Por más de seis horas declararon ayer ante la ministra Silvia Oneto, en Concepción, ocho de los nueve mapuches requeridos por la Ley de Seguridad Interior del Estado, y que fueran detenidos durante el ataque incendiario a la hacienda Lleu Lleu, en Tirúa.  La ministra instructora deberá resolver a más tardar hoy respecto de seis de ellos, cuyo plazo legal de detención vence. Se trata de María Llanquileo, Jaime Cona, Esteban Marihuen, Manuel Fren, Juan Llanquileo y Alfredo Leuman, quienes se encontraban a disposición del Juzgado del Crimen de Cañete, tras su detención el viernes pasado. Un plazo distinto rige para otros tres mapuches: Héctor Llaitul, Segundo Ancalao y Eduardo Meñaco, que se encontraban a disposición de la Fiscalía Militar de Lebu, por maltrato de obra a Carabineros. Sólo Ancalao y Meñaco fueron interrogados ayer por la ministra instructora, dado que Llaitul permanece bajo arresto en el hospital de Cañete, con diagnóstico reservado.  La jueza del Tribunal de Garantía de Temuco, Isabel Uribe, dejó ayer en libertad condicional a seis mapuches y a un estudiante de sociología y otro de antropología, detenidos el pasado lunes, acusados de atentar contra la autoridad pública cuando intentaron impedir la colocación de un cerco para dividir los terrenos de una familia mapuche con el de un particular. El Mercurio, 31 de enero de 2001

Jueza especial deberá resolver hoy situación de seis de los nueve indígenas.
 

Patricio Gómez, Iván Fredes

CONCEPCION-TEMUCO (Patricio Gómez e Iván Fredes).- La ministra Silvia Oneto sometió ayer a prolongados interrogatorios, en la Corte de Apelaciones de Concepción, a ocho de los nueve mapuches detenidos y requeridos por el Gobierno por la Ley de Seguridad Interior del Estado, tras el violento ataque incendiario a la hacienda Lleu Lleu ocurrido el viernes pasado en Tirúa, provincia de Arauco.

La ministra instructora deberá resolver a más tardar hoy respecto de seis de ellos, cuyo plazo legal de detención vence. Se trata de María Llanquileo, Jaime Cona, Esteban Marihuen, Manuel Fren, Juan Llanquileo y Alfredo Leuman, quienes se encontraban a disposición del Juzgado del Crimen de Cañete, tras su detención el viernes pasado.

Un plazo distinto rige para otros tres mapuches: Héctor Llaitul, Segundo Ancalao y Eduardo Meñaco, que se encontraban a disposición de la Fiscalía Militar de Lebu, por maltrato de obra a Carabineros. Sólo Ancalao y Meñaco fueron interrogados ayer por la ministra instructora, dado que Llaitul permanece bajo arresto en el hospital de Cañete, con diagnóstico reservado.

En los violentos incidentes de ese día en la hacienda Lleu Lleu, de propiedad del empresario Osvaldo Carvajal, resultaron lesionados cuatro carabineros e igual número de manifestantes.

Dicho predio ha sido objeto de seis atentados incendiarios y un saqueo desde el año 1998 a la fecha.

Los ocho detenidos que se encontraban recluidos en penales de Cañete, Lebu y Arauco, fueron traslados hasta el Palacio de los Tribunales de Concepción, bajo estrictas medidas de seguridad.

Si bien la magistrado Oneto evitó todo contacto con la prensa, trascendió que además de los interrogatorios conoció dos videos filmados durante el ataque al predio de Carvajal, que se encontraba ese día con protección de 50 efectivos de carabineros. La medida había sido adoptada por el Juzgado del Crimen de Cañete a petición del empresario, tras la ocupación por mapuches del fundo Los Troncos, aledaño a la hacienda Lleu Lleu.

En defensa de los mapuches, la Corte de Apelaciones de Concepción solicitó ayer informes a Carabineros, al tribunal de Cañete y la Fiscalía Militar de Lebu, luego de acoger a tramitación nueve recursos de amparo interpuestos en favor de los detenidos por familiares y patrocinado por el abogado Pablo Ortega.

Libertad de Mapuches
La jueza del Tribunal de Garantía de Temuco, Isabel Uribe, dejó ayer en libertad condicional a seis mapuches y a un estudiante de sociología y otro de antropología, detenidos el pasado lunes, acusados de atentar contra la autoridad pública cuando intentaron impedir la colocación de un cerco para dividir los terrenos de una familia mapuche con el de un particular.

Los mapuches fueron dejados en libertad, pero con medidas cautelares como la obligación de firmar un libro de registro cada 15 días ante el Tribunal de Garantía, no celebrar reuniones en la comunidad mapuche Juan Currín si esas son para vulnerar la orden judicial que delimita el terreno, ni acercarse al propietario afectado, a su familia o a su negocio de compra y venta de automóviles ubicado en el centro de Temuco.

En el caso de los estudiantes, la jueza impuso las mismas condiciones, con la salvedad de que éstos deben presentarse a ese tribunal una vez al mes.

Pese a que todos habían sido detenidos al resistir la mencionada orden judicial, que finalmente se cumplió en medio de violentos incidentes, familiares de los detenidos volvieron a arrancar el cerco de la discordia y prometieron sacarlo todas las veces que vuelvan a instalarlo.

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