Autonomía. Control territorial

Afirman «que el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas no constituye una opinión personal» de Pakarati. Tampoco «una consigna política circunstancial, sino un derecho reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos».

La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, compartió una historia en sus redes sociales en la que escribió “Self-determination for Rapa Nui” o “autodeterminación de Rapa Nui”. En el post, publicado el pasado miércoles, se ve una imagen de un cartel que dice “Libre determinación para la nación Rapa Nui”. Esto provocó que fuera reprendida por Cancillería de Chile y que parlamentarios de diversos partidos políticos pidan su salida.
Francisco Devia, expresidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica) escribió en una columna de opinión publicada en Cooperativa que “sería impensable suponer que una representante de Chile pretenda la autodeterminación de la Isla de Pascua”.
Devia también agregó que “de ser efectiva esta información, estamos frente a un hecho de suma gravedad. Que desprestigia a la diplomacia nacional y tradicional, y que por supuesto, debería implicar la remoción inmediata de la embajadora de Chile en Nueva Zelandia”.
En el Senado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira (UDI), sostuvo que “olvida que es representante del Estado de Chile”. A través de redes sociales, afirmó que espera “una sanción ejemplar” y que la Cancillería actúe con “rigurosidad”.
Desde la Cámara de dipuatdos, la integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto (PPD), señaló que la acción resulta “totalmente inadecuada”. En esa línea, afirmó que “no corresponde que una diplomática esté realizando o compartiendo opiniones políticas tan disruptivas”.
La controversia no ha cesado, y reflotó a raíz de una entrevista que el pasado 14 de septiembre, 2025 Pakarati concedió al programa Cultura 101 de la Radio New Zelanda. Allí, manifestó una postura similar con respecto a este tema, a pesar de que se encuentra ejerciendo como embajadora de Chile.

Entrevista a embajadora Pakarati
En este marco, comenzó abordando el tratado que se firmó con Chile en 1888, señalando que “inscribieron toda la isla y la tierra bajo el nombre del Estado de Chile, y nosotros empezamos a luchar contra eso. Estamos recuperando el regreso de nuestra tierra desde 1990”.
La diplomática sostuvo que desde Chile “no tienen que compartir la tierra con nosotros, así que no nos ven como un riesgo o amenaza (…) la gente de Chile sabe quiénes somos. Nuestra isla es a veces más famosa que Chile (…) Somos muy diferentes de Chile, somos étnicamente distintos; somos polinésicos”.
Considerando lo anterior, afirmó que “ahora somos parte de Chile, de una región, y estamos trabajando en una nueva regulación o ley que nos dé otro estatus. Ahora somos reconocidos como territorio especial de Chile. Ahora tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener el autogobierno, porque en mi isla necesitamos el autogobierno”.
“Obtenemos muchas cosas desde Chile, y no creo que Chile obtenga tanto de poseernos por ahora. Si piensas en recursos, en mi isla no hay minería, no hay oro, no hay petróleo. Para Chile, (la anexión) fue más bien algo estratégico. En ese entonces, la Armada necesitaba a la isla por la proyección oceánica de Chile al Pacífico, que era enorme”, añadió.

HŌNUI, Autoridad Ancestral Autónoma conformada por representantes de sus 36 familias clanísticas, que componen el Pueblo Rapa Nui justifican la declaración sobre autodeterminación de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati
En una carta dirigida a las autoridades del Estado de Chile, los clanes apoyaron la llamada «autodeterminación». La nota emana de HŌNUI, Autoridad Ancestral Autónoma conformada por representantes de sus 36 familias clanísticas. En ella se refieren «a los hechos de público conocimiento ocurridos con ocasión de una publicación realizada en redes sociales por la Embajadora de Chile en Nueva Zelanda».
Aseguran, que el «derecho de autodeterminación interna del Pueblo Rapa Nui, que no amenaza la integridad del Estado». Aclaran que «asegura la decisión sobre asuntos propios dentro de la estructura constitucional estatal».
Por ello, precisan y dejan «constancia formal de antecedentes jurídicos, políticos e históricos que resultan fundamentales para una comprensión responsable de dicha materia».

Derecho reconocido
Afirman «que el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas no constituye una opinión personal» de Pakarati. Tampoco «una consigna política circunstancial, sino un derecho reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos». Se fundan «en la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio N.º 169 de la OIT»:
Como se sabe y reafirman, todos eso «instrumentos ratificados y vigentes en el ordenamiento jurídico chileno».
Y, en cuanto a la isla, afirman que tiene reconocimiento de manera expresa «en el artículo 126 bis de la Constitución Política de la República de Chile». Señalan que la norma «reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena y garantiza el respeto y promoción de sus derechos colectivos. Incluyendo aquellos vinculados a su identidad, cultura, territorio y formas propias de organización».

La constitución respaldaría la autodeterminación
En tales términos, concluyen, «el debate sobre autodeterminación se encuentra plenamente enmarcado dentro del orden constitucional vigente».
No solo eso, aportan antecedentes históricos y jurídicos que justificarían su postura. Se refieren al Tratado de Voluntades suscrito en 1888 entre el Estado de Chile y el rey Atamu Tekena, autoridad tradicional del Pueblo Rapa Nui.
Según explican, «Dicho tratado constituye la base del vínculo político entre Rapa Nui y el Estado de Chile. Y se caracteriza por el reconocimiento de voluntades entre dos entidades políticas diferenciadas, sin que ello implicara una renuncia expresa a la soberanía interna, a la autoridad tradicional ni a los derechos colectivos del pueblo Rapa Nui sobre su territorio», afirman.

Ley Indígena
Aseguran que existen «antecedentes institucionales y políticos concretos», que los respaldan. Entre ellos, la existencia y entrega de una carpeta de trabajo elaborada a partir de las labores y conclusiones de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA, Ley Indígena 19.253) documento que sistematiza materias pendientes y compromisos históricos del Estado con el territorio y el Pueblo Rapa Nui.
También hacen referencia a dichos del actual mandatario, Gabriel Boric y del presidente electo, José Antonio Kast. En ellos, ambos habrían respaldado esta versión del cumplimiento estricto del tratado de 1888.
Concluyen, que «Estos antecedentes —históricos, constitucionales, internacionales y políticos— demuestran que la autodeterminación del Pueblo Rapa Nui no constituye una materia impropia ni ajena a la institucionalidad del Estado, sino una cuestión pendiente que requiere coherencia, continuidad y
diálogo de buena fe».

Quién es Manahi Pakarati, la embajadora en Nueva Zelanda
Manahi Pakarati Novoa nació en 1973 en Hanga Roa, en Isla de Pascua. Es hija de padre rapanui y madre continental, oriunda de San Bernardo.
Según la biografía oficial de la Cancillería, Pakarati es la única diplomática del Servicio Exterior de Chile con ascendencia rapanui y la primera mujer en ejercer como embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Desde marzo de 2024 ocupa ese cargo y, de forma concurrente, representa al país ante Islas Cook, Niue y Fiyi.
Su formación académica incluye estudios de bibliotecología en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Posteriormente cursó periodismo en la Universidad de Chile y obtuvo un magíster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Victoria de Wellington.
Tiene cerca de 27 años de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se desempeñó como cónsul de Chile en Nueva Zelanda, diplomática multilateral en la Misión Permanente de Chile ante Naciones Unidas en Nueva York y diplomática bilateral en la Embajada de Chile en México. También ejerció funciones en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección General Consular y direcciones geográficas de Asia Pacífico, Europa y América del Norte.
Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en 2021, asumió como subdirectora de Giras Presidenciales.
En 2022, el presidente Gabriel Boric la designó directora de la Dirección General de Ceremonial y Protocolo, cargo con rango de embajadora. En ese contexto, Boric escribió: “La única diplomática rapanui en el Servicio Exterior de Chile será la nueva directora general del ceremonial y el protocolo. He decidido nombrar en este cargo a Manahi Pakarati, bibliotecaria de la UTEM y máster en RRII de la Universidad Victoria de Wellington de Nueva Zelandia”.
En entrevista con El Mostrador en 2022 Pakarati abordó su visión sobre Rapa Nui y su relación con el Estado chileno. ”Hay que empezar por decir que no somos pueblo originario de Chile, porque no estuvimos en el origen del país. Somos de la Polinesia. Nos asociamos recién en 1888. Y en el proyecto de nueva Constitución por primera vez vamos a ser reconocidos como parte de este país. Somos una nación que firmó un tratado con Chile”, señaló.
En la entrevista, también planteó cuestionamientos sobre la identidad y el reconocimiento institucional. “¿Cómo se le puede pedir a un rapanui, a un mapuche, a un aymará que se sienta chileno si no figura en su libro.

Denuncia ante el Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
En el mes de diciembre, 2025; la ONG de Derechos Humanos y Derechos Indígenas Vahine Matato'a Rapa Nui presentó una denuncia formal ante el Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el trato recibido por Manahi Pakarati, embajadora de Chile en Nueva Zelanda y diplomática de carrera de origen Rapa Nui.
La organización acusa al Estado de Chile de incurrir en discriminación racial, clasismo estructural y omisión del deber de protección estatal. Según la denuncia, Pakarati no realizó un pronunciamiento político ni institucional, sino que compartió en sus redes personales una fotografía de un cartel ubicado en un espacio público, acompañada únicamente de su traducción al inglés. Pese a ello, un colega diplomático difundió la publicación y solicitó su destitución, generando estigmatización y presión institucional, sin que el Estado activara mecanismos de resguardo o defensa.

El caso Rapa Nui y los pueblos indígenas durante el gobierno de Gabriel Boric
La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, hermana Rapa Nui, compartió una historia simple, con una frase: “libre determinación para la nación Rapa Nui”.
Desde la Cancillería vino la reprimenda. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el rechazo. Algunos parlamentarios pidieron su destitución. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, exigió “medidas drásticas” contra la embajadora.
Al inicio del gobierno de Gabriel Boric, cuando la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, habló de Wallmapu se desató una tormenta política. El gobierno retrocedió, pidió disculpas y pasó a usar el concepto de operativo militar “Macrozona Sur”. Desde ahí en adelante, no se habló de pueblos, ni de derechos. Se habló de orden, de seguridad, de persecución.
Gabriel Boric, antes de llegar a La Moneda, durante su campaña presidencial difundió un video donde hablaba de reconocer a los pueblos originarios, de respetar sus derechos, de avanzar hacia un Estado distinto. Muchos pueblos así lo creyeron.
Terminando su periodo de mandato presidencial, se le caracteriza por haber perseguido las reivindicaciones territoriales indígenas de norte a sur, y legislando por coartar, criminalizar las demandas históricas de los pueblos indígenas de Chile. Prometió diálogo y reconocimiento y paz; y al terminar su mandato deja militarización de la Macrozona Sur, represión y invisibilización de los pueblos indígenas.
La herencia de Boric es la continuidad el mismo Estado que reprime y que traiciona sus promesas cuando ya no necesita los votos indígenas.

Escuchar entrevista programa Cultura 101
Leer Carta dirigida a las autoridades del Estado de Chile de HŌNUI, Autoridad Ancestral Autónoma conformada por representantes de sus 36 familias clanísticas, que componen el Pueblo Rapa Nui

La tozudez del gobierno y el rechazo frontal de los territorios mapuche configuran un escenario de futuro incierto. Los aprendizajes del proceso han sido mínimos. Casos como el de una funcionaria de la delegación presidencial que expresó "¡indios de mierda, me tienen aburrida!"

Terminó todo este proceso que el gobierno de Gabriel Boric instauró con la firma de los comisionados y sus informantes, en el marco del "Procedimiento de Paz y Entendimiento", llevado a cabo en cuatro regiones del sur del país: Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Al parecer, este proceso fue un fracaso, debido a que las comunidades mapuche consideraron que los 21 puntos de la consulta representaban una completa enajenación y desconexión con las verdaderas demandas territoriales. Esta percepción negativa se debió principalmente al mal diseño del proceso, producto del trabajo a puertas cerradas de los comisionados —Moreno, Naveillán, Millabur, Huenchumilla, entre otros—, quienes no supieron interpretar adecuadamente el contexto ni anticipar la reacción de las comunidades.
El resultado fue un amplio rechazo por parte de las comunidades mapuche de las regiones mencionadas, quienes denunciaron que el enfoque neoliberal y colonizador del informe favorece únicamente a los grandes intereses empresariales, como las forestales, la industria de la piscicultura y las empresas transnacionales extractivistas.

Reacciones Mapuche y el Declive Político
Frente a esta situación, solo las comunidades organizadas tomaron la iniciativa de rechazar los puntos de la consulta. Figuras relevantes del mundo mapuche como Ana Llao, Aucán Huilcamán, Luis Levi y Natividad Llanquileo manifestaron su rotundo rechazo, afirmando que el contenido del informe no tenía ninguna conexión real con las demandas históricas de los territorios ancestrales.
En contraste, actores políticos mapuche que apoyaron el proceso —como Francisco Huenchumilla, Adolfo Millabur, Emilia Nuyado (comisionados de Paz y Entendimiento), Ericka Ñanco, Rosa Catrileo (exasesora de pueblos originarios en MIDESO), Francisca Huirilef (actual consejera de CONADI), Luis Penchuleo y Elisa Loncón— quedaron en una posición muy debilitada ante las bases. A pesar de sus intentos de matizar sus posturas, fueron vistos como oportunistas que “se dieron vuelta la chaqueta”.

• Huenchumilla se desentendió del proceso, alegando que no era su propuesta.
• Nuyado y Millabur guardaron silencio.
• Ñanco solicitó la paralización del proceso.
• Loncón defendió el proceso como una iniciativa "informativa", lo cual debilitó aún más su credibilidad.
• Catrileo emitió versiones contradictorias buscando firmas para su candidatura independiente.
• Penchuleo optó por el silencio.
• Huirilef apoyó abiertamente la consulta.

Este panorama generó un profundo rechazo en las comunidades, quienes vieron cómo estos personajes valoraron un proceso considerado ilegítimo, quedando mal parados ante el pueblo mapuche y el electorado en general.
El Portón Abierto para la Derecha y la Caída del Oficialismo
Todo esto abre otro frente: el oficialismo se ha debilitado seriamente, justo en un contexto electoral clave. Pese a las intenciones de implementar mecanismos de consulta indígena, el problema de fondo sigue sin resolverse. La derecha, históricamente opuesta a estas demandas, ahora se presenta como la fuerza que "advirtió" sobre estos errores, ganando terreno político.
La unificación entre la derecha conservadora y la ultraderecha les ha permitido capitalizar el descontento, presentándose como una opción fuerte, con respaldo empresarial y estratégico. Esto ha abierto las puertas a una eventual victoria electoral, marcada por mayores niveles de represión, persecución y discriminación hacia los pueblos originarios.

Lo que se Viene: Un Futuro Incierto
La tozudez del gobierno y el rechazo frontal de los territorios mapuche configuran un escenario de futuro incierto. Los aprendizajes del proceso han sido mínimos. Casos como el de una funcionaria de la delegación presidencial que expresó "¡indios de mierda, me tienen aburrida!", o el conflicto en Cholchol, donde se intentó frenar el rechazo por intereses familiares ligados al proceso de consulta, revelan una profunda falta de ética y compromiso real con las comunidades.
Aunque se convoquen reuniones para buscar alternativas, mientras no se escuche a las bases ni se construya una participación horizontal y legítima, no habrá avance real. Las decisiones siguen concentradas en grupos pequeños, mientras las voces comunitarias son marginadas o ignoradas, tratadas como si no tuvieran capacidad de opinión.

Soberanía y Futuro: ¿Una Quimera?
Mientras las comunidades no sean escuchadas y respetadas en su autonomía y derecho a decidir sobre sus territorios, la única salida seguirá siendo la lucha por la soberanía, amparados en la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT y la memoria histórica, como el Tratado de Trapihue, que pronto cumplirá 200 años. Ese tratado —aunque olvidado por el Estado— sigue siendo símbolo de los tiempos en que el pueblo mapuche pudo ejercer su libre determinación.
Quizás la unidad real llegue solo en momentos de crisis extrema. Mientras tanto, el desafío sigue siendo fortalecer las bases, construir poder desde los territorios y no ceder ante propuestas que no representan el sentir profundo de la nación mapuche.

Por: Nilsa Rain

Hacemos un llamado a la unidad y a sumar fuerzas desde el Nütram, el Kollagtun la espiritualidad, participación y protocolar desde nuestros rewe, siendo los pu lonko de todo Wallmapu quienes guíen este proceso en sus territorios.

El tratado de Tapihue es una herencia de todos los Mapuche sin excepción, y como tal todos deberían generar acciones en reclamar y dar uso de este tratado, y no solo este parlamento de Pu lonko. Invitamos a la Nación Mapuche a Manifestarse en la aplicación y cumplimiento de este tratado, que cada mapuche ponga su esfuerzo en generar acciones concretas dentro de sus capacidades, Y hacemos un llamado a la unidad y a sumar fuerzas desde el Nütram, el Kollagtun la espiritualidad, participación y protocolar desde nuestros rewe, siendo los pu lonko de todo Wallmapu quienes guíen este proceso en sus territorios.
Leer la declaración

Una Comisión que surge en medio de la militarización del Wallmapu, y que reúne posiciones y materiales de información de los territorios bajo estas circunstancias, no cumple ni los más mínimo estándares de respeto a los DDHH en materia internacional.

Mientras exista militarización y presos políticos mapuche no es posible siquiera iniciar diálogos que conduzcan a acuerdos.
Seamos claros, esta Comisión no representa los objetivos políticos de nuestra organización y del movimiento mapuche autonomista que está activo en los procesos de recuperación territorial. Nuestra política sigue siendo la reconstrucción nacional y la liberación del Wallmapu, objetivos que, una vez más, no son entendidos ni abordados por la clase política chilena y todos sus sectores afines.
Desde un inicio sostuvimos que está Comisión estaba condenada al fracaso, puesto que, más que representar las demandas de las comunidades y agrupaciones que luchan por sus tierras, encarna los intereses del gran empresariado y del latifundio que se encubren hoy en falsos discursos de paz y bienestar social. Son estos sectores los que buscan legitimar su propia concepción de “paz y entendimiento”, que no es más que un nuevo artilugio para asegurar las mejores condiciones para incrementar y acumular sus ganancias en nuestra territorialidad ancestral. Por lo mismo es que, esta Comisión también funciona como un instrumento político y mediático al intentar excluir al movimiento mapuche autonomista, y para afirmar públicamente que los intereses del Estado y del gran capital están bajo amenaza, imponen sus reglas y su forma de hacer política en los sectores mapuche institucionales. De hecho, solo han tenido voz los sectores cooptados y funcionales.
Sumado a lo anterior, es importante subrayar que una Comisión que nace, sesiona y concluye en medio de un Estado de Excepción activo sobre aquel territorio objeto de la misma, no tiene legitimidad. Quieren “hacer política”, aunque el término les quede grande, con la pistola sobre la mesa y los milicos sitiando comunidades. Exhibiendo con estas “proclamadas prácticas democráticas”, un gran contrasentido.
Una Comisión que surge en medio de la militarización del Wallmapu, y que reúne posiciones y materiales de información de los territorios bajo estas circunstancias, no cumple ni los más mínimo estándares de respeto a los DDHH en materia internacional. A la vez, es una Comisión que ha operado desde sus inicios bajo un patrón neoindigenista, porque no se consultó a las comunidades mapuche, ni quiénes serían sus representantes, ni cuales son los temas centrales, ni cómo deberían ser las formas de resolución de estos. Esta lógica verticalista y tutelar es heredera de los más viejos sistemas políticos coloniales, donde la representación paternalista fue impuesta a sangre y fuego. Lo cierto es que esta lógica impide que los pueblos originarios tengan el derecho a decidir sobre su realidad, mientras otros, poderosos y nobles, lo hacían por ellos. Hoy se repite el formato colonial y racista del Estado capitalista chileno.
Ante esta realidad, que ha permeado por decenas de años los mecanismos con que el Estado de Chile trata la “cuestión indígena”, es que el movimiento mapuche autonomista surge con fuerza, a partir de los años 90, con su propia política, hablando y haciendo por nosotros mismos, sin que otros nos suplanten o nos representen. Pero hoy nuevamente esta situación fue desconocida -a propósito- por los iluminados progresistas que están detrás de la Comisión. Y lo más paradojal es que quienes sí tienen voz son los representantes de la clase política y del empresariado anti mapuche.
Son quienes por tres décadas piensan que el histórico conflicto sostenido entre comunidades movilizadas, el Estado y los representantes del capital en el Wallmapu se soluciona con persecución, criminalización, montajes, juicios y cárcel. Parece irrisorio que el supuesto “diálogo” por la paz, materializado con esta Comisión, incluya precisamente a los militaristas que no la quieren y que han engrosado sus bolsillos a costa de la ocupación usurpadora. Es el caso de comandos paramilitares, como el APRA, que realizan sendas operaciones políticas, más que actuar como una asociación que represente a un gremio en búsqueda de esa supuesta “paz”.
A nivel orgánico y operativo, resulta ser una Comisión construida sobre arenas movedizas, tal como lo fue la participación de mapuche en la Convención Constituyente. Por lo mismo, al no llegar a acuerdos concretos, el máximo logro es mostrar a esta Comisión en su labor de elaboración de un diagnóstico respecto de lo que ellos han denominado la recuperación de las tierras, cuestión que en el mundo mapuche no tiene absolutamente ningún sentido porque nuestro pueblo, las comunidades, tienen absolutamente claro cuáles son las reivindicaciones territoriales que nos interesan, para restablecer un diseño territorial que permita la reconstrucción de nuestro Pueblo Nación.
Con este diagnóstico, la Comisión pretende justificar que existen los mecanismos de devolución de tierra, no existiendo una propuesta concreta y precisa que determine o que haga real la devolución de los territorios. Sin embargo, constituye el “caballito de batalla” para encubrir un engaño mayúsculo, que es la imposición de las técnicas del mercadeo, con corruptelas incluidas, para reacomodar las grandes inversiones capitalistas en nuestro territorio ancestral. Un diagnóstico que se presentará como un gran objetivo, pero que no estará concluido con este gobierno. Tampoco las devoluciones territoriales que serán a largo plazo y que solo indicarán o establecerán un tipo de mecanismo, un tipo de forma para, políticamente buscar componendas y negociaciones en los futuros gobiernos.
En definitiva, esta nueva Comisión constituye una verdadera farsa, un nuevo tongo y pasará a formar un eslabón más para que la actual administración, la actual gobernanza neoliberal, proyecte un futuro gobierno que estará en manos de la ultraderecha.
Buscar la paz y entendimiento con exclusión de los que luchan es la gran interrogante, ¿cómo se puede buscar paz en un contexto de militarización y de mayor represión? Más aún, con la existencia de muchos presos políticos mapuches (PPM) que hemos venido siendo procesados y condenados sólo por representar la lucha territorial, autonomista y revolucionaria a través de ideas fuerzas y de propuestas políticas para la reconstrucción de nuestro pueblo. Nada se ha dicho de los weichafe que estamos secuestrados por el estado chileno. Porque mientras exista militarización y presos políticos mapuche no es posible siquiera iniciar diálogos que conduzcan a acuerdos.
La existencia de los PPM se da un contexto de mayor persecución y sobre la base de leyes de excepción que nos remiten a tiempos dictatoriales. En efecto, hoy hay presos políticos mapuche producto a las políticas más sofisticadas para reprimir y perseguir al movimiento autonomista, que con más fuerza hemos asumido la lucha contra el extractivismo y por la reconstrucción de nuestro pueblo, procesos sostenidos con la recuperación de los espacios territoriales, hoy de mano principalmente de las forestales.
Como antesala de la presentación de los acuerdos o los puntos de la Comisión por la Paz y el Entendimiento se viene implementado una verdadera campaña mediática en la que participan los sectores más fascistas de la derecha chilena, obviamente cubiertos por los medios de comunicación que están a su servicio, en donde se reinstala el discurso que demoniza la causa mapuche, condenando la violencia que ejercen las comunidades para la recuperación territorial. Un discurso que reinstala los conceptos de terrorismo, violencia rural, crimen organizado para deslegitimar y despolitizar la justa lucha por el territorio.
Por otra parte, se está instalando la idea de un supuesto acuerdo de devolución de tierras en que habría una descomunal cifra de dinero que se dispondrá para la reparación territorial hacia las comunidades, lo cual es parte de la farsa que ya conocemos, porque en los hechos está propuesta siempre se va diluyendo en el camino y al final termina en escuálidos recursos y en casi nula viabilidad de devolución de tierras. Lo cual es una constante bajo la legislación vigente con la participación de la CONADI, un organismo putrefacto y funcional del estado capitalista. Solo habrá dineros para reparar a los latifundistas y para engrosar las arcas de las forestales, quienes hacen el gran negocio con la especulación financiera de la compraventa de los fundos usurpados a las comunidades.
Sin duda se ha puesto en marcha una nueva operación política que intenta darle fuerza e importancia a una Comisión que no tiene en la realidad nada que ofrecer para la resolución del conflicto, porque la confrontación está instalada sobre cimientos estructurales, económicos, que implican la lucha de un pueblo originario oprimido contra un estado colonial invasor y frente a lo cual ya existe un proceso de lucha y de resistencia por la reconstrucción de la Nación mapuche.

La lucha mapuche actual es y será por territorio y autonomía para la Nación mapuche.
¡¡La lucha continúa!!
¡Amulepe taiñ weichan !

por Héctor Llaitul