Editorial. Es necesario que las autoridades reconozcan las reiteradas deficiencias en las que ha incurrido este organismo y emprendan las anunciadas reestructuraciones que, a la luz de lo sucedido, parecen indispensables. La Tercera en Internet, 4 de junio de 2001

Es necesario que las autoridades reconozcan las reiteradas deficiencias en las que ha incurrido este organismo y emprendan las anunciadas reestructuraciones que, a la luz de lo sucedido, parecen indispensables.

 Es de particular gravedad que mientras el Ejecutivo realiza denodados esfuerzos por atender las demandas de los comuneros y entrega cuantiosos recursos públicos para la adquisición de predios, algunos funcionarios sean acusados de especular con la tasación de los terrenos y de lucrar en forma ilícita con su posterior venta.

 La seriedad de las denuncias ha quedado de manifiesto en las amplias órdenes de investigar emanadas tanto por el Ministerio Público como por diversas entidades fiscalizadoras. Entre ellas, la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio de Planificación (Mideplan). Es de esperar que todas estas instancias entreguen pronto mayor claridad sobre lo ocurrido y establezcan las responsabilidades admistrativas y penales que el caso amerite.

 Pero más allá de estas conclusiones es necesario que las autoridades reconozcan las reiteradas deficiencias en las que ha incurrido el mencionado organismo y emprendan las anunciadas reestructuraciones que, a la luz de lo sucedido, parecen indispensables. También se requiere que quienes conducen el proceso de acercamiento y entendimiento con el pueblo mapuche asuman la responsabilidad que les cabe en esta materia.

 Es de público conocimiento que el actual director de la Conadi, Edgardo Lienlaf, ha sido varias veces cuestionado en su gestión y que su respaldo dentro del Consejo de la entidad y aún del propio Mideplan es débil. La propia ministra Krauss ha optado en más de una ocasión por saltar las prerrogativas de Lienlaf y negociar directamente o por medio de sus representantes con las comunidades en conflicto. Llama la atención, entonces, que un funcionario que, en apariencia, no cuenta con la confianza de sus superiores y bajo cuya administración pesan delicadas acusaciones, sea uno de los encargados de iniciar el proceso de transformación del servicio.

 Muchas de las anomalías que hoy son objeto de indagación se habrían podido evitar por medio de una mayor transparencia en los procedimientos de traspaso de tierras. De partida -y tal como lo señaló hace algún tiempo un grupo de parlamentarios- todas las licitaciones de terrenos debieran haber sido públicas. De igual forma debió haberse operado en la tasación de los predios -a través de un ente independiente-, en el listado de comunidades a las cuales se les iba a favorecer con la entrega de tierras y con los montos en cuales finalmente se concretaron las transacciones. Sin embargo, incluso hoy esta información permanece vedada para la opinión pública.

 De haber actuado así no sólo se habría sorteado el actual escándalo, sino que además no se hubiera dado pie a que ciertas comunidades levantaran disputas artificiales para acelerar la solución de sus demandas. Irónicamente, las pesquisas que se realizan hoy mantendrán paralizado todo traspaso de nuevas tierras.
 

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