fustigó Jouannet, quien señaló que el proceso de consulta ha enfrentado numerosas dificultades, debido a sectores de “algunas comunidades vinculadas a la extrema izquierda”, las que –afirma– “no representan al pueblo mapuche”.
A su juicio, el pueblo mapuche en La Araucanía se ha expresado de manera clara sobre el camino que desea seguir. Por ejemplo, en el proceso constitucional del Apruebo y el Rechazo, en el que participó la actual candidata Elisa Loncon, la mayoría se inclinó por esta última opción, sostuvo.
“Permanentemente recorro La Araucanía y me reúno con comunidades mapuche, y muchas no tenían ni idea de la comisión ni de sus conclusiones; si habían escuchado algo, desconocían el contenido del informe”, comentó. Jouannet finalmente fustigó la postura de Loncon, la llamó a no “pautear” el proceso y sostuvo que, “por tanto, el proceso debe continuar, pero hágalo bien”, aunque consideró que todo el procedimiento “ha sido mal ejecutado por el Gobierno”.
Cabe mencionar que Fabián Salas, encargado nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión para la Paz, señaló en una reciente entrevista que “la naturaleza que tiene esta consulta, como con todas las recomendaciones, es que trascienden las fronteras de este Gobierno”. En diálogo con El Libero, dijo que “si eso implica que la consulta indígena debe extenderse, es parte de lo que puede suceder y efectivamente esto es una hoja de ruta”.

Judicialización y protestas

El rechazo al proceso también se ha traducido en acciones judiciales. Hasta la fecha se han presentado tres recursos de protección ante las cortes de Apelaciones de Temuco y Santiago para detener la consulta. Además, se han anunciado movilizaciones en Temuco, previstas para este jueves 28 de agosto, en rechazo al informe de la Comisión, que se percibe como un intento de despojo territorial bajo Estado de Excepción.
En Los Ríos, los encuentros de consulta fueron suspendidos, debido a un trágico accidente que involucró a una menor de 15 años y un hombre de 49 durante una ceremonia mapuche. En la Región de La Araucanía, en tanto, el delegado presidencial Eduardo Abdala descartó hasta ahora vinculación entre los ataques ocurridos y la consulta, aunque señaló que las investigaciones policiales y del Ministerio Público continúan abiertas.
La consulta indígena se encuentra así en una encrucijada política, social y electoral. Por un lado, la oposición dentro del oficialismo y las comunidades presionan por suspender o replantear el proceso; por otro, el Gobierno insiste en continuar, defendiendo la consulta como mecanismo legal y democrático. Paralelamente, el proceso se mezcla con intereses electorales, lo que ha ampliado la disputa a legisladores, candidatos y actores de la sociedad civil, evidenciando la complejidad de avanzar en soluciones territoriales en el sur del país.
Por: Andrés Cárdenas Guzmán
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