Editorial. El considerar a los mapuches como un caso especial, como lo ha hecho la Concertación, obedece a un simple prejuicio racial, por lo demás muy arraigado en los habitantes de países desarrollados, que los miran como seres dignos de apoyo especiales y de tratos diferentes del resto de las personas. Este enfoque ha conducido a la entrega de tierras, sin verdaderos derechos de propiedad, lo que sólo conduce a multiplicar la pobreza. Esto se acompaña de créditos o apoyos para el desarrollo de ciertos productos, cuyo precio y estabilidad en el tiempo nadie puede garantizar.El Mercurio, 7 de septiembre de 2001
Reformas en Conadi
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, ha hecho más noticia por sus problemas de funcionamiento y administración que por sus avances en el apoyo de los pueblos hoy llamados originarios. En estos días se aprobó una reestructuración menor, que dice relación con la jurisdicción de sus oficinas y las labores de la unidad contralora de los tres fondos con que opera la corporación. En tanto, a mediados de septiembre vence el plazo de los fiscales investigadores de las irregularidades en el fondo de tierras y aguas, para tipificar los delitos del caso.
En realidad, es difícil esperar noticias y resultados de interés en torno a un organismo creado para enfrentar un problema real - las malas condiciones de vida de los indígenas- a partir de erróneos diagnósticos y políticas discrecionales que no van al fondo de los problemas y que se prestan para corruptelas propias de la ingeniería social.
El grueso de los mapuches y sus descendientes viven en las grandes ciudades, como Santiago, con variados grados de integración social. Su condición no difiere de la de otros sectores, en mayor o menor medida afectados por la pobreza, la marginalidad y la falta de oportunidades. Sus problemas debieran tratarse de igual manera que el resto de la ciudadanía, a través del desarrollo que crea empleos y de programas sociales de calidad, que hoy dejan mucho que desear, en especial en la educación.
La condición de los que viven ligados al agro tampoco difiere del resto de la ciudadanía vinculada a la pequeña propiedad agrícola del sur, y su situación no se resuelve con operativos de ingeniería social que conducen a inmovilizarlos en una tierra de pobre calidad o que le entregan una educación inadecuada para el trabajo disponible en los modernos centros de desarrollo.
El considerar a los mapuches como un caso especial, como lo ha hecho la Concertación, obedece a un simple prejuicio racial, por lo demás muy arraigado en los habitantes de países desarrollados, que los miran como seres dignos de apoyo especiales y de tratos diferentes del resto de las personas. Este enfoque ha conducido a la entrega de tierras, sin verdaderos derechos de propiedad, lo que sólo conduce a multiplicar la pobreza. Esto se acompaña de créditos o apoyos para el desarrollo de ciertos productos, cuyo precio y estabilidad en el tiempo nadie puede garantizar.
Lo que interesa es la formación de capital humano, alentar la movilidad y la apertura de oportunidades de trabajo, lo que la Concertación ha afectado notoriamente con las restricciones ambientales y al inicio de proyectos de inversión en la zona sur. Su política de regalar tierras y de estimular las usurpaciones de predios ha desordenado el desarrollo de la zona, desvalorizando activos y afectando la inversión y la creación de puestos de trabajo, además de generar graves corruptelas en las compras de tierra.
El tema de los pueblos originarios se ha transformado en un negocio para activistas que obtienen dinero en el mundo desarrollado, vendiendo problemas que no existen y creando situaciones de alto riesgo, sin beneficio alguno para los mapuches. El tema ha sido tratado con liviandad extrema al dar crédito a percepciones surgidas en otras latitudes, antes que a las realidades de nuestro medio, que muestran que las culturas y tradiciones no se han afectado y que existe una notable integración nacional sólo afectada por la marginalidad característica de la pobreza.
