El Gobierno chileno presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una propuesta no consensuada con el Consejo de Todas las Tierras para resolver el litigio internacional originado en las condenas que en 1996 se dictaron contra 144 mapuches.Con fecha 1 de marzo, el Ejecutivo concordó con la entidad indígena una fórmula para buscar un acuerdo de las partes que evite que el organismo interamericano siga adelante con la demanda del Consejo de Todas las Tierras. Ese documento adquirió notoriedad pública debido al serio cuestionamiento a la labor de los tribunales que contenía, el que fue rectificado eliminando el párrafo que calificaba de aberración el proceso criminal, texto que fue rechazado por las autoridades del Poder Judicial. El Mercurio, 11 de junio de 2001
COMISION INTERAMERICANA DE DD.HH.:
Se Reactiva Litigio por Condena a Mapuches
No gustó al Consejo de Todas
las Tierras que el Gobierno presentara una propuesta no aprobada por la
entidad, tres meses después del acuerdo para solucionar el conflicto.
El Gobierno chileno presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una propuesta no consensuada con el Consejo de Todas las Tierras para resolver el litigio internacional originado en las condenas que en 1996 se dictaron contra 144 mapuches.
Con fecha 1 de marzo, el Ejecutivo concordó con la entidad indígena una fórmula para buscar un acuerdo de las partes que evite que el organismo interamericano siga adelante con la demanda del Consejo de Todas las Tierras. Ese documento adquirió notoriedad pública debido al serio cuestionamiento a la labor de los tribunales que contenía, el que fue rectificado eliminando el párrafo que calificaba de aberración el proceso criminal, texto que fue rechazado por las autoridades del Poder Judicial.
Los 144 comuneros mapuches fueron condenados en 1996 por asociación ilícita y usurpación de tierras, debido a las tomas de predios privados que realizaron en 1992 en el marco del Quinto Centenario de la llegada de Colón a América. Los indígenas, miembros de 18 comunidades de las regiones Novena y Décima fueron requeridos por el Ministerio de Interior y enjuiciados por un ministro sumariante.
Las condenas fluctuaron entre los 60 días y los 541 días de presidio, además del pago de multas. Las sentencias fueron dictadas por el ministro Antonio Castro Gutiérrez y luego ratificadas por la Corte de Apelaciones de Temuco. La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de casación de los sentenciados y dejó a firme las condenas.
Evalúan Propuesta
Ahora, con el envío de parte
del Gobierno de una propuesta no respaldada con el Consejo de Todas las
Tierras, el conflicto puede quedar nuevamente abierto, puesto que el organismo
que preside Aucán Huilcamán evalúa la posibilidad
de cuestionar el documento oficial.
El acuerdo firmado por los representantes de la Cancillería con Aucán Huilcamán y el abogado de la entidad indígena, Roberto Celedón, señalaba que las partes se comprometían a presentar en un plazo de 90 días un informe conjunto sobre los acuerdos logrados. Se señalaba que si no hubiera solución amistosa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos proseguirá el trámite de la demanda internacional.
Ya en 1998 los representantes del Estado se habían comprometido a estudiar una reorientación en el programa de adquisición de tierras, a analizar la posibilidad de eliminar los registros penales de los sentenciados y a restablecer el buen nombre de los condenados.
Pero en el marco de la polémica provocada por el documento del 1 de marzo, en que se calificó de aberrante el proceso judicial, la Cancillería dejó en claro que no se está planteando la posibilidad de entrega de tierras.
El acuerdo de marzo, que fue después rectificado, fue rechazado entre otros por el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Carlos Bombal, quien consideró que el papel del Gobierno debiera ser el de defensa de los fallos judiciales y no su cuestionamiento.
El abogado Roberto Celedón dijo ayer que la propuesta del Gobierno, que fue entregada el 31 de mayo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rompe el compromiso de trabajo conjunto establecido en marzo.
Celedón aseveró que si bien no conocen el contenido total de la proposición oficial saben que no satisface las demandas del Consejo de Todas las Tierras.
Según el abogado, las repercusiones públicas que tuvo el anterior acuerdo, con la consiguiente molestia del Poder Judicial, habrían llevado al Gobierno a no llegar a acuerdo con el Consejo de Todas las Tierras.
"Es lamentable que el Gobierno condicione sus decisiones por presiones externas. Primaron más las presiones que los compromisos adquiridos", aseguró el profesional que representa a los comuneros condenados.
