El futuro de los pueblos indígenas depende de su inclusión en todos los procesos que afectan sus vidas. El derecho a la libre determinación afianza la creación y consolidación de autogobiernos y autonomías indígenas, así como asegura que los derechos territoriales sean respetados. El control territorial es un ejercicio de la libre determinación y participación activa del pueblo mapuche en el diálogo con autoridades nacionales y mecanismos internacionales de derechos humanos.
Solicitamos el apoyo del Instituto de Derechos Humanos de Chile, del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que tomen las medidas necesarias para detener la imposición del Estado de Excepción Constitucional en el territorio Mapuche.
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We request the support of the Institute of Human Rights in Chile, The United Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous people and the Inter-American Commission on human rights, to take effective action to stop the imposition of a constitutional state of emergency on Mapuche territory.
Las Autoridades Ancestrales (Pu Kuifi Ñizol Mapuche-Williche), dirigentes y representantes de las diversas comunidades, movimientos y organizaciones (pu lof, pu mochulla ka pu regma) representativas del pueblo nación Mapuche del ancestral Territorio Futxa Willimapu (Gran Territorio del Sur) frente a la desafortunada iniciativa e idea del proyecto de Ley impulsada y presentada por algunos parlamentarios como el Señor Ivan Morerira que tendría por objetivo reconocer un "nuevo Pueblo Originario de los Williche en la Isla de Chiloé", venimos a declarar lo que se indica:
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Desde el territorio ancestral Mapuche-Williche de Chiloé, representada por sus autoridades ancestrales lonko apu ulmen, maestra de paz, pu werken de la nación milenaria Mapuche Williche, se apoya la "lucha ancestral de la Buta Wapi Chilwe emanada en la década de 1930 donde el principal objetivo de las autoridades ancestrales fue la defensa territorial, teniendo claro lo acordado con la Corona española a través del Parlamento de las Canoas de 1793, que reconoce este territorio como propio de nuestro pueblo".