Luego de reclamar durante años sin resultado un mayor apoyo del gobierno provincial, el Codeci recurrió a la Justicia y consiguió un fallo que emplaza al poder Ejecutivo y al Legislativo de la provincia para que doten de "recursos presupuestarios suficientes" al Fondo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas.

Al resolver un mandamus interpuesto por la anterior conducción del Codeci, el STJ también ordenó al ministerio de Gobierno que en 45 días designe dos abogados especializados en derecho indígena para el asesoramiento jurídico de ese organismo.

La controversia surgió el año pasado cuando el poder político provincial decidió no renovar los contratos de tres abogadas que asesoraban al Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Uno de los argumentos era que cumplían similar función en un programa nacional.

Los jueces admitieron la incompatibilidad y por eso no fallaron en favor de la reposición de las agentes desplazadas, pero sí ordenaron la inmediata cobertura de los cargos con otros profesionales.

En relación con la disponibilidad de recursos, consideraron que la última asignación de 5.000 pesos dispuesta por Gobierno para el funcionamiento del Codeci en diciembre pasado "a todas luces resulta insuficiente".

Por eso la sentencia del STJ, redactada por el juez Víctor Sodero Nievas, ordenó a los otros dos poderes que en un plazo de120 días "den cumplimiento y doten de recursos presupuestarios suficientes al Fondo de Desarrollo de Comunidades Indígenas", creado por el artículo 55 de la ley 2.287.

De ese dinero depende la ejecución de diversos programas de salud, de educación bilingüe, difusión del derecho indígena, emprendimientos de capacitación y de desarrollo económico en todo el territorio provincial.

El presidente del Codeci, Aniceto Huenchul, dijo que esas tareas están casi paralizadas porque desde hace largo tiempo "el gobieno no da los recursos para el funcionamiento normal" del organismo.

Explicó que el reclamo no se circunscribe al alquiler de una sede para el Codeci y al pago de una decena de sueldos sino que "la ley integral del indígena hace referencia también a la cultura, a lo social y al desarrollo de las comunidades", demandas que hoy están desatendidas por las carencias presupuestarias.

Huenchul dijo que todos los planteos realizados en el último tiempo al ministro Diego Larreguy fueron desoídos y por eso decidieron recurrir a la Justicia. El dirigente destacó la contundencia del fallo y dijo que esperan hacerlo valer sin demora.

Apenas horas antes de conocer el pronunciamiento judicial, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche -con presencia en toda la provincia- había denunciado que el gobierno aplica una política de "omisión, vaciamiento ei ncumplimiento de los acuerdos que apuntan a paralizar las instancias de gestión y a no dar respuesta a las demandas de nuestro pueblo".

Reclamaron allí justamente la reactivación del Fondo de Desarrollo previsto en la ley integral del Indígena y advirtieron que "la situación de inestabilidad de las comunidades y familias mapuche se agrava como consecuencia de la venta sistemática de los territorios indígenas".

Agencia Bariloche