Un serio cuestionamiento a la política de entrega de tierras a indígenas implementada por las actuales autoridades del Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan) existe entre diversos actores ligados a esta temática.Tanto el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo), Manuel Riesco, como funcionarios de la propia Conadi, critican la estrategia utilizada por las autoridades para resolver los casos más conflictivos.A diferencia de lo ocurrido durante la anterior administración, las autoridades de Mideplan, encabezadas por la ministra Alejandra Krauss, optaron desde el año pasado por negociar con comunidades mapuches que levantaron conflictos y realizaron acciones de violencia. El Mercurio, 14 de junio de 2001
Política de Traspaso de Tierras 'Premia' Conflictos
Agricultores y funcionarios de la
propia Conadi cuestionan decisión de negociar con comunidades más
problemáticas.
Un serio cuestionamiento a la política de entrega de tierras a indígenas implementada por las actuales autoridades del Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan) existe entre diversos actores ligados a esta temática.
Ello porque, más allá de que finalmente la justicia compruebe o descarte la existencia de irregularidades al interior de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), las presiones del ministerio para negociar ciertos casos específicos alteraron la lógica con que se venía operando.
Tanto el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo), Manuel Riesco, como funcionarios de la propia Conadi, critican la estrategia utilizada por las autoridades para resolver los casos más conflictivos.
A diferencia de lo ocurrido durante la anterior administración, las autoridades de Mideplan, encabezadas por la ministra Alejandra Krauss, optaron desde el año pasado por negociar con comunidades mapuches que levantaron conflictos y realizaron acciones de violencia.
Funcionarios de Conadi, que pidieron reserva de sus identidades, consideran que gran parte del actual escenario ha sido generado por el accionar de la propia Krauss.
Aunque la Ley Indígena aborda el traspaso de tierras a través de un reglamento, esto fue precisado posteriormente por un reglamento de operación interna para el caso de compra de predios en conflicto. Este último fue incorporado en un documento sobre la política de tierras de la Conadi, aprobado por el consejo de esta entidad en agosto de 1999.
En el caso de predios en conflicto, el procedimiento establece la existencia de veinticuatro etapas. A lo largo de este proceso participan los encargados de la unidad local de tierras, fiscalía de Conadi, el director regional, tasadores, y el director nacional, quien finalmente firma la escritura de compraventa.
Empero, en algunas oportunidades se habrían suscrito acuerdos directos o indirectos con grupos de comunidades para la pronta compra de tierras, sin respetar los procedimientos legales fijados por la institución.
Esto ocurriría con la Asociación Ñancucheo, de Lumaco, que a instancias de esa autoridad suscribió el año pasado un acuerdo en Santiago, en el que se establecía que serían favorecidas con tierras en un plazo de cuatro años.
Además, a fines del año pasado un enviado especial de la ministra, el funcionario Róbinson Pérez, inició un proceso de negociación con la comunidad Ignacio Queipul. Ello para que en un plazo de cuatro años recibieran alrededor de dos mil hectáreas del fundo Alaska, que la Conadi planea comprar a forestal Mininco.
Dicha comunidad ha sido una de las que han protagonizado mayor cantidad de acciones violentas en la zona de Ercilla, pero actualmente el traspaso está paralizado por una división de la propia comunidad.
A juicio de Manuel Riesco, el problema es que como el Presidente Ricardo Lagos ofreció traspasar 150 mil hectáreas, todas las comunidades intentan alcanzar algo. "Y, en el actual esquema, el que más "agarra" es el que grita más y arma más pelotera. Estas condiciones las generó el Gobierno al darles a elegir a las comunidades que pidan lo que quieran", opinó.
Al interior de la Conadi, diversos personeros reconocen que la presión ejercida desde Mideplan complicó notoriamente la gestión en el tema tierras, básicamente porque se privilegiaron los casos "más contingentes" en desmedro de otros ya priorizados a partir del procedimiento fijado en 1999.
La preocupación es que con esto se genera un precedente nefasto, pues se establece que si las comunidades presionan pueden resolver sus demandas. "Nosotros hablamos con la ministra y la solución es otra: que compren las 150 mil hectáreas de una vez, al tiro, para que acoten y terminen de una vez el tema", añade Riesco.
