Una institucionalidad adecuada en esta materia requiere de interlocutores válidos y canales institucionales de relación que permitan un diálogo civilizado entre pueblos indígenas y el Estado.

HA PASADO un mes desde el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay en La Araucanía. Es una buena noticia que el gobierno esté avanzando en conversaciones con parlamentarios de todos los sectores políticos para buscar soluciones. Sin embargo, es importante identificar bien cuál es el problema y qué medidas dan respuesta adecuada a ese problema.

Lo primero es entender que este no es sólo un ‘problema de La Araucanía’. Aunque en esta última región existe un grave quebrantamiento del estado de derecho, la cuestión indígena es mucho más que eso y concierne además a todos los pueblos indígenas a lo largo del país. Por lo mismo, mantener el orden público es una condición necesaria, pero no suficiente.

En segundo lugar, debemos asumir que estamos frente a carencias severas en materia de la institucionalidad y que se requiere una reestructuración profunda del marco en el que se desenvuelven las relaciones entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad civil.

Hasta ahora las conversaciones entre el gobierno y parlamentarios versan sobre allegar más recursos a La Araucanía, dado su rezago socioeconómico, así como de la creación de un consejo que represente a los pueblos indígenas y del establecimiento por ley de un mecanismo de consulta que se conforme con el Convenio 169 de la OIT. A lo anterior debe sumarse el anuncio del Presidente de asignar urgencia al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Estas medidas abordan parcialmente las carencias institucionales mencionadas.

Una institucionalidad adecuada requiere de interlocutores válidos y canales institucionales de relación que permitan un diálogo civilizado entre los pueblos indígenas y el Estado. Esos interlocutores y canales hoy no existen o son muy imperfectos. El consenso político al respecto es unánime y de eso dan cuenta proyectos de ley ingresados en la administración anterior y el programa de gobierno del Presidente Piñera.

Las carencias de institucionalidad están en todos los actores y por eso la creación de un consejo que represente a los pueblos indígenas es positiva, pero insuficiente. Por el lado del Estado, se requiere instalar el tema indígena en un órgano público de alto nivel como un ministerio o una subsecretaría. La contrapartida debe ser un consejo de pueblos indígenas de carácter nacional como el que se propone, que represente a las nueve etnias reconocidas en la ley y pueda absorber procesos de consulta indígena de alcance nacional. A lo anterior debe sumarse una reforma de la actual Conadi para transformarla en un servicio público ejecutor de políticas sometido a la Alta Dirección Pública. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas tiene, por su parte, un alto valor simbólico y por eso sería muy positiva su pronta aprobación.

Pero esta reestructuración de la institucionalidad no es posible si no es consultada a los propios indígenas según lo exige el Convenio 169 de la OIT. Para eso se requiere definir previamente un procedimiento permanente de consulta a los pueblos indígenas, el que hoy se encuentra siendo consultado por el gobierno a los mismos indígenas. La OIT no exige que este procedimiento de consulta sea objeto de una ley, y tampoco lo exigen los pueblos indígenas.

por Sebastián Donoso