Los conflictos que experimentan los pueblos indígenas difieren de las tendencias de otros conflictos. La promoción y respeto de los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en tiempos de conflicto y postconflicto son indispensables para construir la paz, la reconciliación y la reconstrucción de la armonía en las sociedades postconflicto. La militarización, la supresión de las garantías constitucionales, los derechos territoriales y los derechos colectivos que se han impuesto en el territorio mapuche determinan la necesidad de identificar estrategias para asegurar la paz.
El diagnóstico para evaluar la ley 19.253 o Ley indígena está centrado en la productividad, el usufructúo y la herencia de la propiedad, y afirma que las comunidades indivisas quedan limitadas para poder acceder a los mecanismos crediticios de capitalización o a la oferta pública. En ese punto, presentan al movimiento mapuche como un lastre para los emprendedores mapuche, porque limitarían la libertad individual de sus negocios.
A través de una declaración pública, organizaciones y comunidades aymaras y quechuas de los pueblos precordilleranos y cordilleranos, de los valles y del área urbana de la región de Arica y Parinacota, manifestaron su rechazo a la realización de la Consulta Indígena impulsada por el gobierno de Piñera, que busca modificar la Ley indígena Nº 19.253. Según señalaron, el rechazo se debe en primer término a que la modificación «es un acto con un claro fin ideológico, que solo busca instalar y profundizar el modelo neoliberal económico extractivista en nuestras tierras indígenas, beneficiando solo a los grandes sectores económicos transnacionales y nacionales existentes en el país».
El 22 de mayo 2019 el Gobierno inicia, en la región del Biobío, al proceso nacional de Consulta Indígena dirigido a nueve pueblos originarios, paso previo para que la administración central pueda enviar al Congreso una modificación a la actual legislación existente desde 1993. Entre los once los puntos propuestos, se destacan los que buscan legalizar el arrendamiento y venta de tierras a privados, así como la división de títulos de dominio colectivo de las comunidades indígenas.
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Los resultados destacan las millonarias ganancias de la industria, la precarización laboral y condiciones inseguras que enfrentan las trabajadoras y trabajadores de la industria salmonera. La industria salmón realizó exportaciones durante el 2018 por un valor de 5.000 millones de dólares (5 billones de dólares). El valor de las empresas salmonicultoras chilenas se ha casi triplicado entre el 2015 y 2018. Estados Unidos es principal mercado del salmón chileno, luego se ubica Japón y Brasil. Según el informe, muere un trabajador al mes; 36 trabajadores de la industria del salmón fallecieron mientras efectuaban sus labores en el período 2013-2019.