El colmo. Uno de los militares huelguista, Sergio Rivera Bozzo, es autor del asesinato de un lonco mapuche de 60 años, José Matías Ñanco. El lonco, que era también pastor evangélico, al ver como se llevaban a 13 de sus comuneros, se acercó a la patrulla militar clamando “¿Por qué matan? Dios no viene a matar, sino a dar la vida en abundancia…”. Tras decir estas palabras, Ñanco fue acribillado en el acto. Rivera Bozzo fue a condenado a 5 años y un día por esta acción.

En uno de los giros noticiosos más inversímiles de los últimos años, un grupo de nueve militares violadores de los derechos humanos (todos ellos autores al menos de crimen de homicidio, según lo establecido por cortes civiles en procesos acotados a la legislación penal ordinaria), decidió subirse por el chorro de la movilización mapuche e iniciar su propia huelga de hambre. Piden la “inmediata libertad a todos los suboficiales y empleados civiles presos” y que a todos ellos, por una razón que no ha podido ser conocida hasta el momento, se les fije como máxima pena los 10 años de prisión “para aquellos casos que el monto de las mismas sea igual o superior a aquella cantidad de años, o se tratare de presidio perpetuo”.

EL ASESINO DEL LONCO

El caso está lleno de paradojas. Partiendo por el significativo detalle de que uno de los firmantes del comunicado de los presos militares de Punta Peuco, Sergio Rivera Bozzo (el único miembro de la Armada sentenciado por crímenes de lesa humanidad) está precisamente condenado por asesinar al comunero mapuche José Matías Ñanco. Por este crimen a Rivera Bozzo se le condenó a 5 años y un día.

Una sentencia muy distinta a los 47 años de presidio que -en promedio- arriesgan los comuneros mapuches presos, por delitos acumulados que incluyen desde “asociación terrorista” y robo de madera a la participación en enfrentamientos con la fuerza pública. Para Hector Llaitul, por ejemplo, el Ministerio Público solicita 103 años de cárcel, de los cuales 18 años corresponden a la acusación más grave, el ataque contra una caravana policial en la que viajaba el fiscal Mario Elgueta.

Pero volvamos al caso del asesinato del comunero José Matías Ñanco a manos de Sergio Rivera Bozzo. Cornelio Matías Ñanco, hijo de la víctima, ha narrado los hechos: “El finao de mi papá estaba trabajando cuando llegaron a la casa dos militares… buscando a algunos, pero no estaba mi papá en la lista. Cuando él llegó, los militares tenían detenidos a trece de la comunidad. Muy calmado, les pide la orden y les dice: ‘¿Por qué matan? Dios no viene a matar, sino a dar la vida en abundancia…’ Ahí, un militar molesto por sus palabras le disparó varios tiros y cayó”.

ASESINÓ A PADRE DE DIPUTADO EN HUELGA DE HAMBRE

Otra paradoja. Entre quienes protestan en Punta Peuco se encuentra el mayor Carlos Herrera Jiménez. El mismo que asesinó al presidente de la ANEF Tucapel Jiménez. El dirigente era padre del diputado del mismo nombre que, en su calidad de miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, se encuentra ahora en huelga hambre, solidarizando con los prisioneros mapuches.

Herrera Jiménez se encuentra condenado a cadena perpetua por este crimen, sumado al asesinato del carpintero Juan Alegría; un solitario poblador. Luego de quitarle la vida, utilizó su cadáver, montando una falsa escena en la que Alegría aparecía ahorcado y dejando una nota de suicidio, inculpándose de paso del asesinato de Tucapel Jiménez.

8 AÑOS DE CÁRCEL POR MATAR A 12 PERSONAS

También en la lista de los militares en huelga de hambre hay otros que, en apariencia, obtuvieron condenas bastante favorables de parte de los tribunales. Como el coronel Emilio Neira, quien fue condenado a sólo 8 años de cárcel, luego de comprobársele la autoría del secuestro y asesinato simultaneo de 12 personas, en el marco de la llamada Operación Albania.

ESPERANZAS EN PIÑERA

El comunicado de los militares de la cárcel de Punta Peuco fue enviado únicamente al diario La Nación. Todavía no se publica su versión completa, pero se cita un pasaje que emplaza indirectamente a Sebastián Piñera

El texto afirma que hay “personalidades de diversos ámbitos del quehacer nacional, que se han expresado públicamente solicitando a la autoridad administrativa del país para que ésta dé definitivos y decisivos pasos para terminar el lamentable episodio de los derechos humanos con la liberación de ‘los presos militares”.

Piñera, siendo candidato, prometió “aplicar la prescripción” en “los juicios eternos que nunca terminan”, refiriéndose así a las causas de derechos humanos. Este compromiso de campaña, realizado “off the record”, según documentos de la organización Chile Mi Patria, fue luego relativizado por Piñera. Éste declaró, al ser consultado públicamente, que no prometió nada en especial, salvo cumplir las leyes y el estado de derecho. Pero, según consta en registro de video aficionado, Piñera sí realizó este compromiso ante un grupo de militares en retiro, reunidos en el Círculo Español durante la primera quincena de noviembre del 2009. La cita se efectuó menos de un mes antes de la primera vuelta presidencial.

“COMETIMOS DELITOS”

En la introducción del texto, el grupo de convictos desliza un reconocimiento de su culpabilidad en los crímenes por los que han sido condenados. Los firmantes se identifican a sí mismos como: “los miembros de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, en adelante “los presos militares”, que cometimos delitos contra la seguridad de las personas (más conocidos por violaciones a los derechos humanos) en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990”.

Entre los firmantes se incluyen varios condenados por el asesinato del comandante en jefe de Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert (el general Raúl Iturriaga Newman; los brigadieres Fernando Polanco, José Zara, Christoph Willike y el coronel Juan Morales Salgado), además del agente de la CNI Jorge Vargas Bories, asesino del periodista José Carrasco Tapia y del publicista Abraham Muskatblit.

Algunos tienen causas pendientes, pero todos los miembros del grupo se encuentran condenados; a diferencia de los presos mapuches, que en su mayoría se encuentran sometidos, en virtud de la Ley Antiterrorista, a largas prisiones preventivas.

CÁRCEL DE LUJO:INTERNOS CON INTERNET Y LLAVES DE SU CELDA

En el 2007 una comisión de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de realizar una ronda de rutinarias visitas de inspección a establecimientos penitenciarios, describió las condiciones de vida en Punta Peuco en un informe oficial:

“Presenta condiciones de lujo, como una sala de living, ubicada en el módulo reservado para ex uniformados del Ejército, sin perjuicio de calefacción eléctrica al interior de las habitaciones, las cuales lucen el adorno de una residencia particular acomodada. Asimismo, una sala de comedor con muebles de estilo y un patio sembrado de césped con toldos y juegos”.

“Cada interno posee llave de su habitación. En allanamientos se han requisado teléfonos móviles, hecho que vulnera las medidas de seguridad, especialmente cuando los internos cuentan con equipos computacionales que pueden ser conectados por esa vía a Internet”

Estas descripciones causaron escozor en tribunales, por el contraste que presentaban con otras cárceles, calificadas en el mismo documento como “mugrientas”.