A primera vista, no existen antecedentes que permitan creer que el 2015 puede ser un año ‘distinto’ en materia de política indígena. Si se mantiene la tónica de conflictos en distintas partes del país -pero en particular en La Araucanía y Arauco-, tendremos una agenda marcada por hechos policiales y judiciales.
En ese escenario los titulares más recurrentes serán la judicialización de proyectos, la represión policial, el conflicto intercultural y el enfrentamiento de los pueblos indígenas con el Estado y los privados. Serían malas noticias para el debate que el país realmente necesita: el ‘modelo de convivencia’ que nos vamos a dar para avanzar hacia una sociedad que nos acoja a todos con nuestras riquezas y diferencias.Pero la historia puede ser otra. La pregunta del millón es por dónde partir. Un buen punto de partida -me atrevo a sugerir- es identificar correctamente cuáles son los principales desafíos en esta materia, y generar el mayor consenso posible sobre los mismos.
Un primer gran desafío, a mi juicio, tiene que ver con la institucionalidad. El Gobierno ha dado un paso clave al iniciar el proceso de consulta sobre las propuestas de creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y de un Consejo (o Consejos) de Pueblos Indígenas. Ambas propuestas son claves porque sitúan el tema indígena en lo más alto de la administración del Estado -el Ministerio- y porque generan un órgano u órganos representativos de los pueblos indígenas –el Consejo o Consejos- cuya falta hoy dificulta enormemente el diálogo.
Un segundo desafío mayor es el rediseño de la política de tierras. Existe consenso político en que el sistema actual es insostenible por un sinnúmero de razones, entre las que destacan los obvios incentivos que aquél genera a la violencia, el clientelismo y la corrupción. Donde no hay consenso es en el sistema que lo debe reemplazar, pues hay propuestas tan disímiles como establecer un mecanismo de expropiación o generar fórmulas de reparación alternativas a la entrega de tierras, como existen en Nueva Zelandia. Aunque parezca innecesario decirlo, este es un debate en el que no pueden estar ausentes las propias organizaciones indígenas. Pero hemos postergado esta discusión más allá de lo que indica la prudencia, y estamos pagando el costo -literalmente- con sangre.
Un tercer desafío, y no menos importante, está en la educación. El sistema actual permite a los pueblos indígenas recibir una educación contextualizada en sus respectivas lenguas y culturas, a través del Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Pero una auténtica interculturalidad no puede ser una vía de un solo sentido. Debemos avanzar hacia un sistema que permita a todos los chilenos educarse en la interculturalidad, fomentando así un mayor conocimiento, respeto y cariño no sólo por nuestras raíces sino por la expresión viva de cada uno de los pueblos indígenas en el Chile de hoy.
Más de alguien podrá pensar que todo esto está muy bien pero que los tres desafíos mencionados son procesos de largo aliento y que requieren difíciles consensos. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué se puede esperar del 2015?
Me parece que el principal desafío de corto plazo es del Gobierno, y es nada menos que articular una política indígena, generar una agenda y establecer un liderazgo claro a su respecto. El Intendente Huenchumilla ha hecho un esfuerzo encomiable para cambiar las reglas del juego pero lamentablemente su ámbito de acción -como él mismo lo ha reconocido- está limitado a La Araucanía. Central en esta agenda deberá ser sacar adelante la consulta hoy en curso de un modo que otorgue legitimidad a las instituciones que se pretende crear, para lo cual una vigorosa participación de las organizaciones indígena será fundamental.
Pero además el 2015 podría ser -desafío para todos pero el puntapié inicial debe darlo el Gobierno- el punto de partida para un proceso de diálogo sin precedentes sobre la sensible cuestión de las tierras, la educación y varios otros temas que tendrán cada vez más relevancia en la agenda -como la participación política de los pueblos Indígenas en el Congreso.
Avanzar en todos estos temas -institucionalidad, tierras, interculturalidad, participación política- debieran en el mediano y largo plazo contribuir a que la situación de conflicto en el sur se vaya superando. Permitiría además construir ese ‘modelo de convivencia’ al que ya me he referido.
Mientras tanto, el Gobierno tiene el deber ineludible de explicarle a la ciudadanía -y en particular a los habitantes de la Araucanía y Arauco- qué medidas tomará en 2015 para proteger la vida, la integridad y los intereses de todos sus habitantes.
Sebastián Donoso, abogado
Estudió derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y políticas sociales en la London School of Economics and Political Science. Ha trabajado en el sector público y privado, siempre vinculado a los recursos naturales y a los asuntos indígenas. Hoy complementa el ejercicio de la abogacía con la academia y el interés por la cosa pública. Lo apasiona la historia de la independencia de Chile y la filosofía política.
Colaborador : Carlos Pilquil
