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La conmemoración de los 510 años del descubrimiento de América se ha visto afectada por diversas declaraciones y manifestaciones de miembros de las comunidades mapuches y organizaciones no pertenecientes a sus pueblos, que persiguiendo distintos objetivos les dan su apoyo.
Lamentablemente, hay quienes se aprovechan de los planteamientos y peticiones de los naturales en beneficio de sus propios postulados, ideológicos o partidistas, para tratar de crear un clima de agitación y de caos, con acciones de violencia y atentados contra las personas y la propiedad pública y de terceros, provocando desorden y desconcierto. Es lo ocurrido con la marcha de pehuenches del Alto Biobío hasta Concepción, que persiguen la restitución de 250.000 hectáreas de terrenos, que sirvió de pretexto para que nuevamente aparecieran grupos de encapuchados en el sector de la Universidad de Concepción, causando los habituales desmanes de quemar neumáticos, enfrentarse a Carabineros con bombas molotov y lanzar cadenas al tendido eléctrico provocando la interrupción del suministro.
No es ésa la manera de buscar solución a peticiones, que en ciertos casos y de acuerdo a sus fundamentos, pueden ser justas y merecer la debida atención. Para ello los requerimientos deben ser analizados con detención y en concordancia con los antecedentes jurídicos en que se basen, sobre todo en una materia tan delicada como la reivindicación de tierras, que los mapuches reclaman pertenecerles y cuya devolución exigen.
En esta perspectiva lo único que puede tener validez es un diálogo sereno con las autoridades sobre una base de justicia y equidad, que permita avances que satisfagan, hasta donde sea posible y realista hacerlo, las pretensiones de restablecimiento de tierras. Como lo ha señalado el subsecretario de Planificación, Jaime Andrade, el Estado no tiene capacidad para responder a la totalidad de las demandas que realizan las comunidades indígenas del país.
Lo importante, pues, es buscar la colaboración de los distintos sectores involucrados y establecer una manera conveniente de adecuar sus posiciones a los programas de beneficio indígena y a lo establecido en la ley. El mismo subsecretario ha subrayado que el gobierno está empeñado en un proceso ordenador del Fondo de Tierras de la Conadi, sobre la base del cual se priorizarán las futuras adquisiciones, recordando que desde 1994 se adquirieron 215 mil hectáreas con las que se benefició a 5.800 familias. Debe tenerse presente a la vez que la Ley Indígena otorga facultades de adquisición de tierras, pero no es expropiatoria, por lo que deben respetarse los derechos de los actuales dueños de terrenos reclamados, sin perjuicio de buscar, si así procede, acuerdos justos que sin perjudicarlos puedan favorecer a grupos indígenas. Lo importante, entonces, es alcanzar un clima pacífico, de entendimiento y mutua colaboración, que respete y reconozca, en lo que corresponde, los derechos de los indígenas, en igualdad de condiciones ante la ley.
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