Vale aclararle que ningún comunero mapuche con reivindicaciones territoriales ha sido condenado por terrorismo en La Araucanía, pese a la gran cantidad de juicios que han existido en los últimos 20 años. La única sentencia, del caso Norín Catriman, fue revocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulnerar las garantías de los comuneros. Él es, hasta ahora, el único condenado por terrorismo en La Araucanía.

Finalmente, tras 59 años de lucha armada, la banda de ETA se autodisuelve sin conseguir sus objetivos políticos declarados, después de sembrar de dolor al País Vasco y a España, cuyos sucesivos gobiernos -de distintos signos- no cejaron en defender la integridad territorial ni perseguir a los terroristas.

La historia de ETA es la de un grupúsculo que levantó las banderas de la independencia en momentos finales del régimen franquista, pero que realizó la mayor parte de sus acciones violentistas durante la democracia, a la que pretendió desestabilizar. Sin embargo, su estrategia terrorista fue rechazada de plano por una sociedad que no estaba dispuesta a aceptar la pérdida de libertades ni el sometimiento a una banda que, en definitiva, usó técnicas delictuales para imponer el miedo en todo el país.

Si bien el proceso de disolución era esperado en España, la decisión, anunciada ayer oficialmente por uno de sus líderes prófugos, fue mirada con recelo y escepticismo por los españoles, que consideran que sus delitos no deben quedar impunes.

De la lamentable historia de ETA se pueden sacar numerosas lecciones de cómo un sistema democrático puede defenderse de los ataques a la institucionalidad de parte de sectores que buscan cambiar las condiciones políticas y sociales mediante el terror y el vandalismo. En Chile, la lucha de ETA se puede equiparar a la que vienen realizando grupos mapuches violentistas, que no representan a toda esa etnia, pero que intentan apropiarse de sus legítimas reivindicaciones, en una zona del país con necesidad de desarrollo y progreso.

En España, fue decisivo para la derrota del extremismo vasco que los diversos gobiernos democráticos, tanto del Partido Popular como del socialista PSOE (con el apoyo tácito de todas las fuerzas políticas sin excepción), no dudaran en mantener activa la lucha contra ETA y ejercer, al amparo de la ley, presión militar y policial sobre sus combatientes. Lamentablemente, y es condenable, en ciertos episodios se traspasaron los límites del derecho, transgresiones que deben ser castigadas con el rigor de la justicia.

Nada se hubiera podido hacer contra ETA si no hubiese existido solidaridad internacional, especialmente de Francia, cuyo territorio se usaba como refugio para planear las acciones y parapetarse después de realizados los atentados. Desde el momento en que el gobierno francés colaboró en la persecución de los etarras, sus días estaban contados, y ese apremio resultó fundamental para que la banda considerara el desarme y su disolución. Este tipo de cooperación internacional se echa de menos en América Latina, donde ha faltado el apoyo de gobiernos de la región en casos como la extradición de acusados de terrorismo o del respaldo de referentes políticos y ONG internacionales a los mapuches de La Araucanía.

Tan importante como todo lo anterior para acorralar a la banda vasca fue, a partir de ciertos crímenes atroces, el rechazo social generalizado de sus actos públicos, lo que hizo injustificable su existencia y dio coraje para oponerse férreamente a sus extorsiones a empresarios que, traducidas en "impuestos", contribuían a su financiamiento.

El panorama hoy en España es alentador y viendo el fracaso total de la aventura etarra se puede visualizar que con la aplicación de la ley en todas sus dimensiones se puede conjurar el peligro de que usando la violencia se logren reivindicaciones extremas.

Fuente: http://www.elmercurio.com/blogs/2018/05/04/59949/Las-lecciones-de-ETA.aspx