Los conflictos que experimentan los pueblos indígenas difieren de las tendencias de otros conflictos. La promoción y respeto de los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en tiempos de conflicto y postconflicto son indispensables para construir la paz, la reconciliación y la reconstrucción de la armonía en las sociedades postconflicto. La militarización, la supresión de las garantías constitucionales, los derechos territoriales y los derechos colectivos que se han impuesto en el territorio mapuche determinan la necesidad de identificar estrategias para asegurar la paz.
By Centro Ñuke Mapu Informe que conjuga un arco de experiencias nacionales e internacionales de las políticas públicas indígenas, ideológicas, técnicas, académicas, gremiales, dirigenciales, territoriales y sociales.
Bajar el Informe de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento
By Centro Ñuke Mapu En términos concretos, más allá de lo dicho por la comisión, no existe alguna certeza actualmente de cuánto están dispuestas las grandes empresas forestales a vender, pero sí llama la atención el que lo hayan anunciado en el informe y que al mismo tiempo las compañías no hayan puesto el grito en el cielo por lo señalado.
“Hoy día puntualmente -hay que ser claro- estamos poniendo todas las balas en Brasil”, fueron las palabras del gerente general de la forestal Arauco, Cristián Infante, el pasado 13 de abril en entrevista con La Tercera, mientras hablaba de las inversiones de la empresa.
Sus dichos no son una sorpresa si se considera que desde hace tiempo que Arauco, junto con su competidora, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), vienen anunciando a través de los medios el cómo se van potenciando fuertemente en el extranjero, principalmente en dicho país sudamericano.
Pero estos mensajes sí cobraron otro sentido después de que el pasado martes 6 de mayo la Comisión para la Paz y el Entendimiento, convocada en 2023 por el presidente Gabriel Boric, entregara su informe final con propuestas para solucionar el conflicto entre el Estado, las empresas y el Pueblo Mapuche.
El documento de 115 páginas propone la inversión de US$4 mil millones de parte del Estado para la compra de tierras. Asimismo, señala textualmente la disposición de las empresas forestales para ayudar en la tarea:
“La industria forestal manifestó su disposición para ser parte de la solución que propone esta Comisión. En concreto, señala su voluntad de otorgar una respuesta a las demandas que estén asociadas a predios de su propiedad”, indica el texto.
“La industria forestal manifestó su disposición para ser parte de la solución que propone esta Comisión. En concreto, señala su voluntad de otorgar una respuesta a las demandas que estén asociadas a predios de su propiedad”, indica el texto.
En términos concretos, más allá de lo dicho por la comisión, no existe alguna certeza actualmente de cuánto están dispuestas las grandes empresas forestales a vender, pero sí llama la atención el que lo hayan anunciado en el informe y que al mismo tiempo las compañías no hayan puesto el grito en el cielo por lo señalado.
¿Cuál es el presente de las grandes forestales?
Arauco y CMPC, por distintos factores, actualmente están enfocando sus inversiones con fuerza en Brasil.
En el caso de Arauco, perteneciente a la familia Angelini, en abril pasado puso la primera piedra de la planta de celulosa Sucuriú, inversión de US$4.600 millones a desarrollarse en el estado de Mato Grosso do Sul.
Para tener una referencia, la inversión más grande que la empresa ha realizado en Chile en su historia es el Proyecto MAPA, la cual consta de US$2.850 millones de dólares.
En tanto, CMPC de la familia Matte, desde el año pasado viene tramitando la instalación de una planta de celulosa en el estado de Río Grande do Sul, cuya inversión asciende a US$4.570 millones, lo cual en 2024 fue consignado por distintos medios como “la mayor inversión chilena en el exterior”. (https://www.df.cl/empresas/industria/cmpc-iniciara-estudios-para-construir-nueva-planta-de-celulosa-en-brasil)
También como referencia, en 2024 CMPC anunció que para dicho año invertirían US$850 millones, pero que de estos un 40% correspondía a sus negocios en Chile, según constató La Tercera.
Tanto los altos cargos de Arauco y CMPC han descartado públicamente que estas inversiones signifiquen que se estén retirando de Chile. Asimismo, fuentes que conocen la interna del negocio forestal señalaron a Interferencia que es ilógico que se abandonen plantas que están funcionando y en las cuales se ha invertido históricamente.
Pero en el proceso de la Comisión por la Paz hubo conversaciones que dan para pensar en la disposición real de las grandes forestales por vender.
Pero en el proceso de la Comisión por la Paz hubo conversaciones que dan para pensar en la disposición real de las grandes forestales por vender.
El 14 de diciembre de 2023, a la sesión número 17 de la comisión, asistieron por primera vez las empresas mencionadas en este artículo como también la Corporación Chilena de la Madera (Corma), gremio que agrupa a dichas compañías.
En la cita, según consta en el acta de la misma, se expresó la postura de CMPC:
“Lo que les importa es la fibra del árbol. Manifiestan que, si bien el problema no es exclusivamente de tierras, entienden que es un componente fundamental para la solución del conflicto. Sostienen que se debe encontrar el mecanismo para saldar la deuda pendiente con el pueblo mapuche y están dispuestos a involucrarse en dicha solución. Ejemplifican con países como Finlandia, en el que los bosques no les pertenecen a las compañías forestales, sino a las comunidades, cooperativas y privados, a quienes contratan las forestales para que les entreguen el producto. Afirman que no necesitan la tierra, sino sólo los árboles. Por ejemplo, en Brasil son dueños del 50% de la tierra y en Chile ya tienen convenio sobre 30.000 hectáreas con terceros, lo cual es perfectamente ampliable”, indica el texto.
Fuentes del rubro agrícola que conocen el detalle de lo trabajado por la Comisión por la Paz, conversaron fuera de micrófono con Interferencia sobre la preocupación que tienen ante la posibilidad de que se esté promocionando una solución al conflicto, pero que en realidad signifique la masiva compra de tierras a forestales que se están yendo a Brasil y que en Chile dejaran tierras que eventualmente no puedan ser productivas agrícolamente.
Pero de momento, más allá de las ceremonias y el informe, no existe nada concreto ni detallado respecto de la compraventa de tierras, al menos públicamente.
El hecho no especulativo más significativo en medio de todo esto, fue que dos semanas antes de la entrega del informe, uno de los presidentes de la comisión, Alfredo Moreno, tuvo noticias muy importantes.
El hecho no especulativo más significativo en medio de todo esto, fue que dos semanas antes de la entrega del informe, uno de los presidentes de la comisión, Alfredo Moreno, tuvo noticias muy importantes.
El ex ministro de Desarrollo Social de Sebastián Piñera fue nombrado el 23 de abril por el presidente Boric como parte del directorio de Codelco. Al día siguiente, fue designado como presidente de Red Megacentro, empresa cuyos accionistas mayoritarios son la familia Angelini, los mismos dueños de la forestal Arauco.
Por Maximiliano Alarcón G.
By Centro Ñuke Mapu Desde el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas hasta la creación de múltiples organismos nuevos, el borrador incluye promesas difíciles de financiar y expectativas que –de no cumplirse– podrían profundizar el conflicto en vez de resolverlo
El hermetismo con que ha trabajado la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento ha generado inquietud en distintos sectores políticos y también en el mundo indígena. A seis días para que se cumpla el plazo aún no hay noticias de que exista un texto consensuado para entregar al presidente Gabriel Boric. Sin embargo, El Líbero tuvo acceso a un borrador del 8 de abril con las propuestas que estarían sobre la mesa y que aún deben votarse para dar el salto del proyecto al informe definitivo. Desde el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas hasta la creación de múltiples organismos nuevos, el borrador incluye promesas difíciles de financiar y expectativas que –de no cumplirse– podrían profundizar el conflicto en vez de resolverlo.
El documento menciona el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, su autogobernanza, creación de al menos nueve nuevas instituciones y un fondo de tierras de 4.000 millones de dólares.
La Comisión para la Paz se creó en junio de 2023 para «construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos» y contó con el respaldo de los 19 partidos con representación parlamentaria. La integran ocho comisionados, encabezados por el senador DC Francisco Huenchumilla y el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. De sus acuerdos, que deben ser tomados por unanimidad, se sabe poco o nada; ya que sus integrantes han insistido fuera de micrófono en que su documento final será público cuando exista un texto definitivo que sea entregado al presidente y a los partidos políticos. Insisten en que esos acuerdos aún se están cerrando y que para la entrega tienen hasta el 30 de abril.
Extraoficialmente El Líbero conoció que una propuesta final podría votarse entre el viernes 25 y el lunes 28 de abril.
Y si bien no hay información oficial sobre los aspectos que en definitiva llegarán al texto que se entregará a Boric, lo que ha trascendido mantiene en alerta, por ejemplo, a representantes del Partido Republicano, quienes ven en ese borrador el resurgimiento de distintos aspectos que se rechazaron en 2022 en la propuesta constitucional de la Convención.
Reconocimiento constitucional y nueva institucionalidad
El borrador del 8 de abril propone establecer constitucionalmente la existencia de pueblos indígenas “precolombinos” o “preexistentes” al Estado. Pasando de 10 a 11 pueblos: mapuche, aymara, atacameño, quechua, rapa nui, colla, diaguita, chango, kawésqar, yagán y selknam.
Álvaro García Linera, y la plurinacionalidad: “La tesis de que aquí los pueblos estaban antes que las naciones republicanas, por lo tanto, no había esta división geográfica existente hoy día, sino que los pueblos eran trans-país”.
El documento que ha trascendido se centra en el pueblo mapuche y en las cuatro regiones de la Macrozona Sur que están en conflicto (Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos).
Sobre los mapuche señalan que “se propone que haya concordancia en el principio de autogobernanza en sus asuntos internos” y además pueden adoptar su forma de organización interna.
Asimismo, se reconoce el Convenio 169 de la OIT con rango constitucional, y se plantea el principio de interculturalidad como eje de la diversidad cultural del país.
En el borrador se recomienda la representación del pueblo mapuche ante el Estado facilitando su diálogo y relacionamiento. La ley determinará la forma de participación de los pueblos indígenas en los órganos políticos del Estado que toman decisiones obligatorias.
Además, a lo largo del borrador se propone la creación de múltiples instituciones, entre ellas:
¿Y la tierra?
Originalmente, la Comisión iba a entregar su borrador en noviembre de 2024. Luego se fijó el 31 de enero como el plazo para que la instancia cumpliera con su mandato. Y, por último, el plazo se extendió hasta el 30 de abril. El principal asunto que los mantiene entrampados siempre ha sido el mismo: qué hacer con la política de restitución de tierras.
El documento menciona el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, su autogobernanza, creación de al menos nueve nuevas instituciones y un fondo de tierras de 4.000 millones de dólares.
La Comisión para la Paz se creó en junio de 2023 para «construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos» y contó con el respaldo de los 19 partidos con representación parlamentaria. La integran ocho comisionados, encabezados por el senador DC Francisco Huenchumilla y el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. De sus acuerdos, que deben ser tomados por unanimidad, se sabe poco o nada; ya que sus integrantes han insistido fuera de micrófono en que su documento final será público cuando exista un texto definitivo que sea entregado al presidente y a los partidos políticos. Insisten en que esos acuerdos aún se están cerrando y que para la entrega tienen hasta el 30 de abril.
Y si bien no hay información oficial sobre los aspectos que en definitiva llegarán al texto que se entregará a Boric, lo que ha trascendido mantiene en alerta, por ejemplo, a representantes del Partido Republicano, quienes ven en ese borrador el resurgimiento de distintos aspectos que se rechazaron en 2022 en la propuesta constitucional de la Convención.
El borrador de la Comisión lo que dice sobre este punto es que se creará un fondo de tierra con 4.000 millones de dólares, para cumplir con 51.899 familias que hoy día están en espera.
Se consideran cuatro estatus de comunidades:
En los dos primeros casos esas comunidades que cuentan con títulos de merced pueden solicitar hasta tres restituciones.
También se fija un nuevo estatuto de protección de la tierra indígena. Actualmente, cuando Conadi le compra un campo a una comunidad esta tierra no puede ser enajenada, embargada, gravada, ni adquirida por prescripción. Además, al tratarse de una propiedad colectiva, cualquier decisión debe contar con la aprobación de 100% de los socios de la comunidad. Tampoco tienen acceso a la banca, ni se pueden asociar con empresarios, otras comunidades o entes públicos.
LAS PROPUESTAS
El borrador de la Comisión lo que dice sobre este punto es que se creará un fondo de tierra con 4.000 millones de dólares, para cumplir con 51.899 familias que hoy día están en espera.
Se consideran cuatro estatus de comunidades: 1.- las que hoy día ya tienen aplicabilidad y que están en la lista de espera por una compra de tierras; 2.- incluyen de manera automática a quienes están en proceso de obtener una aplicabilidad, pero aún no se les ha otorgado; 3.- incluyen a comunidades que están en zonas donde no hay título de merced; y 4.- también incluyen a comunidades que hoy día no están oficializadas, que no tienen personalidad jurídica, se abre un plazo para que puedan crear una comunidad y hacer una reclamación.
En los dos primeros casos esas comunidades que cuentan con títulos de merced pueden solicitar hasta tres restituciones.
También se fija un nuevo estatuto de protección de la tierra indígena. Actualmente, cuando Conadi le compra un campo a una comunidad esta tierra no puede ser enajenada, embargada, gravada, ni adquirida por prescripción. Además, al tratarse de una propiedad colectiva, cualquier decisión debe contar con la aprobación de 100% de los socios de la comunidad. Tampoco tienen acceso a la banca, ni se pueden asociar con empresarios, otras comunidades o entes públicos.
Ahora, lo que indica el borrador es que igualmente las tierras indígenas son inalienables por causa de interés nacional, pero permitirían contratos de arriendo por hasta 25 años, para ello crean un órgano técnico y autónomo cuya función va a ser prestar la asesoría legal y económica a las comunidades para que puedan celebrar contratos ya sea de usufructo, arrendamiento o contratos de mera tenencia de las comunidades con algún otro particular.
Además, dado que la tierra es inalienable y no se puede, por ejemplo, hipotecar para conseguir un crédito; se recomienda contemplar un mecanismo especial de garantía estatal para facilitar y estudiar además la factibilidad de un organismo autónomo de financiamiento del pueblo mapuche basado en la propiedad de la tierra indígena.
Otra propuesta sería establecer un fondo multidonante en conjunto con la Multipartner Trust Fund Office, MFTP Office, de Naciones Unidas para contribuir al financiamiento de las recomendaciones contenidas en el informe.
Y también recomendarían que el Estado pida perdón a los pueblos indígenas, especialmente al pueblo mapuche, por los abusos e injusticias históricas, y esto debería materializarse en un acto público con presencia de todos los poderes del Estado y representantes de todos los actores.
Para las víctimas de la violencia rural
En el borrador que mantiene en alerta a los sectores políticos también se menciona a las víctimas de atentados. El borrador habla de una ley de reparación de víctimas, en la cual estaría contemplada la creación de una comisión para poder llegar a un catastro de víctimas. En el documento que trascendió no se establece el número de víctimas, el monto a reparar, ni cuál será el mecanismo para hacerlo.
El texto también habla de una especie de comisión o de banco de tierra, donde quienes quieran vender sus tierras al Estado podrán inscribirse para hacerlo. Se trata de una instancia que estará adscrita al órgano de alto nivel jerárquico (ministerio o subsecretaría), y que va a trabajar de la mano con la agencia de reparación.
Por Emily Avendaño
By Centro Ñuke Mapu El Partido Republicano cataloga borrador del informe de “octubrista” y lo rechaza
Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu.
On Line desde 1994.
