Opinión. Llama la atención que la dirección de la Conadi haya impartido instrucciones a los jefes de unidades y departamentos prohibiendo expresamente la entrega de información a la prensa, bajo el argumento del secreto del sumario. Esta actitud vulnera recientes normativas que apuntan a la transparencia de la función pública, por lo que en la corporación se debería distinguir entre aquella información que corresponde al sumario de los antecedentes estadísticos, registros de predios entregados a las comunidades indígenas, y otros datos de naturaleza pública, y por lo mismo deben ser proporcionados a la prensa para que esta los de a conocer a la opinión pública. Diario El Sur, 4 de junio de 2001
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lunes 4 de junio de 2001
Irregularidades en la Conadi
- Las posibles irregularidades en la adquisición de predios por parte de la Conadi deben ser aclaradas pronto, tanto por el monto de los recursos, como por el negativo efecto para quienes debió beneficiar.
También se deberían conocer de situaciones en que grupos indígenas han ocupado terrenos forestales y agrícolas, quemado instalaciones y bosques con el fin de presionar al organismo gubernamental a adquirir esos predios, al tiempo que los propietarios han debido deshacerse de ellos en razón de la imposibilidad de trabajarlos. Quizás en algunos de estos casos se descubran también irregularidades, lo que podría configurar acciones que pongan en evidencia que se está ante prácticas comunes, o que al menos datan de otras administraciones y de ejecutivos distintos a los actuales. La sola posibilidad de ocurrencia de situaciones anómalas exige de los organismos contralores y de la misma Conadi una fiscalización más efectiva y el establecimiento de normas que eviten que este tipo de hechos puedan suceder en el futuro.
Llama la atención que la dirección de la Conadi haya impartido instrucciones a los jefes de unidades y departamentos prohibiendo expresamente la entrega de información a la prensa, bajo el argumento del secreto del sumario. Esta actitud vulnera recientes normativas que apuntan a la transparencia de la función pública, por lo que en la corporación se debería distinguir entre aquella información que corresponde al sumario de los antecedentes estadísticos, registros de predios entregados a las comunidades indígenas, y otros datos de naturaleza pública, y por lo mismo deben ser proporcionados a la prensa para que esta los de a conocer a la opinión pública. En situaciones como ésta, en que se pone en duda la probidad funcionaria, no sólo cabe la investigación administrativa y judicial, sino que la ciudadanía tiene el deber de estar plenamente informada del uso que se ha dado a recursos cuantiosos, públicos, y que por lo demás provienen de los impuestos que pagan todos los chilenos.
Los procesos judiciales deben avanzar con prontitud, determinarse las
responsabilidades penales si ellas existen, y el gobierno plantear las
políticas en todos aquellos niveles que corresponde a fin de aclarar
estos cinco o más casos, y asegurar al país que no hay fraudes
anteriores, y si los hay, ellos también sean sometidos a investigación.
La Conadi tiene perfectamente trazados sus objetivos de apoyo a los sectores
indígenas y para ello cuenta con un presupuesto muy elevado, razones
más que suficientes para que su administración se haga conforme
a la normativa legal, estrictamente fiscalizada, y que beneficie de manera
efectiva a quienes tiene el mandato de hacerlo.
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