Tras conocerse una serie de irregularidades al interior de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, el alcalde de Temuco, René Saffirio, expresó que es necesario que el Gobierno inicie una completa reestructuración interna en este polémico organismo del Estado. "En un momento yo dije que la Conadi era un engendro de gato con sapo porque si bien es un órgano del Estado que se financia con recursos públicos y forma parte de la administración pública, también cuenta con un consejo integrado por personas que son elegidas por las comunidades indígenas".Austral, 31 de mayo de 2001

Exigen reestructuración de la Conadi

Tras conocerse una serie de irregularidades al interior de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, el alcalde de Temuco, René Saffirio, expresó que es necesario que el Gobierno inicie una completa reestructuración interna en este polémico organismo del Estado.

Junto con aplaudir la decisión de la ministra de Mideplán, Alejandra Krauss, en cuanto a iniciar una investigación al interior de un órgano público de su dependencia; el jefe comunal enfatizó que la Conadi tiene que cambiar desde la A hasta la Z. "En un momento yo dije que la Conadi era un engendro de gato con sapo porque si bien es un órgano del Estado que se financia con recursos públicos y forma parte de la administración pública, también cuenta con un consejo integrado por personas que son elegidas por las comunidades indígenas".

A su juicio, ni el consejo de la Conadi ni las autoridades designadas por el Ejecutivo, han logrado comprender hasta ahora que forman parte de la estructura del Estado y que no son una ONG. Por lo tanto, "la forma como tienen que administrarse los recursos de la Conadi, tiene que ser de acuerdo con las normas que todos los servicios del Estado tienen para administrar sus recursos públicos, de tal forma que un proceso de reestructuración de la Conadi es indispensable".

En opinión de Saffirio, la ministra Krauss no ha hecho más que correr el velo respecto de una situación que era vox populli desde hace mucho tiempo. "En consecuencia -dijo- la demanda que hace la comunidad no es para comprar una cantidad determinada de hectáreas, sino que es para comprar ese predio específico con deslindes. Finalmente, cuando el Estado está presionado por las comunidades para la buscar una solución y la única salida es exclusivamente la adquisición de un predio específico, obviamente que el valor del predio en disputa subirá ostensiblemente".

A esto hay que sumar, según señaló, lo que gráficamente alguien llamó "el peaje que algún funcionario corrupto de la Conadi le cobraba a un empresario como comisión por la compraventa de ese predio. Entonces estamos en un círculo de un nivel de corrupción que ameritaba con creces la intervención de la ministra y la investigación que se está llevando a cabo".

ROL DE LA DC

El diputado Francisco Huanchumilla condenó, por su parte, los actos de corrupción dados a conocer a la opinión pública, en los que aparecen involucrados personeros Demócrta Cristianos.

"Este tema nos ha perseguido como una sombra en el último tiempo", aseguró, agregando que es necesario que la DC responda con mucha energía y claridad al respecto: "Es conveniente que las directivas regionales y nacionales entreguen los antecedentes a los organismos respectivos para que se adopten las medidas correctivas, y si es necesaria la expulsión de algún militante, así debe hacerse", aseguró.
 

JUSTICIA

Tras reunirse con la fiscal regional de La Araucanía, Esmirna Vidal y el contralor regional, Ives Zegers, el diputado Miguel Hernández decidió hacerse parte en las acciones legales que contribuyan a aclarar las circunstancias que rodean el escándalo por supuestas irregularidades en la Conadi, vinculadas con la compra de tierras en el sur del país.

El parlamentario dijo que apoya la decisión del Gobierno de reestructurar la institución y espera que "los cambios contribuyan definitivamente a avanzar en un camino de diálogo, que acabe con la profunda insatisfacción existente en las comunidades indígenas, buscando nuevos puentes de confianza y transparencia en la gestión".

De la misma forma, Miguel Hernández, analizó junto a la fiscal y el contralor, los antecedentes recopilados hasta el momento y que dicen relación con una serie de presuntas irregularidades en la adquisición de tierras, destinadas a responder a las necesidades de las comunidades mapuches en conflicto. "Estas irregularidades afectan directamente al personal de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena", reconoció. "Se trataría, añadió, del presunto cobro de coimas y pago de sobreprecios por la compra de determinadas tierras entre 1997 y 1998". 

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