3 fiscales especiales por escándalo Conadi

El caso Conadi ha provocado preocupación en las autoridades por el trasfondo social que hay detrás de las irregularidades. En la foto, la ministra Alejandra Krauss junto a unas machis.

La denuncia presentada por funcionarios de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) respecto a presuntas irregularidades en los procedimientos de adquisición de tierras provocó la inmediata reacción de parlamentarios y dirigentes mapuches, quienes con miradas distintas coinciden en que el Gobierno debe ponerle el "cascabel al gato" y terminar de raíz con la corrupción.

Ayer trascendió que la fiscal regional, Esmirna Vidal, consideró necesario -por la magnitud del caso- nombrar a dos fiscales más para realizar la exhaustiva investigación y establecer si los antecedentes son constitutivos de delito.

FISCALES

La terna que tendrá la misión de investigar el bullado caso está formada por el fiscal jefe de Temuco, Jaime Pino; el fiscal adjunto, Luis Toledo y Alejandro Ivelic, quien en primera instancia había asumido solo la investigación.

La fiscal regional decidió nombrar a otros dos integrantes del Ministerio Público para apoyar el minucioso trabajo debido a la cantidad de diligencias que se deben realizar.

Durante los últimos días la Fiscalía de Temuco interrogó a personas presuntamente involucradas en las irregularidades de compras de predios. Cabe consignar que los terrenos adquiridos por la Conadi son para satisfacer las demandas de las decenas de comunidades mapuches que luchan por la reivindicación de tierras en la VIII, IX y X Regiones.

El fiscal Alejandro Ivelic informó que junto a un equipo especial del Servicio de Investigaciones Policiales (SIP) de la Unidad Investigativa Integral (UII) de Carabineros, en los últimos tres días le tomó declaraciones a decenas de personas. Cabe precisar que hasta ahora no hay detenidos ni funcionarios suspendidos, puesto que aún no se ha logrado determinar si efectivamente se cometió algún delito.

Para apoyar el trabajo de los fiscales llegó hasta La Araucanía, María Eugenia Manó, jefa de la Unidad de Delitos Económicos y Delitos Funcionarios dependiente de la Fiscalía Nacional, que tiene como finalidad investigar todos aquellos delitos donde estén involucrados funcionarios públicos.

Las presuntas irregularidades apuntan en particular a funcionarios del Fondo de Tierras y Agua, que anualmente maneja un presupuesto de miles de millones de pesos.

El director de la Conadi, Edgardo Lienlaf (DC), hizo declaraciones al diario La Segunda y mostró su preocupación por las presuntas irregularidades en el procedimiento de adquisición de tierras. "Sólo cuando tuve en mis manos datos concretos respecto a estas murmuraciones decidí informar de lo que ocurría a la ministra de Mideplan, Alejandra Krauss", precisó.

Cabe recordar que a la investigación que lleva el Ministerio Público de la IX Región, se suman las solicitadas por la ministra Alejandra Krauss, quien pidió a la Contraloría General de la República la instrucción de un sumario administrativo para determinar la eventual comisión de irregularidades al interior del organismo, así como la posible participación y probables responsabilidades en ellas de funcionarios de esa repartición.

La ministra también ordenó que el auditor ministerial audite en forma extraordinaria al Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi y la intervención del Consejo de Defensa del Estado, para que se haga parte de una acción judicial en la cual represente los intereses fiscales eventualmente comprometidos.

La ministra de Planificación y Cooperación entregó un plazo de 45 días para que el representante del Mideplan, Juan Cavada Artigues y el director nacional, Edgardo Lienlaf, propongan un plazo de reestructuración al interior de este organismo y normalizar el proceso de adquisición de tierras.

"NADA NUEVO"

Juan Antilén, quien se hizo cargo del Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi en 1999, cuenta que desde que asumió escuchó "rumores" de que ocurrían anomalías en las transacciones de tierras, como el presunto de cobro de coimas y pagos sobreprecios por la adquisición de terrenos entre 1997 y 1999.

A lo anterior se agrega que en junio de 1999 la Contraloría General de la República comprobó a través de una investigación que se habían cometido irregularidades en la oficina que la Conadi tiene en Santiago. En esa ocasión el organismo fiscalizador comprobó irregularidades en adjudicación de proyectos y de contratos, además de un desorden administrativo que involucraron mil millones de pesos del presupuesto de la Conadi, parte de los cuales se perdieron.

El caso "escándalo Conadi" originó la reacción inmediata de los parlamentarios de la zona. El diputado Miguel Hernández Saffirio hizo quemantes declaraciones al respecto, afirmando que "existen fundadas sospechas que al interior de la Conadi opera una verdadera mafia en torno al programa de compra de tierras.

El parlamentario agregó que ha estado recibiendo antecedentes que podrían establecer con meridiana claridad la complicidad de algunos funcionarios del cuestionado organismo y agregó que lo sucedido demuestra que los mecanismos internos de control de las instituciones públicas siguen fallando por lo que se requiere de especial rigurosidad sobre todo en el programa de compra de tierras, donde se manejan cifras muy altas.

En tanto, el diputado de la UDI Eduardo Díaz del Río, afirmó que "estos hechos irregulares los hemos denunciado tanto mi padre como yo desde hace ya varios años, pero nunca se tuvo la libertad ni el interés para investigar una situación que a todas luces era irregular, sino que por el contrario, fueron negados sistemáticamente por quienes hoy quieren aparecer como opositores y príncipes de transparencia. No es justo que en época de elecciones parlamentarios se transformen en opositores de aquellos que protegieron durante tanto tiempo".

El congresista fue enfático en aseverar que "la Ley Indígena es mala y que este tipo de instituciones lo único que hacen es quedarse con los dineros de los más pobres. "Es mucho mejor que se subsidie directamente a los mapuches chilenos que viven en extrema pobreza".

HUILCAMAN

El vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, dijo que "recién se está destapando la olla" de las irregularidades, de lo cual, aseguró, le había llegado información hace varios años.

Manifestó que está en antecedentes de por lo menos siete casos que responderían a esta irregularidad en el procedimiento de compra de tierras. Según el dirigente algunos funcionarios nombrados por la Conadi que trabajan en las municipalidades, entre la VIII y X Regiones, serían responsables de estos ilícitos.

Huilcamán informó un presunto caso de un fundo ubicado en el límite de las comunas de Traiguén y Lumaco que habría sido vendido "bajo estas irregularidades". Este predio, de cerca de 200 hectáreas, fue vendido en 1997, según dijo, en medio de "un arreglín entre un funcionario de la Conadi y el dueño de la propiedad".

El dirigente se enteró de esto, cuenta, porque el mismo propietario un año después "se acercó al Consejo de Todas las Tierras a ofrecer otro fundo de su propiedad y nos ofreció una comisión si la comprábamos. Nos dijo que ya lo había hecho antes con la Conadi y por qué no podíamos aceptarlo nosotros. Ahí nos enteramos de que se hacían estas cosas".