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La conmemoración de los 510 años del descubrimiento
de América se ha visto afectada por diversas declaraciones y manifestaciones
de miembros de las comunidades mapuches y organizaciones no pertenecientes
a sus pueblos, que persiguiendo distintos objetivos les dan su apoyo.
Lamentablemente, hay quienes se aprovechan de los planteamientos y peticiones
de los naturales en beneficio de sus propios postulados, ideológicos o
partidistas, para tratar de crear un clima de agitación y de caos, con
acciones de violencia y atentados contra las personas y la propiedad pública
y de terceros, provocando desorden y desconcierto. Es lo ocurrido con
la marcha de pehuenches del Alto Biobío hasta Concepción, que persiguen
la restitución de 250.000 hectáreas de terrenos, que sirvió de pretexto
para que nuevamente aparecieran grupos de encapuchados en el sector de
la Universidad de Concepción, causando los habituales desmanes de quemar
neumáticos, enfrentarse a Carabineros con bombas molotov y lanzar cadenas
al tendido eléctrico provocando la interrupción del suministro.
No es ésa la manera de buscar solución a peticiones, que en ciertos casos
y de acuerdo a sus fundamentos, pueden ser justas y merecer la debida
atención. Para ello los requerimientos deben ser analizados con detención
y en concordancia con los antecedentes jurídicos en que se basen, sobre
todo en una materia tan delicada como la reivindicación de tierras, que
los mapuches reclaman pertenecerles y cuya devolución exigen.
En esta perspectiva lo único que puede tener validez es un diálogo sereno
con las autoridades sobre una base de justicia y equidad, que permita
avances que satisfagan, hasta donde sea posible y realista hacerlo, las
pretensiones de restablecimiento de tierras. Como lo ha señalado el subsecretario
de Planificación, Jaime Andrade, el Estado no tiene capacidad para responder
a la totalidad de las demandas que realizan las comunidades indígenas
del país.
Lo importante, pues, es buscar la colaboración de los distintos sectores
involucrados y establecer una manera conveniente de adecuar sus posiciones
a los programas de beneficio indígena y a lo establecido en la ley. El
mismo subsecretario ha subrayado que el gobierno está empeñado en un proceso
ordenador del Fondo de Tierras de la Conadi, sobre la base del cual se
priorizarán las futuras adquisiciones, recordando que desde 1994 se adquirieron
215 mil hectáreas con las que se benefició a 5.800 familias. Debe tenerse
presente a la vez que la Ley Indígena otorga facultades de adquisición
de tierras, pero no es expropiatoria, por lo que deben respetarse los
derechos de los actuales dueños de terrenos reclamados, sin perjuicio
de buscar, si así procede, acuerdos justos que sin perjudicarlos puedan
favorecer a grupos indígenas. Lo importante, entonces, es alcanzar un
clima pacífico, de entendimiento y mutua colaboración, que respete y reconozca,
en lo que corresponde, los derechos de los indígenas, en igualdad de condiciones
ante la ley.
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