No quisiéramos que sucediera lo mismo que ocurrió en el gobierno anterior. En ese periodo, se realizó la consulta indígena, se prometió cupos reservados para representantes indígenas y se presentó una propuesta de reforma constitucional. Sin embargo, al parecer nunca hubo la real voluntad política de avanzar en este tema, pues nunca se le puso urgencia a la iniciativa, y esa fue una señal inequívoca de la debilidad de las convicciones que movieron esas intenciones.

Estamos ad portas de la presentación del Plan Araucanía y la posibilidad de que los pueblos originarios puedan acceder a escaños especiales en el Parlamento. Se trata de un avance, el hecho que el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, tome estas propuestas que hemos venido planteando hace muchos años.

No quisiéramos que sucediera lo mismo que ocurrió en el gobierno anterior. En ese periodo, se realizó la consulta indígena, se prometió cupos reservados para representantes indígenas y se presentó una propuesta de reforma constitucional. Sin embargo, al parecer nunca hubo la real voluntad política de avanzar en este tema, pues nunca se le puso urgencia a la iniciativa, y esa fue una señal inequívoca de la debilidad de las convicciones que movieron esas intenciones.

Eso nos recuerda que las buenas intenciones, nunca son suficientes para realizar cambios imprescindibles. El desarrollo indígena tiene que ver con un efectivo perfeccionamiento de nuestra democracia, para dejar atrás políticas asistencialistas que están completamente agotadas. Lo que la sociedad chilena debe promover es una redefinición de los mecanismos para acceder al poder.

La democracia, en su mera expresión electoral, no representa al pobre ni al indígena: el voto, por si solo, no les permite decidir su futuro y no los hace dueños de su futuro. Es un hecho patente, que los representantes en quienes han delegado su futuro, normalmente sirven a intereses de minorías privilegiadas y no de aquellas mayorías segregadas.

Todo ello hace evidente la necesidad de crear un registro electoral indígena, que permita que sean los propios indígenas, quienes definan a sus representantes, no solo en el Parlamento, sino también en los espacios locales y regionales. Esta idea la hemos planteado, defendido y argumentado, desde hace mucho tiempo. Esto no es pura tozudez, es producto de la convicción de que es el camino correcto, o mejor dicho, es el único camino digno para los pueblos que han esperado por generaciones un trato adecuado.

Hoy necesitamos otro concepto de democracia que sea, simplemente justo y que establezca por fin, una efectiva igualdad de derechos. Necesitamos un sistema electoral especial para los pueblos originarios, con cuotas parlamentarias equivalentes a su densidad poblacional. De esta manera, los pueblos originarios podrían tener 6 senadores y 14 diputados, como mínimo, para plantear sus demandas en el epicentro del poder.

Las cifras hablan por sí solas. La Araucanía tiene una población de 900 mil personas, y tiene 5 senadores y 11 diputados. La población mapuche según el último Censo es de 1 millón 700 mil personas, y hay más de 2 millones de indígenas en Chile, ¿por qué no permitirles que decidan su futuro mediante sus propias decisiones políticas?...¿no es esto reconocer su especificidad identitaria y sus características propias? Esto es reconocer una diferencia y asignarle el valor que ella contiene.

La política pública del Estado y los sucesivos gobiernos, referida especialmente al pueblo Mapuche, no debe reducir un tema político en uno netamente de pobreza y de seguridad pública. El “problema” mapuche se resuelve reconociendo derechos fundamentales y colectivos. Mientras esto no se entienda y no se asuma, el conflicto persistirá.

Quiero reafirmar esta idea: La participación política que hemos venido planteando a los distintos gobiernos, no solo apunta a cupos en el Congreso, sino a espacios en los concejos municipales y en los consejos regionales. No obstante, es preciso destacar que esta no ha sido una graciosa concesión del actual gobierno, sino el triunfo político de un pueblo que, reconociéndose como una nación originaria y no como personas particulares, exige ser reconocido como tal.

Entonces, que el gobierno haya acogido nuestras propuestas de participación política en la toma de decisiones, es un triunfo colectivo de la política mapuche, que está en construcción, gracias al aporte de distintos líderes desde sus propios espacios. En esto también hay que ser claros, ya que algunos dirigentes han cambiado sus planteamientos, variando desde la búsqueda de independencia mapuche, pasando por la propuesta de un co-gobierno, y transitando por la idea de autonomía mapuche; hoy han cambiado nuevamente de postura y se han sumado a nuestros planteamientos de participación política en la toma de decisiones. Estoy consciente que, con todo, esta no es la solución total, sin embargo, es un gran paso adelante.

El hecho que algunos dirigentes antiguos, hayan salido de su discurso post dictadura absolutista y se asumen a una posición política más realista y adecuada al futuro de nuestros pueblos, en la práctica es un llamado a construir unidad, lo que los pone, sin duda alguna, a la altura del desafío de aquellos países que aspiran a ser desarrollados, en el más amplio y profundo sentido del concepto. Esto es lo que Chile necesita.

Por Diego Ancalao Gavilán