La empresa Endesa de Chile elaboró un gran proyecto de construcción de 7 centrales hidroeléctricas a lo largo del río Bío Bío, VIII Región, de Chile. A pesar de los informes negativos de 22 organismos públicos y la posterior negativa del Banco Mundial de seguir en la financiación por transgredir su código ético en materia de respeto a pueblos indígenas y criterios ambientales, se obtuvo la aprobación ambiental para la construcción de la segunda central hidroeléctrica, “Ralco”, que implica inundar 630 hectáreas de tierras indígenas y la desaparición de dos comunidades pehuenche, que habitan la Cordillera de Los Andes. El pasado 5 de abril del 2002, a solicitud de Endesa España, el gobierno de Chile ha nombrado una Comisión de Hombres Buenos para evaluar o tasar sus tierras e imponerles, en el marco de la Ley Eléctrica, la servidumbre de inundación que significa una verdadera expropiación de tierras indígenas.  Ecoportal, 18 de julio de 2002 

Ecoportal, 18 de julio de 2002.

CHILE - U.E.
 

Mapuche International Link-M I L - La empresa Endesa de Chile, originalmente estatal y última en ser privatizada por el régimen dictatorial de Pinochet, elaboró un gran proyecto de construcción de 7 centrales hidroeléctricas a lo largo del río Bío Bío, VIII Región, de Chile. Después del inicio de la construcción de la primera central hidroeléctrica, denominada “Pangue”, financiada por el Banco Mundial, los gobiernos democráticos lograron la aprobación de la Ley Indígena (Nº19.253, de 5 de octubre de 1993) y la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300, de 9 de marzo de 1994), lo que impuso un marco jurídico distinto para la continuación de ese gran proyecto hidroeléctrico en el Alto Bío Bío.

A pesar de los informes negativos de 22 organismos públicos y la posterior negativa del Banco Mundial de seguir en la financiación por transgredir su código ético en materia de respeto a pueblos indígenas y criterios ambientales, tras un cúmulo de abusos e iniquidades se obtuvo la aprobación ambiental para la construcción de la segunda central hidroeléctrica, “Ralco”, que implica inundar 630 hectáreas de tierras indígenas y la desaparición de dos comunidades pehuenche, que habitan la Cordillera de Los Andes, en el Alto Bío Bío, desde tiempo inmemoriales.

La construcción de la totalidad de las centrales hidroeléctricas proyectadas implicará la desaparición del pueblo mapuche-pehuenche, cuyo nombre proviene del pino “pehuen”, de cuyo fruto vive este pueblo indígena.

La empresa Endesa España, después de adquirir las acciones de su homóloga chilena, a pesar de la oposición indígena continuó con la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, infringiendo la propia normativa ambiental impuesta como condición para su realización y violando flagrantemente la Ley Indígena. Atendido a que la realización del proyecto exigía la relocalización de 93 familias pehuenche, se ejercieron constantes presiones sobre los indígenas afectados, doblegando la resistencia de muchas familias ante la desesperanza y amenazas de ser expulsadas de no abandonar sus tierras.

En este marco, 8 familias pehuenche han mantenido su oposición a las permutas de sus tierras. El pasado 5 de abril del 2002, a solicitud de Endesa España, el gobierno de Chile ha nombrado una Comisión de Hombres Buenos para evaluar o tasar sus tierras e imponerles, en el marco de la Ley Eléctrica, la servidumbre de inundación que significa una verdadera expropiación de tierras indígenas. Dichas tierra tienen, sin embargo, un estatuto jurídico especial de protección que consagra la referida Ley Indígena. Asimismo, ello significaría la expulsión o evicción forzada de sus tierras, donde han nacido y vivido siempre los pehuenche, resguardando la cultura, tradiciones y cultos sagrados que heredaron de sus antepasados.

El peligro es inminente, con consecuencias gravísimas no sólo para las 8 familias pehuenche sino también para el conjunto del pueblo mapuche. Violando flagrantemente la ley, una empresa europea, transnacional, impone sus intereses sobre la propia ley del país huésped y violando los derechos humanos y derechos de un pueblo indígena a sus tierras, identidad y cultura.

Por todo ello, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo recibirá el dia 10 de julio de 2002 a una delegación mapuche-pehuenche junto con varios diputados del Parlamento Balear. Acompañaran a la delegación dos miembros de la ONG de Menorca, “Comité de Solidaritat amb els pobles d’América”. El motivo de dicha audiencia es dar a conocer los motivos de oposición de los pehuenche a la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco, mencionada anteriormente

El Parlamento Balear aprobó por unanimidad, el 11 de abril del 2000, una Proposición no de Ley, que expresaba su solidaridad y compromiso con el pueblo mapuche-pehuenche.

La gestión de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Balear ha permitido materializar dicha audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, oportunidad inédita que permitirá traducir concretamente el interés y compromiso de los pueblos europeos y sus representantes con los derechos humanos y, en especial, los derechos de los pueblos indígenas, los más postergados entre los postergados.

Ante el inminente Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Chile y las cláusulas democráticas y de respeto a los derechos humanos que tal acuerdo contiene, es pertinente requerir la más pronta acción de la Comisión de Derechos Humanos a fin de que conozca in situ la situación denunciada y previa a la ratificación de tan importante Acuerdo con Chile, exija, ante quienes corresponda, que no se inunde tierra indígena no permutada, única manera permitida por la legislación chilena de lograr el reasentamiento o relocalización de familias indígenas de sus tierras. Dicha delegación mapuche-pehuenche, instará a la Unión Europea a que exija a las empresas transnacionales, de origen europeo, a que respeten estrictamente las resoluciones de las autoridades comunitarias con relación a los derechos de los pueblos indígenas y preservación del medio ambiente. Y con urgencia, exigir a la empresa Endesa España un estricto respeto de los derechos humanos de los indígenas gravemente comprometidos con la construcción de la central hidroeléctrica Ralco y de las cinco más, cuya construcción amenazan la existencia del pueblo mapuche-pehuenche.-

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