Dar seguridad a los ciudadanos de esa región es una condición necesaria para ir ofreciendo al menos la posibilidad de una actividad económica sana, en una localidad rural con alta tasa de extrema pobreza.

La forma violenta que crecientemente han adoptado las reclamaciones mapuches en la comuna de Ercilla ha tenido un impacto que se traduce en alto temor, elevado desempleo, ausencia de inversiones y caída en el valor de la tierra. Aunque es un hecho bien establecido que se trata sólo de pequeños grupos radicalizados los que protestan con medios violentos -principalmente atentados incendiarios-, las consecuencias las pagan todos los habitantes de la zona, que han experimentado una merma durísima en su actividad económica y en sus condiciones de vida. Las perspectivas para los jóvenes que viven en la comuna, sean de sectores rurales o de la ciudad misma de tres mil habitantes, no son auspiciosas y no cabe extrañarse de que la población no muestre crecimiento alguno en los últimos años.

El conflicto en la Región de La Araucanía tiene antiguos orígenes, pero no hay duda de que se ha complicado en los últimos años debido a políticas públicas mal concebidas. Sorprendidos por las protestas mapuches, los gobiernos de la década de 1990 improvisaron una política de compra y entrega de tierras como medida transitoria para superar la emergencia. Pero a falta de un buen diagnóstico y sin gran interés político por buscar soluciones verdaderas, la política de compra de tierras se volvió permanente, aunque con poca coherencia, haciéndose entrega a las comunidades cuyas protestas eran más notorias y, posiblemente -según las denuncias de los menos favorecidos-, las que tenían mejores posibilidades de ejercer presiones indebidas ante las autoridades. Como consecuencia, se observa una zona empobrecida, que no recoge los progresos de nuestra economía en la medida en que debería hacerlo.

El Gobierno dice haber rectificado algunos de los errores del pasado reciente, pero la violencia en esa zona, lejos de disminuir, ha recrudecido en el último tiempo. El Presidente de la República ha encabezado una cumbre de seguridad con el fin de buscar caminos para superar los más recientes problemas provocados por los pequeños grupos violentistas. Dar seguridad a los ciudadanos de esa región es una condición necesaria para ir ofreciendo al menos la posibilidad de una actividad económica sana, que permita el progreso material de los habitantes de una localidad rural con alta tasa de extrema pobreza.

Establecidas las normas mínimas de seguridad y de libertad para trabajar, debería avanzarse hacia un mejor entendimiento con el pueblo mapuche. Las experiencias internacionales son interesantes, pero a su respecto existen numerosas interpretaciones que están lejos de suscitar un respaldo unánime. La necesidad de fomentar un mayor respeto por la cultura de los pueblos originarios es sin duda una tarea pendiente en Chile. El cultivo de la tierra no es el único ni el principal factor cultural que une a los mapuches. Según los estudios, el respeto y fomento del idioma mapuche puede ser mucho más importante para mantener la identidad de ese pueblo. Al respecto, es considerable lo que se puede hacer, por ejemplo, en educación bilingüe, señalética pública, atención por los servicios de salud, procedimientos judiciales, que podría mejorar la comunicación entre las diferentes etnias que pueblan Chile.

Entretanto, el clima de violencia continúa agravando las cosas, y los 128 ataques registrados contra las empresas forestales o agrícolas en lo que va de este año -que se comparan con una cifra casi idéntica el año anterior-, y las consecuencias económicas que eso acarrea para todos los habitantes de la comuna, sólo alejan las verdaderas soluciones. El precio de la tierra y las tasas de desempleo en Ercilla, especialmente en los jóvenes, pueden ser un verdadero indicador del grado de crispamiento o pacificación en la zona araucana.