Por José Antonio Viera-Gallo.
Todos los pueblos que conforman el país tienen un destino indisoluble en la nación chilena. Esto lo comprendieron muy bien los padres de la patria como O’Higgins, que remitía a la realidad mapuche cuando juró como jefe de gobierno. Y Carrera, que utilizó un escudo con dos figuras mapuches. No hay futuro para el país si los pueblos originarios no participan de su bienestar, pero tampoco hay destino para los pueblos originarios fuera de la sociedad chilena.
En Chile, gracias a las políticas educacionales de la Concertación, una nueva generación de jóvenes cuyos padres no son profesionales accedieron a educación superior. En el caso mapuche, esto derivó en miradas diferentes entre los antiguos lonkos y los muchachos que conocen la modernidad. Y ello se mezcló con el avance internacional sobre la realidad de los derechos de los pueblos indígenas. Corremos el riesgo de llegar atrasados como sociedad al desafío de los pueblos originarios, que adquirió la relevancia pertinente con la globalización y la expansión de las redes de comunicación informáticas, lo que permitió el surgimiento de nuevas voces y miradas. Esto creó un nuevo clima, del cual el gobierno de la Presidenta Bachelet se hizo cargo, en especial con el programa “Reconocer. Pacto Social por la Multiculturalidad” (2008).
La decisión incorporó la evaluación de que el cumplimiento del programa indígena era lento y que el Estado no estaba actuando al ritmo requerido. Se modificó el enfoque del tema desde una cuestión de pobreza y marginalidad a un asunto referido a los derechos de los pueblos indígenas. Además, se movió el eje desde un asunto exclusivamente concerniente al gobierno a un tema atinente y relevante para la sociedad en su conjunto. En síntesis, se ha buscado construir la multiculturalidad desde el Estado, entendida como el respeto a la diferencia entre ciudadanos con igualdad de derechos, en el marco de una sociedad democrática en la que varias culturas se dan cita en un espacio físico común.
Este proceso adquirió nuevas dimensiones en septiembre de 2009, con la puesta en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre etnias indígenas y tribales, que abrió un nuevo camino de entendimiento entre los pueblos que integran Chile. Los logros principales son que otorga a las etnias el derecho de ser reconocidas como pueblos; el derecho de participar en las decisiones que impacten en su desarrollo; el reconocimiento de sus tradiciones; el que se reconozca su relación colectiva con la tierra y el derecho de consulta en el caso de utilización de recursos naturales en sus territorios. En resumen, reconoce el aporte de los pueblos indígenas al desarrollo y a la pluralidad de la sociedad, y el que las distintas culturas e idiomas de los pueblos indígenas enriquecen la herencia cultural de la humanidad y merecen protección por ser vehículos de cultura e identidad.
Durante los meses en que coordiné los asuntos indígenas del gobierno, mi objetivo ha sido restablecer la confianza y el diálogo con los dirigentes, representantes y comuneros indígenas. No ha sido fácil, hemos caminado juntos durante siglos, pero han abundado historias de desencuentros.
Una dificultad importante en la labor del Estado es que la agenda de los medios de comunicación acerca de temas indígenas en general es ocupada por hechos vinculados a seguridad pública. El aporte real de los pueblos indígenas a la cultura y al desarrollo del país está fuera de la prensa y, por tanto, al margen de la agenda pública. Es un desafío armonizar la necesaria acción de seguridad con la construcción de acuerdos con las comunidades.
En el bicentenario podemos afirmar con propiedad que el destino de Chile está indisolublemente ligado con el de sus pueblos originarios, y el avance de éstos sólo se puede lograr dentro de la nación chilena, siempre que los acoja a todos. Al próximo gobierno esta administración dejará proyectos de ley que crean una nueva institucionalidad, un nuevo Ministerio de Asuntos Indígenas, la Agenda de Desarrollo Indígena y el Consejo de los Pueblos Indígenas. Además, una evaluación clara del Programa Orígenes con el BID y nuevas normas para adquisición de tierras por parte del Estado, que potencian la transparencia. Además, el estudio que efectúa el Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción para determinar la disponibilidad de tierras susceptibles de ser demandas por comunidades indígenas en las provincias de Arauco, Malleco, Cautín y Valdivia.
Todos los pueblos que conforman el país tienen un destino indisoluble en la nación chilena. Esto lo comprendieron muy bien los padres de la patria como O’Higgins, que remitía a la realidad mapuche cuando juró como jefe de gobierno. Y Carrera, que utilizó un escudo con dos figuras mapuches. No hay futuro para el país si los pueblos originarios no participan de su bienestar, pero tampoco hay destino para los pueblos originarios fuera de la sociedad chilena.
* José Antonio Viera-Gallo, ministro de la Presidencia y coordinador de Asuntos Indígenas
