Señor Director:
Las absoluciones obtenidas por los 17 comuneros mapuches de los cargos imputados por la fiscalía -asociación ilícita terrorista e incendio- por no existir pruebas que los vinculen a los hechos, y la calificación del atentado sufrido por el fiscal Elgueta como un delito común, plantean la interrogante de cómo debemos abordar el tema de la integración de los pueblos originarios en nuestro país
Suponga usted que se instale una civilización más fuerte en nuestro país y nos "recolonice" negando nuestros propios títulos sobre nuestros bienes e imponiéndonos, como pasa en todos los procesos colonizadores, sus propias normas. ¿Lo encontraríamos justo?
Otro tema que se pone de manifiesto en este caso es el de la valoración que se les otorga a las declaraciones de los testigos. Parece absurdo entender que no debe ser objeto de conocimiento del tribunal quién es la persona que presta la declaración y en qué circunstancias esta se encuentra. Testigos sin rostro, sin identidad, sin credibilidad, que obtienen una persecución penal "privilegiada", funcionarios policiales que declaran como testigos de oídas de declaraciones de testigos menores de edad que, a su vez, declaran y se querellan por torturas sufridas en los interrogatorios, no alcanzan para acreditar que un hecho aconteció en la realidad.
Por otra parte, no resulta sostenible intentar solucionar este problema utilizando herramientas puramente penales, calificando conductas como terroristas y criminalizando al pueblo mapuche; al contrario, este camino sólo agudiza y perpetúa la crisis.
Esperamos que a partir de esta sentencia el Estado aborde el tema de las etnias originarias como un asunto de integración de nuestras culturas, pues los mapuches no son terroristas, sino un pueblo originario, con derechos previos a los nuestros y que no podemos continuar sin reconocer.
Gonzalo Rodríguez Herbach
Presidente Asociación Nacional de Defensores