Los conflictos que experimentan los pueblos indígenas difieren de las tendencias de otros conflictos. La promoción y respeto de los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en tiempos de conflicto y postconflicto son indispensables para construir la paz, la reconciliación y la reconstrucción de la armonía en las sociedades postconflicto. La militarización, la supresión de las garantías constitucionales, los derechos territoriales y los derechos colectivos que se han impuesto en el territorio mapuche determinan la necesidad de identificar estrategias para asegurar la paz.
Canadá es el principal centro de financiamiento de la industria minera a nivel mundial. Entre 2008-2009, por ejemplo, en las bolsas de valores de Canadá se negoció más del 70 por ciento del financiamiento con capital propio del sector (1). Si bien las empresas extractivas canadienses tienen una amplia presencia en América Latina, la industria ha sido objeto de numerosas acusaciones de abusos asociados a sus proyectos, que incluyen problemas relacionados con impacto ambiental, desplazamiento de las comunidades y conflictividad social
Durante los últimos días de este mes de enero de 2016, un par de artículos periodísticos ha movido de su comodidad intelectual y clientelismo estatal a todos los que nos interesamos por el devenir de los Pueblos Indígenas, en este territorio denominado Chile.
El historiador Sergio Villalobos (85) siempre arma polémica cuando habla de los mapuche. Los ha tildado de borrachos, flojos y promiscuos. Y que no han sido un pueblo humillado ni perseguido. Al contrario, para él ellos estarían en deuda con nosotros. En su último libro “La Araucanía: Historia y Falsedades” no se queda atrás. Se va en picada contra historiadores y periodistas por tergiversar la historia. Y desmenuza todas las mentiras en torno a los araucanos, como le gusta llamarlos, y revela aspectos más desconocidos: “Los araucanos mataban a los bebés de sus enemigos estrellándolos contra la pared”, lanza.
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Mientras el gobierno intenta, a través de un proyecto de ley dar señas de una mejor comunicación e intención de integración de los pueblos originarios, por otra parte crea un polémico plan de 6 medidas para hacer frente a la violencia en la Araucanía, con un fuerte énfasis de criminalización de la lucha mapuche. Son las dos caras de una política bífida, que por un lado en lo comunicacional quiere dar gestos de acercamiento y buena voluntad, por el otro lado, en la política “real” perfeccciona los mecanismos de monitoreo, persecución y acusación del movimiento mapuche.