Plazo perentorio en escándalo de la Conadi

Un plazo de tres meses para que los tres fiscales formalicen la investigación en contra del abogado Ricardo Aravena Durán fijó ayer la jueza de Garantía, María Elena Llanos, en una audiencia solicitada por Renato Maturana, abogado defensor del profesional aludido.

Cabe precisar que el abogado aparece mencionado en la denuncia presentada en el Juzgado de Garantía por la abogada de la Conadi, Andrea Reyes, respecto a presuntas irregularidades en adquisición de tierras en la Corporación.

La denuncia motivó que la fiscal regional Esmirna Vidal designara a los fiscales, Jaime Pino, Alejandro Ivelic y Luis Toledo, con dedicación exclusiva a investigar el caso.
 

DEFENSOR
 

Al término de la audiencia el defensor informó que considerando el artículo 186 del Código Procesal Penal, solicitó a la juez de Garantía un control judicial de la investigación previa a la formalización.

El abogado solicitó que los fiscales expusieran los hechos que constituían la investigación y además que fijaran un plazo breve y perentorio para formalizar la investigación en contra de su cliente.

En la sesión el profesional solicitó un plazo de tres meses para que los fiscales formalicen la investigación en contra de su defendido. Los fiscales solicitaron -que debido a la complejidad del caso- el plazo debía fijarse en 8 meses.

Tras escuchar a las partes, la magistrada decretó que el plazo para que los fiscales formalicen debía ser de tres meses, a contar de ayer.

"Si la Fiscalía no formaliza, hasta ahí llega la investigación. El plazo es para que formalice la investigación señalando los ilícitos penales que se les imputan a los intervinientes", afirmó Maturana.

Al ser consultado si la audiencia la había solicitado ante la falta de credibilidad respecto a los antecedentes entregados por la abogada Andrea Reyes, Renato Maturana puntualizó que frente a la publicación en varios medios de comunicación, era probable que no fuera la misma denuncia. "Nos parecía de una imprecisión y vaguedad, no propia de una denuncia seria".

El profesional que tiene la defensa del abogado Aravena afirmó que en la audiencia la Fiscalía precisó que la denuncia es la misma publicada por el Diario La Segunda, El Mercurio y El Diario Austral, agregando que "la denuncia es de una vaguedad asombrosa. Parece un cuento que fulano dijo, que Merengano le había dicho, pero no hay ninguna precisión. Creo que a partir de la denuncia no se puede concluir que efectivamente haya personas que tengan responsabilidad penal en hechos ilícitos".

El defensor penal privado aseveró que la denuncia puede dar lugar al ejercicio no sólo de orden civil, sino de orden penal, pero no "contra la denunciante porque la conozco mucho".

El profesional no descartó iniciar acciones civiles contra la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
 

EL FISCAL
 

Por su parte, el fiscal Alejandro Ivelic, quien es uno de los funcionarios del Ministerio Público designado para investigar el caso Conadi, afirmó que reducir el plazo de ocho meses a tres no les perjudica porque -explicó- todas las diligencias se están realizando en forma muy rápida y con mucha celeridad.

Hay que precisar que el plazo decretado por la jueza de Garantía es específicamente para el caso del abogado Ricardo Aravena y de no acreditar ilícitos, eso no quiere decir que en las indagaciones se logre configurar delitos contra otras personas, antes o con posterioridad a ese plazo, porque la investigación en el caso Conadi continúa, hasta agotar las posibilidades de investigación.
 

CANDIDATO

Como acusaciones graves que deben ser investigadas a fondo "caiga quien caiga", calificó el candidato DC a diputado por el distrito 49, Fuad Chahín, la investigación que se lleva adelante en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi.

En este sentido, consideró inaceptable que el dinero que con esfuerzo el Estado chileno ha destinado para ayudar a un grupo de chilenos vulnerables como lo es el pueblo mapuche, quede enredado en algunos funcionarios que se han enriquecido y en algunos propietarios de predios.

Asimismo, manifestó que las responsabilidades penales tienen que asumirse, porque "aquí no hay inmunidad para nadie, para ningún partido político, ni para ningún alto funcionario. Todo aquel que haya cometido algún ilícito debe responder. Somos todos iguales ante la justicia y, por lo tanto, aquí no puede haber privilegios".

El candidato valoró la actitud que ha tenido la Conadi, a través de su director nacional, Edgardo Lienlaf, "quien dio una clara señal de no querer encubrir el conflicto, ya que él mismo llevó los antecedentes al Ministerio Público.