Las indagaciones policiales para aclarar la sucesión de ataques y atentados incendiarios en las regiones de La Araucanía y Biobío, apuntan a la posible relación entre el incremento de acciones violentistas y la libertad condicional otorgada a 34 mapuches acusados por infracción a la Ley Antiterrorista. Éstos quedaron con arresto domiciliario en sus comunidades porque la realización de los juicios se ha dilatado, mientras que el cumplimiento de esa medida cautelar no ha podido ser completamente fiscalizado.

Paralelamente, el general director de Carabineros, Gustavo González Jure, llegó ayer a la conflictiva zona de Ercilla, además de Collipulli, Angol y Temuco, en la que definió como "una visita profesional, operativa y administrativa".
Su presencia estaría relacionada con el reforzamiento de los servicios en Collipulli y Lautaro, ya que ambas comunas fueron incorporadas al Plan Cuadrante, como estaba previsto. También, tuvo el objetivo de "visitar en terreno a nuestros carabineros que están prestando servicio en forma permanente o temporal", señaló el jefe policial.
Sobre las indagatorias policiales, se trabaja en establecer posibles nexos entre los atentados y los acusados en cuatro causas vigentes en La Araucanía, cuyos juicios están pendientes desde hace un año y medio: asalto a un peaje; quemar camiones, maquinarias y galpones; disparar contra vehículos y atacar un Turbus con 52 pasajeros, en 2009.
Todos los acusados estaban en prisión preventiva y lograron la libertad condicional progresivamente -los dos últimos en febrero y marzo de 2011-, tras una huelga de hambre de 82 días, que finalizó el 12 de junio de 2010.
De acuerdo a fuentes policiales y ligadas a las investigaciones, en las regiones del Biobío y La Araucanía los hechos de violencia asociados al llamado conflicto mapuche, entre el primer y segundo semestre de 2011, subieron de 40 a 139 ataques.
En ambas regiones, el año 2010 fue tranquilo, sin ataques violentos.
Coincidencia
"Después de la huelga de hambre hubo un cambio. La Ley Antiterrorista fue modificada y el Gobierno decidió recalificar las querellas", señaló una fuente cercana a la investigación.
Abogados querellantes en las mismas causas y dirigentes agrícolas calificaron como "sospechosas" las coincidencias entre la libertad de los acusados y el rebrote de la violencia. "Nos preocupa que ellos estén con medidas cautelares -arresto parcial o total en sus propias comunidades- y no hay fiscalización policial para asegurar su cumplimiento efectivo", aseguran.
Las acusaciones contra los 34 mapuches, vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), según el Ministerio Público, no han llegado a juicio por sucesivas postergaciones de las audiencias de preparación.
En la VIII Región, siete han sido los hechos de violencia registrados desde julio pasado en Cañete y Tirúa, tras un 2010 tranquilo. Ese año permanecían detenidos 17 miembros de la CAM que enfrentaron un juicio en Cañete por delitos terroristas. Cuatro fueron condenados y 13 absueltos.

Iván Fredes y Fabián Álvarez