Una ofensiva legal impulsada por el diputado socialista Alejandro Navarro en conjunto con la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras, liderada por Aucán Huilcamán, podría obligar a comparecer ante la justicia a los máximos representantes del agro y el empresariado nacional.

Ayer, Navarro, Huilcamán, y el abogado Rodrigo Lillo interpusieron ante la fiscal de la Novena Región una denuncia criminal por los delitos de asociación ilícita, amenaza y transgresión a la ley de control de armas, ilícitos en los que habrían incurrido grupos de agricultores de la región de La Araucanía.

En ese contexto, los denunciantes solicitaron a la fiscal –que a su vez deberá nombrar a un fiscal adjunto- que se cite a declarar al senador Francisco Prat, independiente RN; Manuel Riesco, presidente del Consorcio Agrícola del Sur (CAS); Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y Andrés Santa Cruz, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

Si bien el legislador dijo la decisión de las citaciones recae en el fiscal señaló que éste debiera empezar por los aludidos porque son “nombres que en distintos cargos se repiten desde 1998”.

GRUPOS ARMADOS.Según Navarro la alusión hecha a los dirigentes gremiales y políticos se debe a que éstos han llamado a los agricultores a organizarse para la autodefensa contra los mapuches que ocupan fundos en una figura que calza con la de “grupos armados paramilitares”, lo que está sancionado en los artículos 292 y 295 del Código Penal y en la Ley de Seguridad del Estado.

Respecto al ilícito de amenazas, el parlamentario se basó para interponer su denuncia en artículos de prensa donde agricultores “han reconocido haber efectuado disparos contra mapuches”, lo que tipifica en los artículos 296 y 298 del Código Penal que exige que existan características de verosimilitud para efectuar la acusación.

En esa misma línea, añadió, se inserta la transgresión a la ley de control de armas, por cuanto, según él, la entrega de permisos de porte no permite disparar si no es para la autodefensa, el cual en el marco de la denuncia, no sería el caso.

LEY DE SEGURIDAD. Rodrigo Lillo por su parte explicó las motivaciones que tuvieron para no solicitar a la intendencia de la Novena Región un requerimiento por Ley de Seguridad del Estado. Ello, a pesar de que la denuncia interpuesta recoge delitos insertos en esta ley, como es el de aquellos que “inciten, induzcan, financien o ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes y a los que formen parte de ellas, con el fin de sustituir a la fuerza pública”.

El profesional dijo que existen en el ordenamiento jurídico otras herramientas legales que permiten atacar los presuntos ilícitos en cuestión. Añadió que el nuevo el nuevo sistema procesal penal, además, les da garantías de un proceso rápido y ecuánime.

Finalmente, Lillo dijo que se abstuvieron de solicitar un requerimiento por infracción a Ley de Seguridad del Estado por cuanto existe “una discusión jurídica respecto a si el Ministerio del Interior puede requerir” con éxito la aplicación del cuerpo legal, ante lo cual optaron no hacerlo “para no caer en eso”.

Como informó El Metropolitano está la interpretación de que con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal hay una derogación tácita de las normas de la Ley de Seguridad del Estado en los que respecta a la jurisdicción o competencia y el procedimiento a través del cual se conocen los delitos referidos a la ley en cuestión.

TOMA EN RALCO. Cerca de las 21:30 horas de ayer el director de la Conadi, Edgardo Lienlaf, logró un acuerdo con las 15 mujeres pehuenches, encabezadas por Berta y Nicolasa Quintreman, que por segundo día mantenían ocupada la oficina de la Corporación en Ralco, en la zona del Alto Biobío. De este modo, en el curso de la noche pusieron fin al movimiento.

Según explicó Lienlaf a El Metropolitano, “denunciaban la eventual destrucción de un cementerio indígena en Ralco Lepoy, que no habría sido contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental que presentó Endesa para la construcción de la central Ralco”.

En ese sentido, añadió, el acuerdo implica que hoy en la mañana acudirá a sostener una reunión en terreno con las familias afectadas, “para evaluar en terreno su denuncia, y además para conocer las condiciones en que están viviendo actualmente”. Lienlaf concurrirá además con un equipo jurídico de la Conadi que se coordinará con los abogados de los pehuenches.

Por otra parte, Lienlaf visitó durante la tarde el cementerio de Quepuca Ralco, acompañado por el lonko Antolín Curriao. Al respecto, indicó: “Comprobamos que la comunidad se opone a las perforaciones que un equipo antropológico estaba realizando en el lugar, en el marco de las obras de la central Ralco. Luego de escuchar a los hermanos, llegamos a un acuerdo, que significa que los trabajos se paralizarán durante una semana, mientras estudiábamos a fondo el tema con la comunidad”.

Finalmente, el director de la Conadi se reunirá hoy con la comunidad de Malla Malla, que en los últimos días se ha enfrentado con colonos del sector por el patrimonio de 200 hectáreas del fundo Queuco.

LIBERTAD A MAPUCHES. En tanto, la Corte Marcial resolvió ayer dejar en libertad de oficio a los tres comuneros mapuches procesados por su supuesta participación en los incidentes ocurridos en la Hacienda Lleu-Lleu, y en el que fueron detenidas otras seis personas.
La medida benefició a Segundo Ancalao Ñecul, Eduardo Meñaco Lincopi y Héctor Laintúl Carillanca, quienes fueron encausados por el delito de “maltrato de obra a Carabineros con resultado de lesiones leves”.

Al respecto, ciertos medios de prensa habían informado que Héctor Laintúl era el “jefe operativo” de la Coordinadora Arauco-Malleco, el “comandante” de las acciones indígenas. Sin embargo, en el proceso judicial no se acreditaron en absoluto tales denuncias.

Lo que se dijo

El senador Francisco Prat ha declarado en el contexto de los ataques a predios agrícolas por parte de comunidades mapuches que los agricultores deben “adoptar las medidas de organización y solidaridad que les permitan, como complemento de la actuación de la fuerza pública, para defender su integridad y proteger sus bienes materiales”.

Manuel Riesco, por su parte al ser consultado sobre el tema de la autodefensa ante ataques a la propiedad agrícola declaró: “No somos giles, ya vivimos una situación parecida, cada uno saque las conclusiones que tenga ganas”.

Sobre el mismo tema Andrés Santa Cruz ha dicho que “todo el mundo tiene derecho a la legítima defensa y los agricultores no se dejarán avasallar”