La mayoría de los ciudadanos rechaza que ante cualquier demanda mapuche, la primera respuesta del gobierno sea reprimir.

UNO DE los déficit fundamentales del gobierno es su falta de conducción frente a las demandas sociales. Las encuestas lo corroboran castigando duramente al equipo político y al propio Presidente.

Ante la existencia de conflictos su respuesta es siempre la misma: “Lo estamos haciendo bien” o culpar a los gobiernos anteriores. El mal llamado “conflicto mapuche” es abordado por el Ejecutivo desde una concepción conservadora y economicista. La idea de que “con plata se compran huevos”, gran argumento del intendente de La Araucanía para acallar e invisibilizar los reclamos legítimos del pueblo mapuche y ganar “voluntades”, crea una situación de mayor complejidad en la región.

La mayoría de los ciudadanos está en contra de que ante cualquier expresión de demanda mapuche, la primera respuesta gubernamental sea represión, amenazas vociferantes y culpar a éstos de “radicales”. Acusar la presencia de extranjeros o de chilenos que “no son mapuches” de cultivar la violencia sin denunciarlo a la justicia ha llevado al fiscal nacional a exigir al intendente la presentación de pruebas. La participación solidaria en apoyo de las demandas mapuches demuestra que esta materia sí le importa a gran parte del país. Nadie tiene el derecho a pensar que esta solidaridad es ilegítima e ilegal.

Esta maniobra le ha estallado en las manos en cada una de las movilizaciones. Sucedió en el tratamiento que se le dio a la huelga de hambre y a los arrestos domiciliarios de dirigentes, sin razón convincente. Ahora, acusaciones y relatos sin fundamento, o al menos contradictorios, en el lamentable y repudiable asesinato del carabinero Albornoz lo corroboran. Todo crimen hay que investigarlo y castigarlo con la fuerza de la ley, como lo expresó el general director de Carabineros. La misma fuerza y actitud se habría esperado de esa institución cuando Mendoza Collío murió baleado -por la espalda- por Carabineros.

Por otra parte, la actuación histórica del Ministerio Público y los fiscales en La Araucanía en esta materia merece una revisión. Ellos no cuentan con la confianza de los ciudadanos y menos del pueblo mapuche. Un gobierno que no dialoga, no construye democracia, no contribuye a crear confianza entre los ciudadanos y las instituciones, puede llevar al país a situaciones lamentables, frustrando el desarrollo de una sociedad que madura en torno al respeto de los derechos.

La reivindicación mapuche es legítima. No piden nada más que el respeto por los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile. Su demanda cuenta con apoyo de la mayoría ciudadana, como lo demuestra la encuesta publicada por la UDP, cuyos resultados indican que la sociedad reconoce la discriminación hacia el pueblo mapuche y aprueba el reconocimiento constitucional de sus derechos (90,6%), aceptando incluso (77%) la ley de cuotas para su representación en el Congreso.

Chile necesita una conducción política que responda al trato que como sociedad debemos a nuestros pueblos originarios.