Los conflictos que experimentan los pueblos indígenas difieren de las tendencias de otros conflictos. La promoción y respeto de los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en tiempos de conflicto y postconflicto son indispensables para construir la paz, la reconciliación y la reconstrucción de la armonía en las sociedades postconflicto. La militarización, la supresión de las garantías constitucionales, los derechos territoriales y los derechos colectivos que se han impuesto en el territorio mapuche determinan la necesidad de identificar estrategias para asegurar la paz.
By Centro Ñuke Mapu Dirigentes mapuche, a través de la prensa regional, denuncian que la consulta pretende limitar la restitución territorial y convertir la tierra en una mercancía, con predios de apenas media hectárea y compensaciones económicas mínimas, dejando fuera a futuras generaciones y desatendiendo demandas clave como la libertad de los llamados presos políticos mapuche, la desmilitarización de las zonas de conflicto y el reconocimiento del territorio ancestral.
La iniciativa, impulsada tras las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, enfrenta bloqueos de comunidades mapuche, recursos judiciales, críticas desde el propio oficialismo y un escenario electoral que tensiona todavía más la posición del Ejecutivo en el sur.
La iniciativa, impulsada tras las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, enfrenta bloqueos de comunidades mapuche, recursos judiciales, críticas desde el propio oficialismo y un escenario electoral que tensiona todavía más la posición del Ejecutivo en el sur.
La consulta indígena lanzada el 13 de agosto por el Gobierno del presidente Gabriel Boric, en el marco de las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, avanza en un campo político minado. El proceso enfrenta el rechazo de comunidades mapuche; bloqueos y manifestaciones; presión interna desde sectores del oficialismo que exigen su suspensión; cuestionamientos judiciales, y un desarrollo que ya se mezcla con la arena electoral, dejando al Ejecutivo en una posición de alta vulnerabilidad.
Se perfila como un posible nuevo revés político para la actual administración en el sur del país, frente a un conflicto histórico, tras un caótico arranque, marcado por el desastroso debut de la exministra del Interior Izkia Siches en terreno, y la continuidad de los Estados de Excepción que mantienen la llamada “macrozona sur” bajo una prolongada militarización.
Aunque las consultas no son vinculantes para implementar las propuestas de la Comisión, las críticas evidencian que la paz y el entendimiento distan de estar asegurados. En lugares como Melipeuco, Cunco, Purén y Coñaripe, así como en territorios de Los Lagos, por ejemplo, Puerto Varas, Llanquihue y Frutillar, encuentros han sido suspendidos debido a la oposición de las comunidades.
La crítica central apunta a que el proceso fue impuesto desde el Ejecutivo, sin una participación real de los pueblos originarios, lo que genera desconfianza sobre la legitimidad de sus resultados. Dirigentes mapuche, a través de la prensa regional, denuncian que la consulta pretende limitar la restitución territorial y convertir la tierra en una mercancía, con predios de apenas media hectárea y compensaciones económicas mínimas, dejando fuera a futuras generaciones y desatendiendo demandas clave como la libertad de los llamados presos políticos mapuche, la desmilitarización de las zonas de conflicto y el reconocimiento del territorio ancestral.
Presión desde el oficialismo
A la crítica de las comunidades se suman voces del propio oficialismo. La candidata a senadora por La Araucanía, Elisa Loncon, que compite como independiente en cupo del Partido Comunista, pidió suspender la consulta, señalando que no participó el pueblo mapuche en su diseño y que la metodología no refleja la realidad de las comunidades.
“El Gobierno debería considerar la opción que se está generando y detener el proceso de consulta para generar nuevos mecanismos, ya en otro proceso democrático, donde se dé este diálogo permanente entre el Estado y el pueblo mapuche”, dijo en Radio Nuevo Mundo.
En la misma línea, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, señaló que si bien reconoce el esfuerzo del Gobierno y de los comisionados, “el contenido del informe se percibe distante y genera dudas legítimas, incluidas las mías”.
Quintana, hoy candidato a diputado por La Araucanía, aseguró que la mejor opción es “suspender la aplicación de la consulta y retomar el diálogo con las autoridades ancestrales para evaluar si es posible reconducir este esfuerzo o construir una nueva agenda con los pueblos originarios”.
Otras voces recogidas por la prensa regional, como las de la consejera de la Conadi Ana Llao, así como el dirigente mapuche Alberto Curamil, respaldan la idea de suspender y replantear el proceso, calificándolo de insuficientemente participativo.
Quien también se pronunció en esta línea fue Sebastián Naveillan, líder de la Asociación de Agricultores de Malleco y único voto disidente del informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Naveillan criticó que la consulta es excluyente, al centrarse únicamente en comunidades mapuche y dejar fuera a parceleros, agricultores y familias no indígenas de los territorios. Además, advirtió que la propuesta genera “incertidumbre legal y riesgos en seguridad” y demandó un proceso más amplio que contemple a todos los habitantes de las cuatro regiones del sur afectadas.
Defensa del Gobierno
Frente a estas críticas, desde La Moneda, la ministra vocera Camila Vallejo reafirmó la continuidad del proceso y defendió la labor de la instancia que costó en casi dos años $1.558 millones. “Esta comisión tuvo meses de trabajo, con participación transversal y territorial de miles de personas, y elaboró una propuesta que, por el Convenio 169 de la OIT, debe ser sometida a consulta”, sostuvo.
Vallejo subrayó que las comunidades tienen miradas diversas, pero insistió en que la consulta y el diálogo deben seguir avanzando. “Vamos a insistir en ese proceso, porque es fundamental para el presente y futuro”, sentenció la titular de la Segegob.
Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla, excopresidente de la Comisión para la Paz y actual candidato a la reelección por La Araucanía, tomó distancia de los dichos de la profesora Loncon, su compañera en la lista senatorial de Unidad por Chile.
“Nosotros terminamos nuestra tarea como Comisión de Paz y Entendimiento y ahí llegamos. Hicimos la proposición, les corresponde al Gobierno y a las comunidades indígenas pronunciarse en la consulta”, partió señalando Huenchumilla en Radio Duna, en línea con lo expresado por el también excopresidente de la comisión, Alfredo Moreno, ante la consulta de El Mostrador.
Eso sí, Huenchumilla, quien ha recibido cuestionamientos de algunas comunidades por “politizar” el proceso en el marco de su campaña a la reelección, sostuvo que no corresponde que los parlamentarios o candidatos “pauteen” a las comunidades sobre su comportamiento frente a la consulta. Añadió que, como senador, respeta el proceso pero no se pronunciará, ya que considera que se trata de un asunto que pertenece a la sociedad civil y a su autonomía sobre estos temas.
“Las comunidades indígenas tienen la libertad para pronunciarse sobre el resultado final de la consulta bajo su responsabilidad, midiendo las consecuencias y los posibles escenarios que vengan. Entonces, no podemos tener una actitud paternalista dictándoles ciertas pautas de conducta a las comunidades respecto de este proceso”, cerró Huenchumilla.
La diputada Ericka Ñanco (FA) defendió la consulta como “una oportunidad histórica para destrabar demandas que podrían tardar 150 años en resolverse” y advirtió respecto a quienes buscan usar el proceso con fines políticos, mezclando la consulta con la campaña electoral. Subrayó que la decisión final corresponde a las comunidades dentro de su independencia y acceso a toda la información disponible.
“Quienes han estado utilizando este proceso con réditos políticos no quieren avanzar en el desarrollo de la Región de La Araucanía, es más, están poniendo trampas hacia un proceso que realmente es necesario”, señaló Ñanco, actual candidata a la reelección por el distrito 23.
“Hago un llamado al Gobierno para que puedan separar el proceso de la consulta en sí mismo con el proceso electoral que estamos llevando adelante en nuestro país, para así no entorpecer aquellas demandas necesarias y legítimas que tienen las comunidades. Serán las comunidades dentro de su independencia de poder decidir si la consulta, con toda la información que tienen a mano, es o no aprobada bajo este contexto”, concluyó.
Diputado Jouannet: el proceso debe continuar, “pero hágalo bien”
El diputado Andrés Jouannet mostró una postura crítica frente a la gestión del Gobierno, aunque reconoció haber apoyado políticamente el proceso y, por lo tanto, no está de acuerdo con Loncon. El presidente de Amarillos y candidato a la reelección por el distrito 23 señaló que el proceso careció de adecuada socialización con las comunidades mapuche, aunque coincidió en que la consulta debería continuar si se implementa de manera correcta.
“La Comisión para la Paz y el Entendimiento dejó un camino señalado al Gobierno. Sin embargo, lo están haciendo todo mal”, fustigó Jouannet, quien señaló que el proceso de consulta ha enfrentado numerosas dificultades, debido a sectores de “algunas comunidades vinculadas a la extrema izquierda”, las que –afirma– “no representan al pueblo mapuche”.
A su juicio, el pueblo mapuche en La Araucanía se ha expresado de manera clara sobre el camino que desea seguir. Por ejemplo, en el proceso constitucional del Apruebo y el Rechazo, en el que participó la actual candidata Elisa Loncon, la mayoría se inclinó por esta última opción, sostuvo.
“Permanentemente recorro La Araucanía y me reúno con comunidades mapuche, y muchas no tenían ni idea de la comisión ni de sus conclusiones; si habían escuchado algo, desconocían el contenido del informe”, comentó. Jouannet finalmente fustigó la postura de Loncon, la llamó a no “pautear” el proceso y sostuvo que, “por tanto, el proceso debe continuar, pero hágalo bien”, aunque consideró que todo el procedimiento “ha sido mal ejecutado por el Gobierno”.
Cabe mencionar que Fabián Salas, encargado nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión para la Paz, señaló en una reciente entrevista que “la naturaleza que tiene esta consulta, como con todas las recomendaciones, es que trascienden las fronteras de este Gobierno”. En diálogo con El Libero, dijo que “si eso implica que la consulta indígena debe extenderse, es parte de lo que puede suceder y efectivamente esto es una hoja de ruta”.
Judicialización y protestas
El rechazo al proceso también se ha traducido en acciones judiciales. Hasta la fecha se han presentado tres recursos de protección ante las cortes de Apelaciones de Temuco y Santiago para detener la consulta. Además, se han anunciado movilizaciones en Temuco, previstas para este jueves 28 de agosto, en rechazo al informe de la Comisión, que se percibe como un intento de despojo territorial bajo Estado de Excepción.
En Los Ríos, los encuentros de consulta fueron suspendidos, debido a un trágico accidente que involucró a una menor de 15 años y un hombre de 49 durante una ceremonia mapuche. En la Región de La Araucanía, en tanto, el delegado presidencial Eduardo Abdala descartó hasta ahora vinculación entre los ataques ocurridos y la consulta, aunque señaló que las investigaciones policiales y del Ministerio Público continúan abiertas.
La consulta indígena se encuentra así en una encrucijada política, social y electoral. Por un lado, la oposición dentro del oficialismo y las comunidades presionan por suspender o replantear el proceso; por otro, el Gobierno insiste en continuar, defendiendo la consulta como mecanismo legal y democrático. Paralelamente, el proceso se mezcla con intereses electorales, lo que ha ampliado la disputa a legisladores, candidatos y actores de la sociedad civil, evidenciando la complejidad de avanzar en soluciones territoriales en el sur del país.
Por: Andrés Cárdenas Guzmán
Fuente
By Centro Ñuke Mapu Las derechas se han apropiado del paradigma del ímpetu por el cambio, lo que es un resultado del conservadurismo del actual progresismo.
Las izquierdas y progresismos en gobierno no pierden elecciones por los trolls de las redes sociales. Tampoco porque las derechas son más violentas ni mucho menos porque el pueblo que fue beneficiado por políticas sociales es ingrato.
Las batallas políticas en las redes no crean de la nada ambientes político-culturales expansivos en las clases populares mayoritarias. Los radicalizan y los conducen por caminos histéricos. Pero su influencia requiere previamente la existencia social de un malestar generalizado, de una disponibilidad colectiva al desapego y rechazo a posiciones progresistas.
Igualmente, las extremas derechas, autoritarias, fascistoides y racistas, siempre han existido. Vegetan en espacios marginales de enfurecida militancia enclaustrada. Pero su prédica se expande, a raíz del deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora, de la frustración colectiva que dejan progresismos timoratos, o a la pérdida de estatus de sectores medios. Y en cuanto a los que argumentan que la derrota se debe al “desagradecimiento” de aquellos sectores anteriormente beneficiados, olvidan que los derechos sociales nunca fueron una obra de beneficencia gubernamental. Fueron conquistas sociales ganadas en las calles y el voto.
Por todo ello, sin excusa alguna, un gobierno progresista o de izquierdas pierde en las elecciones por sus errores políticos.
Y estos errores pueden ser múltiples. Pero hay una falla que unifica a los demás. El error en la gestión económica al tomar decisiones que golpean los bolsillos de la gran mayoría de sus seguidores. En Brasil, el golpe de estado parlamentario de 2016 contra Dilma Rousseff, impulsado por las fracciones más antidemocráticas del espectro brasilero, se montó sobre el malestar económico que ya se arrastraba varios años y que tuvieron en el ajuste fiscal del 2015 una nueva vuelta de turca a la contracción de los ingresos populares.
En Argentina, el peronismo perdió las elecciones del 2023 por el aumento de la inflación durante la gestión de Alberto Fernández. Si bien la tendencia inflacionaria es una constante de la economía argentina desde hace décadas, hay una frontera histórica que tras ser sobrepasada da lugar a una licuefacción de lealtades políticas populares que los lanza a aferrarse a cualquier propuesta, por muy aterradora que sea, que resuelva esta asfixiante volatilidad del dinero. La anomalía política Milei es la manera retorcida de canalizar la frustración hacia el odio y la sanción.
En Bolivia, el instrumento político de los sindicatos y organizaciones comunales campesinas (MAS) ha de perder las elecciones por la desastrosa gestión económica de Luis Arce. Con una inflación de alimentos básicos que bordea el 100%, la falta de combustible que obliga a realizar filas de días para obtenerla y un dólar real que ha duplicado su precio frente a la moneda boliviana, no es extraño que el proceso de transformación democrática más profundo del continente pierda dos tercios de su votación popular a manos de vetustos vendepatrias que ofrecen botar a patadas a los indígenas del poder, regalar empresas públicas a extranjeros y enquistar, con la biblia en la mano, a las cipayas oligarquías de la tierra en la dirección del Estado. Si a todo ello sumamos el resentimiento de clases medias tradicionales desplazadas de sus privilegios por el ascenso social y empoderamiento político de las mayorías indígenas, está clara la arenga abiertamente revanchista y racializada que envuelve los discursos de las derechas bolivianas.
En todos los casos, también hay otros componentes políticos que apuntalan estos errores centrales que conducen a la derrota. En el caso de Brasil las denuncias de corrupción, luego políticamente manipuladas. En Argentina el hartazgo con el extendido encierro ante el coronavirus que destruyó parte del tejido económico popular, etc. En Bolivia, la guerra política interna. Por un lado, un mediocre economista que está por casualidad como presidente y que creyó que podía desplazar al líder carismático indígena (Evo) proscribiéndolo electoralmente. Por otro, el líder que, en su ocaso, ya no puede ganar elecciones, pero sin cuyo apoyo tampoco se gana, vengándose, ayudando a destruir la economía sin comprender que en esta hecatombe también se está demoliendo su propia obra. El resultado final de este miserable fratricidio es la derrota temporal de un proyecto histórico y, como siempre, el sufrimiento de los humildes que nunca fueron tomados en cuenta por los dos hermanos embriagados de estrategias personales.
En suma, derrotas políticas conduce a derrotas electorales.
Ahora, la pregunta que uno se hace es, como es que gobiernos progresistas y de izquierda pudieron fallar económicamente cuando, en sus inicios, ese fue la fuerza de legitimidad que les permitió ganar una y otra vez las elecciones. En el caso de Bolivia con el 55%, 64%, 61% y 47% en primeras vueltas. Ciertamente el progresismo latinoamericano del siglo XXI emergió de un fracaso de las gestiones neoliberales imperantes desde los años 80s. La mayoría implementó políticas redistributivas de riqueza, y ampliación de derechos. Los resultados fueron inmediatos. Más de 70 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza en una década, las instituciones reservadas para rancias aristocracias se democratizaron y, en el caso de Bolivia, hubo una recomposición de las clases sociales en el Estado al convertir a los indígenas-campesinos en clases con poder estatal directo.
Ahí radicó la gran fuerza y legitimidad histórica del progresismo. Pero también el inicio de sus límites; pues completada esa obra redistributiva inicial, ella comenzó a mostrarse insuficiente a la hora de garantizar la continuidad en el tiempo de los derechos alcanzados. Se trata de un límite por cumplimiento de metas que obligaba a comprender que los países habían cambiado precisamente por obra del progresismo y que, por tanto, había que proponer a esta nueva sociedad en frente, unas reformas económicas de segunda generación capaces de consolidar lo logrado y de dar nuevos saltos de igualdad. Y es que el progresismo y las izquierdas están condenadas a avanzar si quieren permanecer. Quedarse quietos es perder. La nueva generación de reformas pasa necesariamente por construir una base productiva expansiva, de pequeña, mediana y gran escala, tanto en la industria como en la agricultura y los servicios; del sector privado, campesino, popular como estatal; para el mercado interno como para la exportación, que garantice un amplio soporte industrioso y duradero a la redistribución de la riqueza.
Pero, hasta hoy, los progresismos en los gobiernos, especialmente los que ya están en segunda o tercera gestión, o los que quieren volver a gobernar, están anclados en los logros pasados, en su defensa melancólica y, a diferencia de cuando comenzaron con su primera gestión, por ahora carecen de una nueva propuesta de transformación capaz de volver a levantar las esperanzas colectivas en torno a un mundo que conquistar. Que las derechas se hayan apropiado del paradigma del ímpetu por el cambio, no es una casualidad. Es un resultado del conservadurismo del actual progresismo. Y de sus derrotas electorales también.
Sin embargo, el espíritu del tiempo histórico aún no se ha decantado. Ni el continente ni el mundo que andan de tumbo en tumbo entre neoliberalismos recargados, proteccionismos soberanistas o capitalismos de Estado productivistas ha definido aún la nueva fase larga de acumulación económica y legitimación política. Por un tiempo más, seguimos en el portal liminal en el que las derrotas y las victorias son cortas. Pero ello no durará para siempre. Si el progresismo quiere seguir siendo protagonista de esta disputa del destino, está obligado a abalanzarse sobre un porvenir reinventado audazmente con más igualdad y democracia económica.
Por Álvaro García Linera /17 de agosto de 2025
Fuente: Resumen Latinoamericano
By Centro Ñuke Mapu Reclaman ante la ONU por Consulta Indígena del gobierno de Gabriel Boric: La califican de "despojo encubierto, perverso y de mala fe"
En un hecho de profunda preocupación, la ONG Images for Inclusion ha enviado una apelación formal al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Desde Nueva York. Esta organización ha calificado el actual proceso de «Consulta Previa sobre un Nuevo Sistema de Tierras Mapuche» en Chile como un acto de «despojo encubierto, perverso y de mala fe». Esta apelación no solo busca la intervención de la ONU, sino que también tiene como objetivo concientizar a la opinión pública y, en especial, al propio Pueblo Mapuche sobre la gravedad de un proceso que consideramos ilegítimo y profundamente perjudicial.
La denuncia se basa en una serie de argumentos jurídicos detallados que se han expuesto en una carta abierta a las máximas autoridades de Chile. En ella, se sostiene que este proceso de consulta, lejos de buscar la restitución de tierras, tiene como fin último modificar la legislación para eludir esta obligación histórica.
Vulneración de la buena fe y el consentimiento
La consulta se instruye bajo la Resolución Exenta N° 244, que se basa en el Decreto N° 66. Este decreto permite que el proceso se considere «cumplido» incluso si no se logra un acuerdo o consentimiento. Esta disposición, a juicio de Images for Inclusion, distorsiona el espíritu del Convenio 169 de la OIT y vulnera el principio fundamental del Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC).
Discriminación
El proceso es «discriminatorio» al excluir alrededor del 50% del Pueblo Mapuche, lo que según el Censo 2024, se traduce en 804,453 personas que residen fuera de las 4 regiones a consultar. “Incluso la Ley N° 19.253, en su artículo 1°, reconoce que para los indígenas ‘la tierra es el fundamento principal de su existencia y cultura’”. El Convenio 169 de la OIT no avala una consulta parcial, ya que se refiere a los «pueblos interesados» como una totalidad, no a una porción de ellos.
Omisión de la UNDRIP
El gobierno chileno ha omitido «arbitraria e intencionalmente» la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), que Chile ha firmado. Esta declaración establece las normas mínimas para la supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas , y su omisión es una falta grave a los estándares internacionales.
Omisión de perspectiva de género
El proceso carece por completo de un enfoque de género, lo que contraviene la Recomendación General N° 39 del Comité CEDAW, que aborda la violencia estructural contra mujeres y niñas indígenas. El Foro Permanente de la ONU ya ha instado a Chile a aplicar esta recomendación, y su ignorancia en esta consulta es inaceptable.
Llamado a la acción
En opinión de la ONG que funciona desde Nueva York, la consulta actual no es un ejercicio de diálogo genuino, sino una imposición que solo servirá para profundizar la desconfianza y la inestabilidad social. Sostenemos que esta consulta es la manifestación de un vicio sistémico de legalidad, arbitrariedad y mala fe. Continuar con este proceso, tal como está diseñado, expone al Estado de Chile a un alto riesgo de litigios judiciales y de condena por parte de la comunidad internacional.
«Creemos firmemente que la única manera de resolver este problema es con un enfoque que mire hacia adelante, que no se centre en justificar lo que se hizo, sino en lo que debemos hacer mañana para construir una solución definitiva. Por ello, nuestra ONG ha instado a las máximas autoridades de Chile a actuar con la debida diligencia y a reconocer la ilegitimidad de esta iniciativa, dando así el primer paso hacia una verdadera solución».
Enlace a la Carta Abierta
Fuente: Presidente de la ONG Images for Inclusion: Lidia Arriagada-Garcia
Images for Inclusion
New York
12 de agosto de 2025
Fuente: mapuchediario.cl
By Centro Ñuke Mapu Los temas Centrales de la Comisión Paz y Entendimiento, es imponer una ley de Punto Final a las reclamaciones de restitución territorial mapuche. Los temas Centrales de la Comisión Paz y Entendimiento, cuyo principal objetivo en su implementación es imponer una ley de Punto Final a las legítimas reclamaciones de restitución territorial mapuche, son las siguientes:
Rechacemos esta farsa y engaño que el gobierno de Boric y la clase política chilena y operadores mapuche, junto a los grupos económicos del país, pretenden imponer al pueblo mapuche a través de la consulta Comisión para la Paz y el Entendimiento.
La tierra
¡No se arrienda, no se entrega ni se vende!
¡La tierra se recupera y defiende!
Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu.
On Line desde 1994.
