"Jueces dan poco tiempo para investigar"

 

El fiscal nacional anunció el nombramiento de fiscales especializados en drogas y delitos económicos.

El fiscal nacional Guillermo Piedrabuena visitó la IX Región para tomar conocimiento en terreno del caso Conadi, donde el Ministerio Público de La Araucanía nombró a tres fiscales para investigar la denuncia de presuntas irregularidades en la compra de tierras ocurridas al interior de la Corporación.

En su visita a La Araucanía, el máximo representante de la fiscalía también evaluó el funcionamiento de la Reforma Procesal Penal, habló de los avances y las críticas que ha recibido el sistema, pero también, cómo se están mejorando las falencias detectadas en estos dos últimos meses.

LA REFORMA

- ¿Cómo evalúa el funcionamiento de la Reforma Procesal Penal?

"La evaluación es bastante positiva tanto en la IX como en la IV Región. El sistema ha funcionado, cada uno de los actores de la reforma ha cumplido con su papel. Se han conocido buenos resultados en cuanto a la rapidez de los procesos, en general la confianza ciudadana es bastante alta, no obstante, hay algunas críticas que se han hecho, hay que hacerse cargo de las críticas para refutarlas o para corregir algunos defectos que han surgido en el funcionamiento".

- ¿Cuáles son los problemas detectados?

"Estos problemas son para solucionarlos, no significa que haya que volver atrás porque el sistema es irreversible. Hay un problema en los recargos de trabajo de los juzgados de Garantía y de las fiscalías por la competencia de la Ley de Alcoholes. Cuando se promulgó el Código Procesal Penal y cuando se habían creado los Tribunales de Garantía y Orales, eso quedaba en competencia de los tribunales antiguos o de los Juzgados de Policía Local, pero una modificación en enero de este año le otorgó esta competencia a los juzgados de Garantía y a las fiscalías".

- ¿Qué función cumplen las leyes adecuatorias?

"Ahora se está estudiando el tema en el Congreso con el fin de encontrar algunas adecuaciones de la Ley de Alcoholes para obtener un procedimiento administrativo más ágil, ese es uno de los grandes problemas que tenemos tanto en la IV como en la IX Región".

- ¿La idea es que los juzgados de Garantía se desentiendan de los temas de Ley de Alcoholes?

"Los temas de la Ley de Alcoholes, salvo el manejo en estado de ebriedad, no tienen nada que ver con la esencia de los juzgados de Garantía y tampoco con la de los fiscales. Aquí no hay investigación penal, ni aseguramiento de los derechos del imputado, es sólo una infracción administrativa".

- ¿Cuál es el otro problema detectado?

"Diría que ha habido distintas interpretaciones jurídicas entre los jueces de Garantía y los fiscales. Ha habido una cierta tendencia de algunos tribunales de Garantía de exagerar el tema de la Garantía en desmedro de las facultades investigativas de los fiscales. Esto puede traer algunas consecuencias que no son queridas por el nuevo sistema, es decir, que den demasiada Garantía y a su vez no dejen a los fiscales investigar".

- ¿Por qué se ha originado el problema?

"Porque los tribunales de Garantía están fijando para las investigaciones de los fiscales plazos muy reducidos, abiertamente irracionales o faltos de toda lógica, entonces los fiscales tenemos que pedir prórroga en los plazos. La ley nos da un plazo general de 2 años, pero se han fijado plazos de meses y a veces incluso de días para el cierre de las investigaciones. De modo que cuando se nos fijan plazos muy cortos, los fiscales no podemos investigar cabalmente las cosas, no vamos a tener antecedentes para acusar a los imputados ni para llegar al Juicio Oral".

- ¿Qué están haciendo para solucionarlo?

"Primero hemos tratado de convencer a los propios jueces de Garantía, algunos han cambiado de posición y están dando plazos que son más realistas. Se ha conversado el tema a nivel de Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema. Si el tema persiste, lo vamos a llevar a la Corte para que resuelva jurídicamente este problema. Hemos tenido uno y otro caso donde hay jueces que se han olvidado que la Reforma Constitucional le quitó a los jueces ordinarios la investigación penal y han tratado de una u otra manera de inmiscuirse en la investigación de los fiscales".

- ¿Algún caso en la IX Región?

"Sí, hay un caso que ha conocido la Corte y ya el tribunal de alzada le ha llamado la atención a ese juez que excedió esas facultades. Hemos tenido otro caso en la IV Región".

- ¿Podría especificar el caso?

"No quiero especificar más el caso porque es un asunto que se ha conversado reservadamente con la Corte de Apelaciones de Temuco".

- ¿Se han detectado diferencias de criterio de las medidas cautelares?

"Los jueces en general interpretan la Ley Procesal Penal, en el sentido que es bastante garantista y que en cuanto a la prisión preventiva es más bien restrictiva. El nuevo Código es favorable ampliamente a la libertad provisional, eso hay que reconocerlo. Lo que pasa es que hay casos donde está afectada la seguridad de la sociedad y en esos casos los fiscales han ido a la Corte, tribunal que muchas veces ha revocado la resolución del juez de Garantía que había decretado la libertad provisional, pero estos problemas no son tan complejos como los anteriores porque se resuelven previa consulta a la Corte".

- ¿La fijación de plazos para el cierre de la investigación es apelable a la Corte?

"No, ése es el problema, es difícil que lo resuelva la Corte a través del recurso de apelación".

FACULTADES DE

LA POLICIA

- Hoy las órdenes amplias, con facultades para allanar, descerrajar y detener son escasas ¿las policías dicen no tener las facultades que tenían antes?

"Sí. Las policías han manifestado que se sienten un poco coartadas en sus atribuciones respecto a algunas diligencias que realizaban, pero la verdad es que el juez de Garantía se ciñe al nuevo Código que exige autorizaciones expresas y tienen que autorizar previamente al fiscal que efectúe un allanamiento o una incautación. Diría que grandes problemas con eso no hay, excepto con los procedimientos especiales de las leyes de drogas como los cooperadores eficaces e informantes, algunos entienden, a mi juicio, equivocadamente que están derogados por el Código de Procedimiento Penal. Nosotros insistimos que es una ley especial, que no está derogada, por lo tanto no es igual que un procedimiento penal común".

"Por eso es que en estos momentos hay en el congreso una adecuación de leyes especiales para armonizarlas con el nuevo Código, como por ejemplo la Ley de Alcoholes, de Seguridad del Estado, la Ley de Conductas Terroristas, de Control de Armas, etc.".

- ¿A la reforma hay que hacerle modificaciones importantes?

"Es algo irreversible, no se volverá atrás. A largo plazo hay que perfeccionar el Código Procedimiento Penal, en cuanto a precisar cómo se resolverán las diferencias de opinión entre los fiscales y los jueces de Garantía, entre las policías y los fiscales".

- ¿Usted anunció fiscales especializados en procedimientos de drogas y delitos económicos?

"Lo de los fiscales especializados está en marcha, le hemos solicitado a los fiscales regionales que designen fiscales en drogas y en delitos económicos y además en delitos de violencia como asaltos, robo con intimidación, y en el curso de este mes deberíamos tenerlos ya designados".

CONADI

- ¿El caso Conadi es uno de los más importantes ocurridos bajo la reforma?

"El tema Conadi significa además una especialización en el tema, donde hay múltiples autoridades en la materia. Está el Consejo de Defensa del Estado que tiene por misión velar por el patrimonio del Estado. En el nuevo sistema el Consejo va a intervenir en calidad de víctima, la víctima es el Estado".

- ¿Pone en juego la credibilidad de lo que puede hacer la reforma?

"El caso Conadi exige de los actores eficiencia, particularmente del Ministerio Público. Si éste, por la razón que fuere, no realiza una investigación completa, seria y objetiva, no estaría cumpliendo con su papel. No sólo se desprestigia el Ministerio Público, sino todo el sistema de la Reforma Procesal Penal. Los detractores dirían que si estuviera el caso en manos del juez del crimen o de un ministro en visita, el sistema antiguo resolvería más rápido el tema; nosotros pensamos que el sistema nuevo tiene elementos para que la investigación se realice adecuadamente".

- ¿Qué opinión le merece que se haya publicado la denuncia?

"Me ha preocupado, pero quiero aclarar que no tenemos ninguna... ninguna intervención en la filtración de la denuncia del caso. Nadie de esta fiscalía ha filtrado antecedentes de este material o de otro, eso proviene de otro ámbito".

- ¿No se ordenó una investigación?

"No. No tengo necesidad, sé que nadie de la Fiscalía lo ha hecho, no necesito una investigación, pese a que no nos convenía en absoluto que la denuncia se divulgara. Ha significado un tropiezo en la investigación porque han aparecido nombres de personas que no hemos interrogado y contra los cuales no se ha dirigido imputación alguna".

- ¿Es posible que al término de la investigación no haya imputados?

"...En este momento estamos estableciendo hechos, no responsabilidades penales, y no estoy diciendo que aquí no haya delito".

- La Reforma permite hacer periodismo de investigación por el acceso a la información de los casos ¿cómo se está manejando el tema?

"Sí, por eso el tema comunicacional para nosotros es importante. Tenemos periodistas para asesorar a los fiscales. Los fiscales no debemos opinar de los casos, pero tenemos el deber de informar. ¿Cómo hacerlo sin quebrantar la reserva? Es el desafío que tenemos por delante".

- ¿En qué estado está el sumario que ordenó contra un fiscal de la IX Región?

"Hay una investigación administrativa, eso está a cargo de la Fiscalía Regional, la que debe llegar a las conclusiones respectivas. Al ordenar esta investigación se persiguió dar una señal muy clara de que los instructivos generales del fiscal nacional hay que cumplirlos; si se había hablado que los fiscales no eran jueces y que los detenidos debían ser puestos a disposición de los tribunales y salvo casos muy excepcionales el detenido podía ser liberado por el fiscal...Nos pareció que el fiscal había estado haciendo apreciaciones de los jueces".

- ¿Hay un plazo para finalizar la investigación?

"Esa pregunta se le debe hacer a la fiscal regional. Como fiscal nacional vi que había una falta de criterio, soy muy sensible en el tema drogas. En materia de tráfico no debemos permitirnos debilidad o falta de criterio".

- Cifras del Ministerio Público indican que en el primer trimestre los delitos aumentaron en la IV y IX regiones ¿Hace alguna relación con el funcionamiento de la reforma?

"No estoy de acuerdo con que los delincuentes se trasladan a la IV y la IX Región a delinquir porque sea más fácil el nuevo sistema, no hay elementos científicos para hacer ese tipo de afirmaciones, si fuera así los delincuentes deberían pasar viajando. No está en tela de juicio la Reforma Procesal Penal porque delincuentes hayan entendido que el garantismo los beneficia".

Escribe:

Roberto Neira T.