A nivel global, los pueblos indígenas son reconocidos como protectores del medio ambiente. En el pueblo mapuche, las actividades de las industrias extractivas, la construcción de represas, la minería y las plantaciones de monocultivos tienen consecuencias devastadoras para el sistema de vida de las comunidades. Durante décadas, los mapuche protectores del medio ambiente se han opuesto, desactivado y en muchos casos detenido estos proyectos.
El Derecho a la Autodelimitación, se ha operacionalizado con el concepto de mesas territoriales, que canaliza la inversión pública de proyectos asistenciales. La Autodisposición Interna, ha sido operacionalizado, con instituciones como comunidades y asociaciones indígenas con personalidad jurídica, con concesiones a otros tipos de representaciones como situación particular. La Autodisposición Externa ha sido trabajada desde la participación indígena, es decir, como se representa ante el Estado, en un consejo de pueblos indígenas, por dar un caso.
En Chile los gobiernos post dictadura militar, han aplicado la Ley antiterrorista N° 18.314, exclusivamente contra representantes y activistas mapuche. Esta normativa fue adoptada por la dictadura militar para atacar a sus enemigos internos, con el fin de vulnerar los derechos juridicos de los imputados. Esta norma ha sido objeto de crítica de parte de los órganos de protección de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha considerado su aplicación con los Mapuche contrario a un Estado de Derecho.
Hoy, quiero discutir lo que veo como una de las posibles soluciones para enfrentar los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en todo el mundo: la importancia de proteger y promover el papel de las propias instituciones de los pueblos indígenas y las formas de gobernarse a sí mismos. En el centro de esto están los derechos a la libredeterminación, el autogobierno y la autonomía.
Ana Píquer, directora de Amnistía Internacional, criticó duramente la decisión “Es inconcebible que se haya condenado a estas tres personas, teniendo como prueba principal el testimonio de José Peralino, quien se retractó denunciando que había sufrido apremios por parte de la policía. Curiosamente no existen grabaciones ni registro de las declaraciones de Peralino, pero sí existe la notificación de la Fiscalía que decidió no investigar la denuncia por apremios ilegítimos presentada por él”
El defensor de uno de los condenados por el caso Luchsinger Mackay lamentó la decisión tomada este miércoles por la Corte Suprema, donde los ministros de la Segunda Sala determinaron quitar el carácter de terrorista al delito imputado a los comuneros mapuches, pero descartaron anular el juicio, tal como lo había solicitado la defensa.
Alberto Acosta es economista y político ecuatoriano. Fue investigador en el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y profesor/investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue ex ministro de Energía y Minas, y como su presidente tuvo un papel crucial en la Asamblea Constituyente que redactó una nueva Constitución en el Ecuador, abogando para la formulación de los Derechos de la Naturaleza.
A través de un documento con más de 250 firmas expresaron su respaldo a los derechos del pueblo originario “en la actual escalada de violencia y hostigamiento, negando toda estigmatización que los sitúe en el ejercicio del terrorismo y el odio.”
La audiencia pública tuvo lugar en el salón “Delia Parodi” de Diputados, organizada por el Movimiento Evita.
Diputados y senadores del oficialismo y la oposición se comprometieron hoy en una audiencia pública con representantes de pueblos originarios a aprobar la prórroga de la ley 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria, que vence el 23 de noviembre, para que no sean desalojados de las tierras que ocupan.