Reportajes. LOS mapuches volvieron a reclamar sus tierras en la IX Región, pero esta vez no mediante tomas contra la "usurpación del chileno". Ahora es al revés. Sus quejas se explican porque los terrenos se les "devolvían" castigados con coimas y sobornos pagados a quienes han oficiado como intermediarios del Estado. Fracasó así una compleja estrategia de compras del Fondo de Tierras y Aguas (FTA) de la Corporación de Desarrollo Indígena, dispuesta por la Ley respectiva, de 1993. El Mercurio, 10 de junio de 2001
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| Disconformes se mostraron los mapuches en Temuco. Con las irregularidades fueron perjudicadas las comunidades más pobres del país. |
Si Conadi No Hablar.... Ser Sospechas Que Venir.
La amplia investigación a
causa de denuncias por compras irregulares de tierra en la IX Región
se basaba en el estricto secreto del sumario. Pero la revelación
de los hechos puso en aprietos la efectividad de las pesquisas.
Mauricio Carvallo
LOS mapuches volvieron a reclamar sus tierras en la IX Región, pero esta vez no mediante tomas contra la "usurpación del chileno". Ahora es al revés. Sus quejas se explican porque los terrenos se les "devolvían" castigados con coimas y sobornos pagados a quienes han oficiado como intermediarios del Estado.
Fracasó así una compleja estrategia de compras del Fondo de Tierras y Aguas (FTA) de la Corporación de Desarrollo Indígena, dispuesta por la Ley respectiva, de 1993.
La idea era que Conadi, que depende de Mideplan, manejara miles de millones de pesos para comprar las tierras y entregar subsiduos a las comunidades mapuches para que éstas vivieran en el sitio donde mantuvieron conflictos con particulares y empresas madereras.
Pero habría quedado al descubierto una verdadera asociación ilícita de funcionarios, dueños de predios, corredores de propiedades y otros intermediarios que se aliaban entre sí, según las denuncias, no sólo para aumentar el valor de las tierras, sino también para extender artificialmente las dimensiones de los terrenos.
Y no sería sólo un negocio de los "huincas" a expensas de comunidades indígenas, las más pobres del país. No estarían ajenos funcionarios mapuches de la Conadi y la maquinaria incluiría la creación de conflictos artificiales para presionar por las escrituras.
Según la información que maneja el consejero de Conadi en Temuco Hilario Huirilef (ex militante del PPD), desde el 94 se han entregado 22 mil millones de pesos sólo para comprar predios en conflicto, los cuales se adquieren por asignación directa, sin ningún concurso.
Y el único ente que compra fundos es la Conadi (el Estado), porque debido a la crisis agrícola y los conflictos, los privados prefieren invertir en otros negocios y hasta en otros países.
Las filtraciones
Aunque el estudio de un título de dominio debía ser confidencial tanto para terceros como para las comunidades indígenas que se instalarían en esos predios, las filtraciones hacían subir los precios. Como resultado, el interés de la compra aumentaba el valor de los terrenos más allá del valor de mercado. Por lo tanto, cada vez eran necesarios más recursos, lo que a su vez generaba mayores ganancias a los involucrados.
Esto se conocía en el gobierno desde antes de que el 24 de mayo estallara el caso.
En enero, un documento del FTA reconoció que "el mercado ha aportado su cuota para debilitar la eficacia de los recursos del Fondo, con la existencia de especuladores en el proceso de compra de tierras".
Y agregaba que alianzas entre comunidades indígenas, dueños de fundos e intermediarios "han conformado un círculo vicioso de especulación-encarecimiento de las tierras de lamentables consecuencias para el presupuesto de Conadi".
Es decir, la misma Corporación pedía su reestructuración a gritos.
Pero fue el descubrimiento en Temuco y las sospechas lo que obligó a la ministra de Mideplan, Alejandra Krauss a intervenir la Conadi, la cual momentáneamente dejó de adquirir los predios. En su reemplazo, se creó una comisión especial, que debe seguir la normativa de la Ley indígena.
La preocupación que generó la denuncia entre las autoridades del Estado quedó descrita por el desusado conjunto de organismos que intervienen en la investigación, incluso estorbándose mutuamente.
Los pisos 6 y 8 de la dirección nacional de Conadi y todo el edificio de la subdirección sur son actualmente pieza de exploración del Ministerio Público, Mideplan (realiza una auditoría interna y prepara una reestructuración de Conadi), la Contraloría Regional (revisa fallas en el estatuto administrativo), peritos del Servicio de Investigaciones Policiales de Carabineros (SIP, investiga para la Fiscalía), del Consejo de Defensa del Estado (que accede a los datos para decidir una posterior querella) y la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
La ministra Krauss y el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, acudieron personalmente a la zona. Ella, para ver los primeros pasos de la reestructuración de Conadi. El, para medir el desempeño de los tres fiscales que trabajan según la nueva normativa de la reforma procesal penal, a sabiendas de que se está en el primer caso importante que pondrá a prueba la eficacia del Ministerio Público.
La denuncia
Los antecedentes que Andrea Reyes Pizarro (PRSD), abogada asesora de la fiscalía de Conadi, presentó el 17 de mayo en el Tribunal de Garantía de Temuco abrieron la sospecha de una práctica antigua. Describió cuatro "delitos cometidos por funcionarios de la Corporación", todos ocurridos este año:
El ofrecimiento de un millón de pesos por parte del corredor de propiedades Ramón Paredes a la abogada a honorarios de la Fiscalía de Conadi, Marianela Bustos, para que aprobara títulos de dominio rechazados del no saneado predio Las Vertientes de Loncoche.
Paredes aseguró, según la denuncia, que tenía "un contacto" en la Conadi para agilizar la compra. Este, se agrega, sería Patricio Sanzana (funcionario de planta, socialista), jefe de la Unidad de Tierras y Aguas de la subdirección nacional sur, quien se contactaría con las comunidades indígenas para ofrecerles predios en conflicto.
Una vez que los antecedentes pasaban por la Fiscalía, Sanzana, según la abogada, formaba parte de la comisión final que revisaba los antecedentes, junto con el subdirector Carlos Vargas, el jefe nacional del FTA, Juan Antilén y el director nacional, Edgardo Lienlaf. Este no desestima que la investigación le asignará un grado de responsabilidad.
Según contaron a Andrea Reyes diversos deudores, el abogado Shintaro Kuramochi les habría comentado a éstos que en Conadi existe "una verdadera red de corrupción" (a espaldas de Lienlaf, aclaró la abogada), donde se realizaría una especie de corretaje de propiedades. Kuramochi habría mencionado, según la denuncia, al abogado a honorarios de la Unidad de Tierras, Ricardo Aravena Durán, quien realizaba los estudios de títulos. Este habría recibido 25 millones de pesos de un agricultor que vendió su fundo en la comuna de Purén.
Sin embargo, el asunto se complicó porque el abogado Kuramochi desmintió haber entregado tales antecedenres, aunque la profesional no dijo haberlos recibido de él. También Kuramochi refuta haber mencionado a Aravena.
Andrea Reyes agregó que recibió el testimonio de la agricultora Ana María Ulbrich (tía de Kuramochi), quien habría sido visitada por el abogado Aravena para pedirle el 15% de la venta de su predio para cuando Conadi se lo comprara, una vez saneado. Según la denuncia, él tenía los contactos necesarios y trabajaba con su esposa y un procurador para la suscripción de contratos a honorarios y otros.
Ulbrich también le habría contado el caso de otra propietaria de un predio en conflicto con la comunidad indígena de Gineo, a quien Aravena le habría pedido el 20% de lo que obtuviera de la Conadi.
La denuncia terminó con una bomba porque era algo que se temía: "Seguramente, atendido el precio que se ha cancelado por los predios comprados por la Conadi en los últimos años, deben existir más funcionarios que los nombrados involucrados en estos hechos".
Sin embargo, el abogado Aravena, quien trabaja en Conadi desde principios del 1999 y reconoce que ha realizado la mayoría de los estudios de títulos, desmintió los cargos. Afirma que ni siquiera conoce a Ulbrich, que nunca cobró comisión alguna, que sólo mantiene contacto profesional con Sanzana y que no se han comprado tierras con juicios pendientes.
A su vez, Sanzana estudia acciones legales y afirma que aún no toma conocimiento oficial de los presuntos ilícitos.
Según Aravena, las autoridades sobrerreaccionaron. "No se puede matar a una hormiga con un tanque", expresó. El camino, para él, era un sumario administrativo.
La ministra Krauss habría preferido mantener en secreto la investigación porque conducía a la aclaración absoluta de los hechos, pero reclama que el afán noticioso hizo público antecedentes completos. Así, según ella, "se obstruyó a la justicia y a la investigación. Yo me imaginaba que antes que periodistas, se trataba de chilenos que pretendían el esclarecimiento absoluto de los hechos".
Y en cuanto a la aludida sobrerreacción de las autoridades: "Me llama mucho la atención que la única persona que se refiera a ella sea aquella mencionada en la denuncia. Más que sobrerreacción, ha quedado en claro que la autoridad investigará los hechos hasta las últimas consecuencias".
"No se actuó rápido"
El polvo levantado por la denuncia aligeró la memoria.
En 1997 una comisión investigadora de la Cámara creyó establecer el mal uso de dineros por un valor de 780 millones de pesos. El informe fue entregado al Consejo de Defensa del Estado, que aún lo mantiene en su poder.
Tampoco se olvida que cuando Mauricio Huenchulaf fue en ese mismo año director de la Conadi, se pagó el sobreprecio de hasta 120 millones de pesos por un terreno. La denuncia al respecto terminó con la Contraloría solamente descubriendo un desorden administrativo.
Este desorden prosiguió con las subsiguientes administraciones de Domingo Namuncura y Rodrigo González.
"No se actuó rápido", critica Hilario Huirilef. "Pudimos evitar estos casos si en julio del 97 hubiésemos hecho caso a los 23 puntos que recomendó la comisión de la Cámara".
El dirigente mapuche Aucán Huilcamán aseguró que él mismo entregó documentos a Germán Quintana (ex ministro de Mideplan) sobre otros tres funcionarios de la Conadi relacionados con compras irregulares. Hay más. Mapuches de la asociación Kura Wenu de Traiguén denunciaron a funcionarios de la Conadi por la compra de un predio de 59 hectáreas, acción innecesaria porque solamente debía ser restituido a los indígenas tras un fallo judicial.
Suma y sigue: en Pitrufquén habría sido pagado, a precios elevados, un fundo a una persona..., que no era su real dueño.
De los numerosos antecedentes de sobreprecios que aparecieron ni siquiera se escaparon los consejeros mapuches de la Conadi (elegidos por las comunidades y luego ratificados por el Presidente Lagos a partir de una terna), creándose paralelamente un conflicto que podría dividir a los propios indígenas.
Así, el consejero de la Conadi de Temuco, José Santos Millao, se vio obligado a desmentir al presidente de una asociación mapuche que lo acusó de recibir dinero como mediador en negocios de tierras.
Santos Millao (simpatizante del PC) recibió esta semana a la ministra Krauss en Purén porque antes de que estallaran las denuncias la había invitado a un encuentro con comunidades.
Y contraataca:
"El punto es por qué en este minuto el departamento de Fiscalía, encargado de velar para que no se cometieran estas anomalías, hace la denuncia para que investiguen otros poderes en forma pública. Muchas de las cosas que salen ahora ya las habíamos dicho internamente años atrás. Se pudo haber solucionado oportunamente. Hay responsabilidades políticas porque las autoridades no hicieron nada. Todos en la Conadi pertenecen a un partido y cada uno sale defendiéndose".
Pero la ministra contesta a su anfitrión manifestando que "yo respondo desde el 11 de marzo del año pasado. Puedo asegurar categóricamente que jamás se me indicó una denuncia en torno a hechos que pudieran constituir delitos ni que hubiese funcionarios involucrados. En una oportunidad un diputado me señaló que tenía conocimiento de funcionarios que lucraban. Le pedí por favor los nombres y qué hacían, pero nunca me hizo llegar nada".
No obstante, dos meses antes toda información sobre compras de la Conadi eran reservadas, según explicó entonces Lienlaf a la prensa.
Esto sólo cambió con la denuncia de la abogada asesora de la Conadi de Temuco.
Junto con hacer su denuncia, caratulada "Margarita Andrea Reyes contra Ricardo Aravena Durán", ella entregó todos los antecedentes a Lienlaf.
El 24 de mayo, una semana después, este militante DC dio a conocer la denuncia, en Santiago, a la ministra Krauss.
Aunque el ministro José Miguel Insulza aseguró que los hechos que se investigan no ponen en cuestionamiento la política indígena del gobierno, La Moneda respaldó la idea de intervenir Conadi y reestructurarla en 45 días, plazo que se cumple a mediados de julio.
En una demostración de pleno respaldo, la ministra pidió a Lienlaf que se encargara de elaborar la propuesta con el director de Inversiones de Mideplan, Juan Cavada. Constituidos en Temuco, ambos acordaron reemplazar el FTA por una comisión técnica, integrada por funcionarios externos del SAG, Conaf e Indap, la jefa de Planificación de la Conadi y la abogada Andrea Reyes.
Cavada, que en Mideplan evaluaba los programas de la Conadi, explica que "hay que buscar fórmulas que permitan cumplir con los objetivos, pero al menor costo posible para el Estado, con eficiencia y transparencia. Aunque no hubiese ninguna irregularidad, el hecho que hubiese comentarios indicaba la necesidad de tener rápidamente un sistema que le diera garantías a todo el mundo".
El "pillo"
Pero la primera intención de Lienlaf fue bajarle gravedad a las denuncias. Como este dirigente no cree que el problema sea tan grande, se jugó para obtener - el lunes de esta semana- una insípida declaración para la prensa, sin preguntas, tras la reunión de siete horas del Consejo Nacional de la Conadi.
Allí se dijo que la Corporación no estaba en duda, que no se atentaba contra el pueblo mapuche y que se trataba de "situaciones puntuales", que eventualmente comprometerían a algunas personas y que en términos presupuestarios represe-ntarían "un porcentaje ínfimo".
Esto motivó que el consejero Huirilef rechazara firmar la declaración, lo cual, a la vez, evitó que se planteara que se trataba de un asunto inflado por la prensa y la oposición.
"Faltaron pantalones. Es inaceptable que intentáramos sacarnos el pillo por ese lado", explica Huirilef. "Esto fue responsabilidad de nosotros mismos porque recordemos que en Conadi sólo hay gente de la Concertación. Lo siento mucho por mi gobierno, pero mi conciencia no me permitió hacerlo".
Huirilef cree que se intentó minimizar la gravedad de los hechos para proteger a funcionarios de partidos políticos, de gobierno e incluso de Mideplan. "No podemos negar que aunque entren por capacidades profesionales, las personas que trabajan en Conadi están absolutamente politizadas", sostiene. "Si sale una persona de un partido, debe entrar del mismo. En consecuencia, cualquiera de ellas que se vea afectada, necesariamente manchará a un partido de la Concertación".
Sin embargo, Lienlaf explica que no entregó los antecedentes reales en esa reunión porque se iba a dificultar la investigación, ya que para él se trata de presuntas irregularidades que al conocerse producirían menoscabo en algunas personas.
"Desmiento absolutamente que se haya querido proteger a funcionarios de partidos políticos", señala Lienlaf. "Para mí lo más lamentable, si se confirmaran las irregularidades, no es sólo para la Corporación, sino para los pueblos indígenas que constituyen la población más necesitada del país y con menor calidad de vida".
EN CIFRAS GRUESAS
EL presupuesto para todo el país de la Conadi para el 2001 es de 17 mil millones de pesos. De ellos, 13 mil 700 corresponden al Fondo de Tierras y Aguas (supera por tres mil millones la campaña de invierno 2000 de todo Chile), cuya mitad se esperan invertir en la IX Región en las compras de terrenos en conflicto.
Documentos propios del FTA de Temuco indican que si se gastaron en 1994 mil 800 millones de pesos en la adquisición de predios, en 1998, más que se triplicó esa cantidad.
Si entre el 94 y el 99 adquirió 141 fundos entre la VIII y X Región desembolsando 11 mil millones de pesos, sólo 17 terrenos comprados el año pasado significaron cinco mil millones.
Cada uno de los predios entregados favorecieron, término medio, a unas 30 familias. Actualmente la demanda de terrenos es de unas 130 comunidades más de la IX Región.
El aumento de los precios ha sido vertiginoso.
Si el 94, cuando comenzó el programa, la Conadi compró a 228 mil pesos la hectárea en Temuco, cuatro años después fue a 700 mil. Hoy supera el millón, pero se responde por parte de la Conadi que ha mejorado su capacidad de uso.
