En un caso hasta ahora inédito en el sistema judicial, derivado de las competencias jurisdiccionales del antiguo y nuevo sistema penal, una denuncia por presuntas irregularidades en las compraventas de tierras para mapuches es investigada simultáneamente por la Fiscalía Regional de la Araucanía y el Primer Juzgado del Crimen de Temuco.Una investigación preliminar circunscribió las presuntas anormalidades a 64 casos o negociaciones registradas desde 1998 a la fecha. En ellas aparecerían involucrados funcionarios del Fondo de Tierras y Aguas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). El Mercurio, 7 de septiembre de 2001
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| Los hermanos Juan e Isabel Traipe Quian son conducidos a un carro policial, tras su detención durante el desalojo del fundo El Arrayán, situado en la comuna costera de Carahue, en la Araucanía. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar por |
Investigan 64 Compras De Conadi
Iván Fredes
TEMUCO (Iván Fredes).- En un caso hasta ahora inédito en el sistema judicial, derivado de las competencias jurisdiccionales del antiguo y nuevo sistema penal, una denuncia por presuntas irregularidades en las compraventas de tierras para mapuches es investigada simultáneamente por la Fiscalía Regional de la Araucanía y el Primer Juzgado del Crimen de Temuco.
Una investigación preliminar circunscribió las presuntas anormalidades a 64 casos o negociaciones registradas desde 1998 a la fecha. En ellas aparecerían involucrados funcionarios del Fondo de Tierras y Aguas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Ese organismo es un servicio público creado por ley en 1993. Sus funciones principales son garantizar la participación de las comunidades indígenas y promover, cooordinar y ejecutar acciones en favor del desarrollo integral de los pueblos originarios.
El caso está referido a la denuncia interpuesta el pasado 18 de mayo ante el Tribunal de Garantía de Temuco por la entonces fiscal subrogante de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), abogada Andrea Reyes, sobre presuntas irregularidades, con visos de corrupción, en el proceso de adquisición de tierras para ser traspasadas a comunidades mapuches.
Después de tres meses de investigación, revisión y análisis de 300 carpetas con informaciones de las operaciones o negociaciones celebradas entre los años 1998 y 2001 y las declaraciones tomadas a 80 personas, los tres
fiscales a cargo del caso - Jaime Pino, Alejandro Ivelic y Luis Toledo- establecieron que en 64 de esas compraventas existen hechos que podrían revestir características de delitos.
Sin embargo, de ese total, sólo seis casos ocurrieron con posterioridad al 16 de diciembre pasado, fecha en que comenzó a aplicarse la reforma procesal penal en las regiones pilotos de la Araucanía y Coquimbo.
En virtud de esa competencia, los tres fiscales deberán abocarse sólo a investigar seis operaciones presuntamente irregulares registradas desde la segunda quincena de diciembre último hasta ahora.
Los antecedentes de los otros 58 casos, registrados antes del 16 de diciembre, fueron entregados al presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Temuco, ministro Lenín Lillo. Ese tribunal de alzada debe disponer quién se hace cargo de la investigación.
El pleno extraordinario de la Corte de Apelaciones envió ayer los antecedentes al Primer Juzgado del Crimen de Temuco. Su titular, Abner Padilla, deberá instruir las causas correspondientes.
Origen de la
Denuncia
La investigación en ese servicio público comenzó en mayo último. Su origen fue una denuncia sobre supuestas irregularidades en la adquisición de predios - cobro de coimas, sobreprecios, tráfico de información privilegiada, entre otros - para comunidades mapuches por parte de funcionarios de la Conadi.
En el escrito original, la entonces fiscal subrogante de ese organismo, Andrea Reyes, involucró a los funcionarios de la Unidad del Fondo de Tierras y Aguas, Ricardo Aravena y Patricio Sanzana, como presuntos autores de ilícitos relacionados con la compra de terrenos a terceros.
Paralelamente, la ministra de Planificación y Coordinación, Alejandra Krauss, expuso los antecedentes en la Contraloría General de la República y en el Consejo de Defensa del Estado. Instruyó además un sumario administrativo interno en la corporación de su dependencia.
La fiscal Esmirna Vidal dijo que después de tres meses de trabajo investigativo, la delimitación de competencia constituye un gran avance en el trabajo desarrollado por los tres fiscales designados especialmente para el caso.
En el caso de las operaciones presuntamente irregulares que investigan los tres fiscales del Ministerio Público, se anticipó que éstos solicitarán una ampliación del plazo al Tribunal de Garantía de Temuco. Esto, en virtud de que una resolución anterior del mismo tribunal dio un plazo de tres meses para que se formalice la investigación en contra del abogado Ricardo Aravena Durán, uno de los dos funcionarios públicos, junto a Patricio Sanzana, que aparece involucrado en la denuncia por irregularidades.
Los fiscales tienen plazo hasta el 14 de septiembre próximo para formalizar ante el mencionado tribunal, y en audiencia pública, la investigación en contra del citado funcionario.
En la audiencia de formalización, los fiscales deben informar al imputado los delitos sobre los cuales es investigado.
Hasta ahora no existe ninguna persona imputada por los supuestos ilícitos cometidos en los procesos de compraventa de tierras.
Nueva Denuncia
Contra la Conadi
Paralelamente, un sumario administrativo por irregularidades en el uso de mil 280 millones de pesos realiza la Contraloría en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ello se debe a que una auditoría señaló que en el año 2000 se destinaron recursos del Fondo de Tierras y Aguas al pago de honorarios, viáticos y gastos de oficina.
El diputado RN José García Ruminot demandó que la Contraloría inicie un juicio de cuentas a los directivos de la Conadi. Se basa en que este año volvieron a cometer las mismas irregularidades que técnicamente corresponde a una "malversación de fondos".
El parlamentario hizo ver la serie de irregularidades en las que se ha visto envuelta la corporación y que incluyen procesos judiciales por compra irregular de tierras. Reclama porque no se esté dando un uso eficiente a los recursos que el Estado ha destinado para los indígenas.
La Conadi no se pronunció ayer sobre la denuncia, aunque se hizo ver que los antecedentes develados por el diputado García no son nuevos.
Dicho organismo está consciente de los problemas presentados a partir de que su planta funcionaria es extremadamente reducida y deben recurrir al sistema de honorarios.
Para evitar las irregularidades detectadas en el presupuesto de 2002 se solicitarán unos 5 mil millones de pesos adicionales para concretar una reestructuración de la corporación.
