Si no hay acuerdo con las cuatro familias pehuenches que se oponen a permutar sus tierras para el funcionamiento de Ralco, en un par de semanas más Endesa retirará su oferta de indemnizarlas con 200 millones de pesos a cada una. Así trascendió ayer en fuentes vinculadas a la negociación, quienes explicaron que luego de esas semanas sólo regirá la tasación legal que haya efectuado la Comisión de Hombres Buenos y que es bastante inferior al actual ofrecimiento de la compañía eléctrica. Diaro El Sur sábado 5 de abril de 2003
Negociación clave por Ralco
- La empresa ha resuelto pagar sólo lo que indica la tasación legal a las cuatro familias que no han permutado sus tierras.
- La suma fijada es superior a la resuelta por "los hombres buenos", pero muy inferior a los 10 mil millones de pesos que los abogados están reclamando como compensación.
Si no hay acuerdo con las cuatro familias pehuenches que se oponen a permutar sus tierras para el funcionamiento de Ralco, en un par de semanas más Endesa retirará su oferta de indemnizarlas con 200 millones de pesos a cada una.
Así trascendió ayer en fuentes vinculadas a la negociación, quienes explicaron que luego de esas semanas sólo regirá la tasación legal que haya efectuado la Comisión de Hombres Buenos y que es bastante inferior al actual ofrecimiento de la compañía eléctrica.
En este mismo sentido, el gerente general de Endesa, Héctor López, sostuvo recientemente ante los accionistas de la empresa que no se aceptarán las desmesuradas demandas de las cuatro familias disidentes.
Aunque oficialmente ninguna de la partes ha querido revelar cuáles son los montos en discusión, se supo que los abogados de los pehuenches están solicitando alrededor de 10 mil millones de pesos, considerando indemnizaciones en dinero en efectivo y compensaciones en tierras.
El abogado de las familias indígenas, Roberto Celedón, negó que se tratará de estas cifras. No obstante, admitió que están pidiendo que se page 200 millones de pesos a cada uno de los hijos de los familias involucradas.
Respecto a un presunto plazo que habría fijado el gerente de
Endesa para llegar a un acuerdo, Celedón sostuvo que se trata de
un ultimátum al gobierno, lo que a su juicio es una situación
grave, porque se está induciendo al Estado a infringir el derecho
internacional que se comprometió a respetar, ya que tendría
que hacer valer la tasación legal, proceso que actualmente está
detenido por una medida cautelar solicitada por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
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