Conflicto, paz y resolución

Siniestro ya consumió 19 mil hectáreas y 150 viviendas, además de producir graves daños a la actividad económica.

“Mari mari lamgen, chumleymi?” Decía sin reparos una amiga, que si bien nacida en el seno de una familia chilena “tradicional” (cristiana, trabajadora, monolingüe, de una población, mestiza, etc), decía sentirse mapuche. Y es que por más extraño que le pueda sonar a gente de la línea de Villalobos o Luchsinger, la sociedad mapuche sigue viva y generando sentimientos de afiliación y admiración en otros distintos. Es parte de la realidad, y bienvenidos a ella. Tal como me preguntaba una compañera distinta a la de Antropolikosas: “¿Y qué onda con los chilenos que se creen mapuches, tú cachas algo al respecto?”

La condena actualmente en ejecución de catorce años de presidio contra Héctor Llaitul y ocho contra sus compañeros Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, aplicada por una sala de la Corte Suprema, es una injusticia que avergüenza al país.

Corría el mes de enero y en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, se llevaba a cabo un juicio por más de dos meses por un total de nueve delitos terroristas (amenazas, incendios, emboscada, asociación ilícita terrorista, etc.) involucrando a 17 comuneros Mapuche. La aplicación de la Ley Antiterrorista en el procesamiento de los presos políticos Mapuche de Choque , implicó numerosas arbitrariedades, faltas de garantías y violaciones al debido proceso, tales como: secreto de la investigación, excesiva prisión preventiva, testigos sin rostro y condenas solicitadas por el ministerio público sobre 50 años para cada comunero, para otro mas de 100; violaciones a los derechos humanos como torturas, secuestro y hostigamiento y como no mencionar la aberración jurídica más grande la que se constituyó en el doble juzgamiento al que fueron sometidos cinco presos políticos mapuche del proceso de recuperación territorial de Choque (Llaitul, LLanquileo, Huenuche, Menares y Huillical), quienes por un mismo hecho, fueron procesados por la Justicia Civil y Militar. Sin embargo, el Juzgado Militar de Valdivia, resolvió absolver, habiendo observado las mismas pruebas que en el Tribunal de Juicio Oral, posteriormente ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción..