Indígenas amazónicos de Ecuador declararon este jueves “selva viviente” a su territorio con el fin de que el gobierno de Lenin Moreno reconozca al bosque como un “ser vivo” con derechos, y así evitar la explotación de sus recursos. Los indígenas declararon 135.000 hectáreas de bosque como “kawsak sacha (en lengua kichwa), selva viviente, ser vivo y consciente sujeto de derechos”, dijo Miriam Cisneros, presidenta de la comunidad Sarayaku al leer la resolución, reseñado por la agencia AFP.

En una ceremonia realizada en Quito, nativos kichwas de la localidad de Sarayaku, hicieron esta propuesta con la que pretenden conservar de manera sostenible sus tierras y la relación material y espiritual que tienen con la selva.

Los indígenas declararon 135.000 hectáreas de bosque como “kawsak sacha (en lengua kichwa), selva viviente, ser vivo y consciente sujeto de derechos”, dijo Miriam Cisneros, presidenta de la comunidad Sarayaku al leer la resolución, reseñado por la agencia AFP.

Luciendo coloridos tocados de plumas y collares de cuentas brillantes, hombres y mujeres de Sarayaku danzaron al ritmo del tambor y brindaron con chicha (una bebida tradicional fermentada) por la declaratoria con la que esperan alejar sus tierras a las actividades mineras y petroleras.

La dirigente agregó que el kawsak sacha “incluye a los seres del mundo animal, vegetal, mineral, espiritual y cósmico” que habitan la selva y se relacionan con los seres humanos.

Cisneros comentó, además, que los 3.400 sarayakus que habitan la zona están dispuestos a administrar y proteger el territorio, en armonía con la naturaleza y garantizar que el petróleo quede bajo tierra. Esto incluye no aceptar la injerencia de industrias extractivistas en el territorio.

Aunque Ecuador reconoce en su Constitución que la naturaleza tiene derecho “a que se respete integralmente su existencia”, para el dirigente Yaku Viteri “el gobierno y las industrias transnacionales no entienden” lo que ello implica.

La lucha de los nativos por proteger la pachamama ha sido catalogado por la actual gestión gubernamental como “paramilitares”, pero para el originario Viteri solo “queremos lograr que nuestro territorio este seguro, que el gobierno (…) garantice nuestro territorio. Al garantizar nuestro territorio garantiza nuestras vidas, nuestra forma de vivir, nuestra filosofía, nuestro sumak kawsaw (buen vivir)”, le comentó a la AFP.

Por su parte, el dirigente José Gualinga “planteamos una alternativa al modelo de desarrollo tradicional que siempre ha considerado a la Amazonía, a los territorios de los pueblos indígenas, como zona de extracción, como zona de explotación”.

El documento, leído ante unas 300 personas, exhorta al gobierno del presidente Lenín Moreno a buscar nuevas formas de protección y conservación de los territorios habitados por pueblos indígenas.

Tres fundamentos importantes de la declaratoria:
1. El reconocimiento zona de exclusión petrolera y minera.– Significa que el desarrollo de los proyectos industriales son incompatibles en los territorios sagrados y que el petróleo y la minería queda bajo tierra.
2. Una delimitación simbólica, geográfica, mediante el desarrollo de Jatun Kawsak Sisa Ñampi, el Camino Viviente de las Flores o Frontera de Vida.- La continuación del programa de protección del territorio y las acciones de la frontera de vida.
3. La implementación y aplicación del Sumak Kawsay mediante las acciones de planes de vida.

Historia
Indígenas de Sarayaku libraron una batalla judicial con el Estado ecuatoriano luego de que en 1996 el gobierno autorizó a la Compañía General de Combustibles (CGC), de capital argentino, a explotar petróleo en su territorio sin consultarles previamente.

En nombre del Estado ecuatoriano, la ministra de Justicia Ledy Zúñiga ofreció disculpas públicas al pueblo de Sarayacu por la violación de los derechos a la consulta. Foto: AFP

La comunidad, que forzó a la empresa a desistir del proyecto en 2009, reclamó por el riesgo al que fue expuesta por los explosivos sembrados durante la fallida actividad petrolera.

Tras 10 años de lucha legal por la actividad de la petrolera CGC, en julio del 2012, la CIDH declaró que el Estado ecuatoriano violó el derecho de la comunidad sarayaku a ser consultada sobre actividades en su territorio.

Los indígenas recibieron una compensación de 1,2 millones de dólares, según autoridades ecuatorianas.

El Gobierno debe regular el tema de la consulta previa, lo que para el pueblo sarayaku no se ha cumplido.

Por: Nelitza Matuzalen