Opinión. El Presidente de la República ha advertido contra quienes, inspirados en la serie de atentados y agresiones cometidos supuestamente por comuneros mapuches, intentan crear grupos de autodefensa. Ha señalado que el estado de derecho tiene sus propias instituciones y hay que dejar que éstas funcionen. Asimismo, el subsecretario del Interior, Jorge Burgos, ha restado importancia a los hechos y tras reiterar que no pretende aplicar la ley antiterrorista, considera que los hechos son simplemente delitos comunes. Sin embargo, urge considerar otros aspectos y antecedentes. Diario El Sur, 31 de enero de 2001

El Presidente de la República ha advertido contra quienes, inspirados en la serie de atentados y agresiones cometidos supuestamente por comuneros mapuches, intentan crear grupos de autodefensa. Ha señalado que el estado de derecho tiene sus propias instituciones y hay que dejar que éstas funcionen. Asimismo, el subsecretario del Interior, Jorge Burgos, ha restado importancia a los hechos y tras reiterar que no pretende aplicar la ley antiterrorista, considera que los hechos son simplemente delitos comunes.

Sin embargo, urge considerar otros aspectos y antecedentes. El primero, es que la política de apaciguamiento aplicada por el gobierno no ha dado resultado, cualquiera sea la calificación que merezca su buena intención de no querer ahondar un problema de por sí complejo. No falta, en este sentido, razón a los diputados Tuma y Huenchumilla, cuando dicen que no se arregla la situación con medidas policiales, pues es parte de un conflicto histórico mucho mayor.

Pero tampoco cabe quedarse en esa perspectiva. La quema intencional de 70 hectáreas del fundo de la familia Jequier, por no compartir los frutos de su cosecha con los comuneros aledaños, supone una carga impropia para los particulares y un atentado directo contra sus bienes y personas. En este sentido, la autoridad pública no ha podido contener los desmanes, que adquieren rasgos cada vez más acusados de lucha organizada, financiada desde el exterior por activistas y fundaciones del Primer Mundo y que comprometen operaciones de imágenes. Lejos está, entonces, una categoría de delito común a hechos que objetivamente siguen una planificación y estrategia bien precisa.

En segundo lugar, la quema de predios, los atentados contra vehículos y personas, las tomas de predios y casas, exacerban los ánimos de las partes. No son en este sentido los particulares los llamados a solucionar el conflicto histórico de los mapuches, sino el Estado con políticas adecuadas. Pero sea cual sea la solución, ello no implica renunciar a los elementos que la ley y el orden legítimo proporciona. La cobertura de la ley, la protección policial, el apoyo gubernamental, ha estado siendo ineficiente en este sentido y ello alienta visiones más radicales acerca de la protección de sí mismos. Si la escalada persiste, no sólo se agravará la situación de la IX Región, carente de inversión por este mismo fenómeno, sino además se presentarán signos de violencia a lado y lado, donde hay hasta ahora de un solo sector.

Cristián Garay Vera

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