Esta semana, el ministro Eliseo Araya, instructor del requerimiento del gobierno en contra de comuneros indígenas, podría declarar en rebeldía a los cuatro líderes mapuches procesados por infracción a la Ley de Seguridad del Estado y que aún no comparecen ante el tribunal. Trascendió que los encausados contra quienes se podría decretar su rebeldía son Juan Llanquileo Yevilao, Jaime Cona Tranamil, José Marihuén Marihuén y Segundo Ancalao Necul. Un quinto requerido es José Huenchunao Mariñán. El líder de la Coordinadora Arauco-Malleco no ha sido procesado en la querella que interpuso el intendente Jaime Tohá en enero pasado, teniendo sólo la calidad de requerido. Diario El Sur, 4 de junio de 2001

Esta semana, el ministro Eliseo Araya, instructor del requerimiento del gobierno en contra de comuneros indígenas, podría declarar en rebeldía a los cuatro líderes mapuches procesados por infracción a la Ley de Seguridad del Estado y que aún no comparecen ante el tribunal.

Así lo confirmaron fuentes ligadas a la causa, las cuales indicaron que el alto magistrado analizaba el tema, así como un posible viaje a Cañete para la realización de nuevas diligencias en el sumario que investiga la quema de rastrojo y toma de un predio en Lleu-Lleu.

Trascendió que los encausados contra quienes se podría decretar su rebeldía son Juan Llanquileo Yevilao, Jaime Cona Tranamil, José Marihuén Marihuén y Segundo Ancalao Necul. Un quinto requerido es José Huenchunao Mariñán. El líder de la Coordinadora Arauco-Malleco no ha sido procesado en la querella que interpuso el intendente Jaime Tohá en enero pasado, teniendo sólo la calidad de requerido.

Lo más probable, expresaron fuentes de tribunales, es que una vez que el ministro Araya ordene declarar en rebeldía a los comuneros, resolverá también el cierre del sumario. El paso siguiente sería entonces la acusación y la sentencia.

Los abogados de los mapuches, Rodrigo Calderón y Pablo Ortega, están ayer abocados al estudio del expediente, con el objetivo de decidir si piden más diligencias que prueben la inocencia de sus clientes o definitivamente demandan la revocatoria de los autos de procesamiento de los siete indígenas hasta ahora notificados. Esos encausados gozan actualmente de libertad provisional.

La pena máxima a que se expondrían los encausados por infracción a la Ley de Seguridad del Estado es de 5 años y un día de prisión. Sin embargo, según han expresado las defensas de los mapuches, todos ellos pueden comprobar irreprochable conducta anterior, lo cual reduciría en un grado la condena, pudiendo así acogerse al cumplimiento de la pena fuera de la cárcel.

El juez Araya instruye desde febrero el proceso abierto a raíz de los hechos en la hacienda propiedad del empresario Osvaldo Carvajal, ocurridos el 26 de enero.

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