torial. Han trascurrido casi dos semanas desde que se dieran a conocer los primeros antecedentes sobre la existencia de serias irregularidades al interior de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Y si bien aún no hay certeza legal sobre lo ocurrido, ya se hizo público el tenor de las acusaciones efectuadas por la fiscal del organismo, Andrea Reyes, ante el Ministerio Público de Temuco y en las cuales aparecen involucrados en presuntos actos de corrupción al menos tres funcionarios de la entidad. La Tercera en Internet, 11 de junio de 2001

Editorial
Escándalo en la Conadi

El reestablecimiento de la confianza y el respeto ciudadano por la Conadi, organismo de tanta trascendencia para la estabilidad social en el sur, no debe considerarse como un asunto de segundo orden.

Asimismo, la Ministra de Planificación, Alejandra Krauss, ha adoptado un mayor protagonismo en las indagaciones al viajar a la zona y disponer, como era de esperarse, el alejamiento temporal de sus funciones de todo el equipo de profesionales que labora en la Unidad de Tierras y Aguas, departamento encargado de concretar las negociaciones para la compra de propiedades agrícolas y su posterior traspaso a comunidades mapuches. Cabe consignar que un somero análisis de los últimos contratos cerrados por dicha sección entre 1999 y 2000 permitió detectar evidentes sobretasas del precios en la adquisición de predios. No obstante, la actual denuncia se relacionaría con transacciones ocurridas a principios de este año.

Nuevamente además han surgido voces al interior del propio Consejo de la Conadi solicitando que el director del servicio, Edgardo Lienlaf, asuma su responsabilidad por estos hechos y por el manifiesto desprestigio en que ha caído ante la opinión pública nacional la institución a su cargo. Sin embargo, más prioritario que este punto es recomponer a la brevedad el proceso de acercamiento y solución de conflictos con los mapuches impulsado por el gobierno en las provincias del sur. Los continuos enfrentamientos entre Carabineros y comuneros indígenas y el peligroso cariz que éstos han adoptado así lo justifican.

En ese sentido, resulta imprescindible que se inicie con prontitud la reestructuración de la Conadi y se trasparenten sus procedimientos internos. Por ello, el reestablecimiento de la confianza y el respeto ciudadano por un organismo de tanta trascendencia para la estabilidad social del sur no debe considerarse bajo ningún punto de vista un asunto de segundo orden.

Ante las circunstancias actuales, no caben vacilaciones de ningún tipo; menos aún utilizar el tema con fines electoralistas. Hay que tener presente que todavía no existe plena certidumbre sobre lo ocurrido. Y que si bien en el documento acusatorio aparecen sendas denuncias contra profesionales de la entidad y un corredor de propiedades externo, tanto los involucrados como los supuestos testigos de los actos ilícitos han negado la validez de las denuncias ante la prensa.

Por eso, se debe respetar el cauce de las investigaciones judiciales y administrativas. Los fiscales, por su parte, deben aquilatar la importancia que conlleva su actuación y, por ende, otorgar máximas garantías de que estas delaciones serán acuciosa y detalladamente esclarecidas y que de haber responsables, éstos serán sancionados con la debida prontitud y rigurosidad. Además, la sociedad tendrá oportunidad de conocer a cabalidad sus conclusiones.

Al avanzar tanto en los peritajes como en la transformación de la Conadi se comenzará a vislumbrar una salida a este engorroso escándalo, tan perjudicial para el clima nacional y que, de no ser aclarado y sancionado apropiadamente, será recordado en el futuro como una de los puntos negros de la actual gestión gubernativa en el país.
 

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