El consejero nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Hilario Huirilef aseguró que tiene antecedentes que se trataría de cinco procesos de compra de predios en conflicto ubicados en Pitrufquén, Galvarino, Purén, Ercilla, de los cuales uno se habría concretado el año pasado. Por esto, solicitará que se investigue la totalidad de las compras ejecutadas el año 2000 por el artículo 20, letra B de la Ley Indígena, que este año superó los 4 mil millones de pesos. Austral, 2 de junio de 2001

 

Año LXXXVI - Nro. 30.814Sábado 2 de junio de 2001

Reacciones parlamentarias

El senador de la UDI Francisco Prat sostuvo que frente a los hechos denunciados al interior de la Conadi, debiera activarse el Consejo de Defensa del Estado porque -según a su juicio- estos conflictos artificiales y sus correspondientes hechos delictivos han dañado la propiedad pública, privada y a agentes del Estado. 

Agregó que "hasta ahora se han detectado cinco casos de cohecho, vale decir, determinación de sobreprecios para la compra de predios, lo que indica que puedan existir más casos similares". 

Por su parte, el diputado Luis Monje aseguró que el 90 por ciento de los terrenos adquiridos por la Conadi se han hecho en forma irregular y se han pagado sobreprecios de cuatro y cinco veces su valor.

"Los sobreprecios se repartían entre consejeros de la Conadi, entre funcionarios, entre los tasadores y corredores de propiedades. Las comisiones eran de 400 mil pesos y han llegado a 700 mil pesos por hectárea".

Explicó que en la IX Región una hectárea tiene un valor promedio de $500 mil a $600 mil, pero la Conadi ha pagado hasta $2 millones 700 mil por hectárea. En tanto, el candidato a senador de la UDI Eduardo Díaz Herrera fue enfático en señalar que hay que aclarar pronto las irregularidades para no seguir perjudicando al pueblo mapuche.

Finalmente, el senador Jorge Lavandero afirmó que licitar las tierras que compre la Conadi es el mecanismo más transparente para negociar con las comunidades. Por otro lado, descartó que entre los responsables existan militantes del partido de la Democracia Cristiana, esto según un estudio privado encargado por la colectividad política.

Toda la verdad en caso Conadi

Los fiscales encargados de investigar el escándalo Conadi realizan diversas diligencias en completo hermetismo.

En absoluto hermetismo los tres fiscales que investigan el escándalo Conadi ayer realizaron diversas diligencias con el propósito de reunir el máximo de antecedentes que permitan esclarecer las denuncias de presuntas irregularidades en la compra de tierras.

Durante la mañana funcionarios del Consejo de Defensa del Estado se reunieron con los fiscales en la Fiscalía de Temuco para hablar del caso. Al respecto el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, informó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellará contra quienes aparezcan como imputados en la investigación por supuestas irregularidades cometidas en la compra de terrenos por porte de la Conadi.

Cabe recordar que la Fiscal Regional, abogada Esmirna Vidal, nombró a los fiscales Alejandro Ivelic, Jaime Pino y a Luis Toledo para realizar la exhaustiva investigación y establecer si las denuncias son constitutivas de delito.

Los encargados de la investigación han interrogado a varias personas con el sólo propósito de establecer cómo operaban los involucrados. En las últimas horas trascendió que fue llamado a declarar un ex promotor de la Conadi de Lautaro, quien tendría antecedentes claves que aportar a la investigación.

Cuando los fiscales tengan los antecedentes suficientes estarán en condiciones de formalizar la investigación en contra de los imputados ante un juez de Garantía, pero también existe la posibilidad que después de varios meses de investigación lleguen a la conclusión que los antecedentes que hay respecto a una denuncia que está caratulada como "cohecho", no constituye delito.

Los encargados de investigar están trabajando en el caso apoyados por un equipo especial de la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros (SIP), que integra peritos en documentología. Durante estos días los especialistas han iniciado el trabajo de revisión de los documentos que le fueron incautadas al cuestionado organismo.

Cabe hacer presente que la denuncia fue presentada la semana pasada en la Fiscalía de Temuco por la fiscal subrogante de la Conadi, abogada Andrea Reyes. Una vez presentada la denuncia la Ministra de Planificación y Cooperación, Alejandra Krauss, solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría extraordinaria y dio un plazo de 45 días para reestructurar el organismo.

El fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena viajará la próxima semana a Temuco a entrevistarse con ministros de la Corte de Apelaciones, con los fiscales investigadores del caso, con el contralor regional y con las policías.
 

 
 
 

TENSION

Reuniones que se prolongan por horas, caras llenas de nerviosismo, abrir y cerrar de puertas, funcionarios que portan gran cantidad de documentos y se trasladan raudamente de un lugar a otro.

Este es el ambiente que se vivía ayer en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, donde la tensión que ha producido el caso denominado "escándalo Conadi" se puede percibir en el ambiente.

Una fuente ligada al caso, quien no quiso proporcionar su identidad, entregó reveladores antecedentes respecto a las irregularidades en la compra de tierras.
 

 

TERRENOS

La fuente ligada a la investigación del caso Conadi afirmó que uno de los predios donde se habrían detectado irregularidades corresponde a Quinque, ubicado en la comuna de Pitrufquén, cercanías de la localidad de Comuy camino a Nueva Truria.

En este terreno de 40 hectáreas y que fue entregado a la comunidad de Manque, se estarían investigando irregularidades como el pago de doble título.

La información que deja en evidencia que las investigaciones se estarían concentrando tanto en la IX como en la VIII y X regiones del país, sostienen que uno de los predios donde también se habrían registrado irregularidades es Pitril, entregado hace unos años a comunidades pehuenches del Alto Bío Bío. El terreno dividido en varias parcelas está ubicado a uno 15 kilómetros de Ralco, hacia la cordillera, en la VIII región.

Cabe precisar que en ese sector se encuentran las comunidades de Cauñicu, Queuco, Trapatrapa y Butalelbún.

El informante precisó que esta información será entregada en los próximos días a la ministra de Mideplan Alejandra Krauss.
 

 

DIRECTOR

El director nacional del organismo, Edgardo Lienlaf, a través de un boletín de prensa interno hizo un llamado a los funcionarios de la Conadi a que presten toda la ayuda a las autoridades responsables de la investigación.

"Llamo a todos los que trabajan en este servicio, a cooperar y prestar toda la ayuda a las autoridades responsables de la investigación en curso. De esto dependerá en primer lugar, la rapidez con la cual se resolverá este problema", precisó.

En la declaración que va dirigida hacia los funcionarios de la institución el Lienlaf explica que existe información que en el seno de la Conadi se cometieron graves irregularidades.

A través del boletín el director nacional del organismo asevera que al informarse de lo que estaba ocurriendo, no dudó en interponer una demanda judicial en contra de los que resulten responsables.

En la declaración, Edgardo Lienlaf, reconoce y pide a sus funcionarios que estén conscientes que éste es el problema más complejo que les ha tocado enfrentar.

Cabe recordar que la ministra Alejandra Krauss le dio 45 días al director nacional de la Conadi y al jefe de la División de Inversiones de Mideplan, Juan Cavada Artigues, para proponer un plan de reestructuración al interior del organismo, lo que ha generado una sensación de incertidumbre respecto a la situación laboral en la decena de funcionarios, porque no saben si van a continuar en los cargos que hoy ocupan.

Esta situación también ha provocado momentos de mucha tensión en los diferentes departamentos de la corporación y la mayoría reza porque la pesadilla termine y el escándalo Conadi sea recordado sólo como un mal sueño.
 

 
 
 

HUIRILEF

Frente a las irregularidades que se han detectado al interior de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el consejero nacional de dicho organismo, Hilario Huirilef aseguró que funcionarios de "alta responsabilidad" estarían ejerciendo presión contra la funcionaria que denunció los hechos.

Huirilef agradeció a la profesional Andrea Reyes por hacer públicas las denuncias de corrupción y al mismo tiempo dijo que se preocupará personalmente de ella para que continúe ejerciendo su cargo.

El personero recalcó que existen dos casos concretos de irregularidades que nos han sido considerados en la investigación.

Por una parte, dijo que en Pitrufquén, en la comunidad de Trapehue, la Conadi compró dos predios por la suma de $ 200 millones a un particular que resultó no ser dueños de los terrenos.

Sostuvo también que en Gorbea, la Conadi pagó alrededor de $ 250 millones por 184 hectáreas, que finalmente resultaron ser sólo 145 hectáreas de terreno. "En este caso se cometieron dos irregularidades, en el informe topográfico y en el informe jurídico".

El consejero señaló que el informe de ambos casos los entregará este lunes a la fiscalía local de Temuco.

También consideró como irresponsable la actitud de Edgardo Lienlaf al no acoger la denuncia que el consejo le hizo llegar el 12 de enero del 2000. "Los únicos responsables de estos hechos son las personas encargadas del departamentos de tierras. Lienlaf debería aclarar este punto y señalar claramente hacia que departamento está dirigida la investigación, para que no todos los funcionarios de la Conadi aparezcan como responsables".

En cuanto a cuáles serían las situaciones irregulares que se estarían investigando, Huirilef precisó que tiene antecedentes que se trataría de cinco procesos de compra de predios en conflicto ubicados en Pitrufquén, Galvarino, Purén, Ercilla, de los cuales uno se habría concretado el año pasado. Por esto, solicitará que se investigue la totalidad de las compras ejecutadas el año 2000 por el artículo 20, letra B de la Ley Indígena, que este año superó los 4 mil millones de pesos.
 

 

SUSTITUCION

Frente al "escándalo Conadi", el diputado Eugenio Tuma solicitó la sustitución inmediata de las personas que son investigadas en la Conadi para evitar la paralización del trabajo que desarrolló el fondo de aguas y tierras.

El parlamentario reiteró que la Conadi y el Mideplan son los principales responsables por no haber tomado en cuenta, en 1999, las conclusiones y recomendaciones de una Comisión Investigadora de la Cámara Baja acerca de un conjunto de situaciones irregulares.

"Estas irregularidades perjudican a los indígenas, ya que el alza artificial de los precios de algunos predio, provocadas por la colusión de algunos funcionarios de la Conadi con dueños de estos terrenos ha tenido como consecuencia que se compren menos tierras de las debidas", puntualizó


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