La Comisión de Observación y Resguardo de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios constituida por artistas, religiosos, entidades asociativas, líderes sociales estudiantiles y sindicales; académicos y defensores de los Derechos Humanos y a la que han adherido diversas organizaciones y personalidades del mundo social y académico, nos encontramos reunidos en este lugar que otrora fuera la entrada a la Vicaría de la Solidaridad, y tal como ella ayer, queremos colocarnos al servicio de la VIDA y la JUSTICIA, respecto de los 8 pueblos originarios que habitan en nuestro país y que el actual sistema económico y político, inspirado en la extracción de los recursos naturales, los coloca en peligro de extinción; especial mención nos merece, la extrema militarización de la Araucanía donde se han desconocido los derechos básicos de las personas, destruido precarios enseres en los allanamientos practicados por equipos policiales que ingresan a las moradas a altas horas de la madrugada, agrediendo a familias humildes y deteniendo sin fundamentos.

Es frente al diseño de un sistema policial que actúa como si estuviese en “guerra” con una parte de nosotros es que no podemos ni debemos callar ni mucho menos permanecer indiferentes porque dicha “guerra” tiene carácter genocida, hecho que en democracia resulta una aberración.
Desde hace ya varios años, diversas voces hemos venido planteando a las autoridades chilenas que la solución al llamado conflicto mapuche, es y será fruto de la JUSTICIA; resulta paradojal y directamente proporcional la pobreza de la población mapuche con la riqueza de sus tierras tras las cuales están empresas nacionales y extranjeras; la política institucional traducidas en las “Cumbres de la Araucanía” que el gobierno ha organizado, han tenido como resultado el fortalecimiento de la política represiva y policial que se ha traducido en el aumento de la dotación policial, mayor armamento y equipamiento terrestre y aéreo destinado a las unidades apostadas en propiedades privadas y empresariales; el funcionamiento de los Equipos de Reacción Táctica Antinarcóticos-ERTA, que son oficiales de la policía civil altamente entrenados y, recientemente, el funcionamiento de las Patrullas Étnicas que operan en Padre las Casas; Collipulli y Cañete. Nulas son las políticas públicas que se derivan y a las que obliga la firma del Convenio 169 de la OIT y que, entre otros, consagra derechos territoriales, culturales y religiosos a los mapuche. Hoy, aún encarcelados los presos políticos, no pueden practicar sus rogativas ni realizar sus ceremonias espirituales como ha sido la reciente suspensión del Wiñol Tripantu en las cárceles por orden de la Ministra de Justicia.
Por todo ello, es que esta Comisión de Observación y Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios llama a la comunidad nacional e internacional a mantener la solidaridad con el pueblo mapuche especialmente, sus niñez violentada y muchas veces herida a perdigones; y exigimos al Estado chileno avanzar en políticas públicas efectivas, con la JUSTICIA como norte y con respeto a la VERDAD HISTORICA que merece uno de nuestros primeros habitantes, como es el pueblo mapuche. En lo inmediato exigimos:
1.- La libertad sin condiciones de los presos políticos mapuche, y de quienes, sin serlo, se encuentran presos por solidarizar en pro de sus demandas.
2.- Promover con urgencia una ley de indulto general a los presos por este conflicto territorial y, en lo inmediato, la consagración del debido proceso en las causas judiciales, término de la actual prisión preventiva prolongada e ilegal y acceso real a la defensa y a la justicia para todos los integrantes de los pueblos originarios detenidos y procesados por defender sus tierras.
3.- Creación de una instancia de diálogo permanente entre el Estado chileno y los representantes legítimos del Pueblo mapuche lo que el Estado chileno permanentemente ha negado y tergiversado.
4.- Reconocimiento de la autodeterminación y formas de representación y autogobierno para el pueblo mapuche.
5.- Recuperar de los territorios mapuches para sus comunidades y que en su gran mayoría se encuentran en manos de empresas forestales, proyectos energéticos y mineros. Fin inmediato de las autorizaciones que el Estado está entregando a las empresas forestales para aumentar las superficies de explotación comerciales que violan el Convenio 169 de la OIT, destruyen el medio ambiente e impiden que se desarrollen las políticas de devolución de tierras.
6.- Pleno respeto del Convenio 169 de la OIT, firmado y ratificado por Chile a fin que los pueblos originarios sean efectivamente consultados sobre las políticas y programas sociales y de inversión que les conciernen.
7.- Resguardo de la integridad física y psíquica de la niñez mapuche y cumplimiento de todos los compromisos establecidos por el Estado chileno ante el concierto internacional en materia de Derechos Humanos.
Firman:
Viviana Díaz, Premio Nacional de Derechos Humanos.
Sergio Grez Toso, historiador y académico de la Universidad de Chile.
Diego Vela, Presidente de la Directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC.
Roberto Márquez, músico, conjunto Illapu.
Andrés Fielbaum, Presidente de la Directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH.
Bárbara Figueroa, Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Nolberto Díaz, Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Juan Flores, músico.
Elizabeth Pilquil, Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Osvaldo Aravena, Presidente de la Corporación Más Democracia.
Juana Aguilera, Manuel Andrade por la Comisión Ética Contra la Tortura, Chile y Secretariado Europeo, CECT.