vidente que las instituciones del Estado -el gobierno, la policía y el poder judicial, entre otras- han continuado la labor represiva iniciada el siglo XIX que ha redundado en la aniquilación física y cultural o, en el mejor de los casos la asimilación marginal, de los pueblos originarios. Es que el gobierno parece no comprender que ya hace tiempo el pueblo mapuche tomó conciencia que la única forma de lograr algo es a través de la organización autónoma, la movilización y la legítima autodefensa. Aquí sólo existe una solución para la actual situación: reconocer los derechos políticos del pueblo mapuche cual nación y dejar que éste, soberanamente, decida su futuro, dándose la organización política, económica y social que estime conveniente acorde a su historia y cultura. El Siglo, 2 de marzo de 2001

2 de febrero de 2001

 

ESCENA en Tirúa, región donde el gobierno aplicó la Ley de Seguridad del Estado a los campesinos detenidos.

Las fúlgidas lenguas de fuego crepitan en el abrumador silencio del amanecer. Quizás esperando la antigua historia de los antiguos, tal vez el beso eterno de los amantes o, simplemente, el meloso sueño de las estrellas. Sin embargo, en lontananza irrumpe el huinka armado hasta los dientes, arrasando con su arrogancia de siglos sembríos y huesos, ilusiones y vírgenes, pétalos y haces de luna nueva. Nada le importa en su brutal arremetida contra hombres, mujeres y niños mapuche, porque jamás le ha importado la suerte del indio excepto, claro está, para humillarle, reprimirle y matarle. Entonces, cada vez que el pueblo mapuche alza su voz y su accionar para recuperar sus tierras ancestrales, el Estado recurre a todos los medios a su alcance para morigerar la situación de crisis de dominación que debe enfrentar. Es por ello que no sorprende la creciente y sostenida militarización del territorio mapuche y, especialmente de las zonas en conflicto, así como la presencia policial en todas aquellas comunidades que se han movilizado en un proceso de recuperación de tierras usurpadas. No sorprende, pero no deja de asombrar el grado de histeria que ha alcanzado la reacción del gobierno, los agricultores, las empresas forestales y la clase política. Es que jamás podrán aceptar que un pueblo originario, reprimido por siglos, pobre y discriminado, ose enfrentar el multifacético poderío chileno y, por esto, han militarizado los territorios mapuche de Ercilla, Chol-Chol, Galvarino y Collipulli. Es debido a ello que 300 carabineros irrumpieron en el fundo Santa Elisa disparando a mansalva, hiriendo a varios comuneros y desalojando, al menos temporalmente, el predio explotado por la forestal Millalemu y que había sido recuperado por las comunidades Quinahue y Rincarricahue que lo reclaman como suyo. La violencia policial no es nueva. Por el contrario, constituye una constante en el marco del conflicto mapuche. No obstante su odio de clase y racismo quedaron cruelmente de manifiesto en el cobarde baleo por la espalda de la niña Daniela Ñancupil quien, a sus doce años, recibió más de sesenta perdigones y, además, el impacto de una bomba lacrimógena. Desde ya hace tiempo, carabineros, con la anuencia del gobierno y los tribunales, responde a las movilizaciones mapuche con un masivo despliegue de medios y el uso indiscriminado de la fuerza; es lo acaecido también en el desalojo de la Intendencia de la IX Región en Temuko cuando carabineros agredió violentamente a un grupo de mujeres mapuche que había ocupado las dependencias regionales protestando por la detención de comuneros en Galvarino. La orden de desalojo fue dada por el gobernador Isaac Vergara y por la intendente Berta Belmar. Esta última jamás se ha preocupado por la suerte del pueblo mapuche, sin embargo acudió inmediatamente al hospital a visitar a un agricultor herido en la zona de Collipulli. El incidente se produjo en el fundo Ginebra y desató un vendaval histérico que ha sido instrumentalizado por los enemigos del pueblo mapuche para justificar tácticas de renovada represión en las comunidades y, por cierto, con el objetivo claro de garantizar la operación de las empresas forestales y la explotación agrícola en territorio mapuche.
 

ACCION PLANIFICADA

DE LOS AGRICULTORES
 
 

VIOLENTO desalojo de mujeres mapuche de la Intendencia de la IX Región.

La presencia de las forestales en el sur ha sido resguardada por la acción policial y, además, por la existencia de virtuales ejércitos privados que operan impunemente en la zona. Ahora son los agricultores los que amenazan con organizarse para reprimir al pueblo mapuche. De hecho, Andrés Santa Cruz, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, ha indicado claramente que "todo el mundo tiene derecho a la legítima autodefensa". Todo el mundo, menos los mapuche, se entiende, quienes cada vez que recurren a la movilización para promover sus derechos o defenderse ante la violencial policial, son inmediatamente calificados de terroristas o delincuentes. Si bien es cierto que tanto el gobierno como carabineros han manifestado su rechazo a la organización paramilitar de los agricultores, lo concreto es que éstos ya han empezado a implementar sistemas de comunicación y de alerta destinados a reprimir intentos de comunidades mapuche por recuperar las tierras que históricamente les pertenecen. Por ende, más allá del discurso, es evidente que el gobierno jamás reaccionará ante los métodos empleados por los agricultores con el despliegue de fuerzas y medios y con las tácticas represivas con que enfrenta habitualmente a las comunidades. Por lo demás, como señala enfáticamente Víctor Ancalaf, dirigente de la comunidad Choiñ Lafkenche de Collipulli, "los agricultores hace bastante tiempo que están organizados, ellos siempre han estado armados, siempre han usado las armas -y no me refiero sólo a escopetas- por lo tanto los llamados actuales son simples provocaciones para legitimar ante la opinión pública una situación que ha existido siempre y, además, para justificar más represión". Y no cabe duda que tanto los agricultores, las empresas forestales y sus aliados políticos de la derecha, no han escatimado esfuerzos y derroche de imaginación para estigmatizar al pueblo mapuche y desvirtuar el verdadero carácter de su lucha. Al consabido recurso de establecer una equivalencia entre el conflicto mapuche y el conflicto en Chiapas, se agrega ahora la idea-fuerza que en el sur se estaría incoando otro Vietnam. Esto último fue aseverado por Manuel Riesco, presidente del Consorcio Agrícola del Sur, el mismo que no ha tenido vergüenza ni problema alguno en pedir la intervención del ejército para defender sus tierras, puesto que de acuerdo a su peculiar visión del tema, la policía se habría visto sobrepasada por los actuales acontecimientos. El llamado a los militares para resolver por la fuerza conflictos sociales y políticos no es novedoso en nuestra historia, por el contrario, constituye una peligrosa y luctuosa constante. Son innúmeras las masacres de obreros, campesinos, estudiantes e indígenas perpetradas por los militares en nombre de la democracia y el orden público. Asimismo, son variados y dolorosos los asesinatos llevados a cabo por terratenientes y grupos paramilitares de derecha, tal como las milicias republicanas de los años treinta. Por lo tanto, es no sólo preocupante el fortalecimiento de la organización de los agricultores sureños, sino que lisa y llanamente inaceptable. Más aún cuando tales métodos son avalados por un senador como Francisco Prat, militante de Renovación Nacional, partido derechista que carece de toda moral para hablar de derechos de las personas, toda vez que apoyó incondicionalmente a la dictadura militar y jamás hizo nada por garantizar el respeto a los derechos humanos. Por lo demás, aquí no se están defendiendo personas, sino intereses económicos. De hecho, René Araneda, secretario de la Sociedad de Fomento Agrícola de la región de la Araucanía, ha sostenido que el clima de inestabilidad no es propicio para invertir en la zona y "pedir a los empresarios que generen empleos". Como si realmente las inversiones realizadas en las últimas dos décadas hubiesen beneficiado al pueblo mapuche y hubiesen mejorado en algo su calidad de vida. Lo concreto es que los mapuche continúan sumidos en la miseria y marginalidad mientras las empresas forestales obtienen grandes ganancias. El año pasado, sin ir más lejos, el valor de las exportaciones forestales ascendió a la cifra récor de 2.400 millones de dólares, constituyendo el 13,2% del valor total de las exportaciones del país. Además, el sector experimentó un crecimiento de un 23 % en relación al año anterior, lo cual ha llevado a José Ignacio Letamendi, presidente de la Corporación de la Madera, a señalar que "se espera convertir a Chile en el segundo exportador forestal del hemisferio sur". Es en este contexto que en el presente año se implementarán proyectos de inversión por un valor de 225 millones de dólares. Es decir, al parecer el conflicto mapuche no constituye óbice para que las empresas forestales continúen sus operaciones, siempre y cuando se mantenga la campaña publicitaria que exagera la verdadera dimensión del conflicto por un lado y, por el otro, descalifica las legitimas reivindicaciones del pueblo mapuche. Ambas persiguen el mismo objetivo: impedir que los mapuche recuperen sus tierras y garantizar el nivel de ganancias con la connivencia del Estado.
 

EL ESTADO SIGUE

SIN ENTENDER
 
 

DANIELA Ñancupil de 12 años: recibió más de 60 perdigones de las fuerzas de carabineros.

Es evidente que las instituciones del Estado -el gobierno, la policía y el poder judicial, entre otras- han continuado la labor represiva iniciada el siglo XIX que ha redundado en la aniquilación física y cultural o, en el mejor de los casos la asimilación marginal, de los pueblos originarios. De manera que no puede extrañar que el gobierno, a través de Jaime Tohá, intendente de la VIII Región, se haya querellado contra los comuneros mapuche que se tomaron la hacienda Lleu-Lleu en la comuna de Tirúa. Esto, posterior al violento desalojo efectuado por carabineros. Huelga decir que ni el gobierno ni ninguna autoridad han siquiera considerado el querellarse contra el carabinero que hirió con un balín en el ojo a un comunero mapuche. Es que sólo contra los mapuche se aplica la Ley de Seguridad del Estado, después de todo, como ha dicho Jorge Burgos, subsecretario del Interior, estos "son delincuentes" y es por ello que el gobierno insiste en bajarle el perfil al conflicto reiterando que los problemas los crean un grupo minoritario de personas y que la mayoría de las 2.000 comunidades no participan de las movilizaciones. Cuesta entender entonces que se recurra a todo el peso de la ley y se utilice a fuerzas especiales de carabineros fuertemente armados, tanquetas y helicópteros para enfrentar a un "grupúsculo" de mapuche. Está claro que en territorio mapuche no existe ni un remedo de la tragedia de Vietnam iniciada y agenciada por Estados Unidos, como tampoco se ha reeditado ningún Chiapas, sostener esto es sencillamente una manera burda de justificar la represión. No obstante, tampoco se puede ignorar la significativa y activa participación de las comunidades en las movilizaciones por la recuperación de sus tierras. Entonces, ni la represión directa llevada a cabo por el Estado ni los esfuerzos por debilitar al movimiento mapuche, dividiendo a las organizaciones entre aquellas que están dispuestas a dialogar y aquellas que no lo están, tienen posibilidades de éxito. El último paso conciliador realizado por el gobierno fue intentar que tres organizaciones mapuche -Consejo de Todas las Tierras, Asociación Ñankucheu de Lumako e Identidad Territorial Lafkenche- firmaran el acuerdo que dio inicio a la denominada Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato en relación a los pueblos indígenas. El presidente Lagos deseaba firmar dicho acuerdo antes del viaje que realizó al sur, pero esto no fue posible, porque las mencionadas organizaciones se negaron a subscribir tal pacto. Y no fueron pocos los esfuerzos hechos por el gobierno: a los dirigentes mapuche se les puso avión a su disposición, vehículo en el aeropuerto, comida y hotel en Santiago. De hecho, desde las nueve de la noche hasta las cinco de la madrugada la ministra de Mideplan, Alejandra Krauss, y el asesor presidencial para asuntos indígenas, Róbinson Pérez, intentaron persuadir a los mapuche para que iniciaran "un nuevo trato" con el Estado. La ministra amenazó con renunciar y estalló en lágrimas al no conseguir su objetivo. Y claro, el mentado "nuevo trato" es ambiguo y confuso, estableciéndose un plazo de al menos dos años para sentar las bases de una nueva relación con los pueblos originarios. Esto no se condice con la brutal represión efectuada por carabineros -por orden de las autoridades- en los mismos momentos en que se habla de diálogo y comprensión de los problemas que aquejan a los mapuche.
 

LAS MOVILIZACIONES CONTINUARAN
 

Es que el gobierno parece no comprender que ya hace tiempo el pueblo mapuche tomó conciencia que la única forma de lograr algo es a través de la organización autónoma, la movilización y la legítima autodefensa. El gobierno, como sostiene Ancalaf, "sigue actuando con la misma prepotencia de siempre, no hay voluntad real para resolver nuestros problemas. Si piensan que con más carabineros van a resolver problemas están muy equivocados. La gente está en disposición de pelear y seguiremos las movilizaciones hasta que haya una propuesta concreta, palpable, por parte del gobierno. Aquí hay dos condiciones mínimas: que se libere a nuestros hermanos detenidos y que se nos devuelva una cantidad significativa de tierras. En todo caso, no aceptaremos que se nos raye la cancha. Aquí se han violado todos nuestros derechos, especialmente nuestros derechos políticos y de eso la gente está muy clara y consciente, por eso planteamos las recuperaciones productivas, porque es legítimo cosechar en las tierras que nos han usurpado. Las forestales pueden tener documentos, pero éstos son recientes, nosotros hemos estado siempre aquí, por eso a la gente no le interesa la Comisión de Verdad Histórica, ellos quieren soluciones ahora y esto no pasará hasta que no se expulse a las forestales de nuestro territorio".

Además, prosigue el dirigente mapuche quien ha estado encarcelado en varias oportunidades, "el decir que aquí hay infiltrados es desconocer historia de lucha de nuestro pueblo, es ignorar la situación socio-cultural de nuestro pueblo, lo claro es que la situación es producto de la provocación de las forestales. Todos hablan del estado de derecho, pero nadie respeta nuestros derechos y usurpan nuestras tierras. El gobernador de la provincia de Malleko fue a mi casa y le dije exactamente lo mismo: aquí hay abuso de poder, la misma prepotencia de siempre, la actitud matonesca de los carabineros, los agricultores andan armados y con perros". La legítima ira de Ancalaf es reciprocada en otras comunidades donde también se ha verificado la violencia policial, como los casos de los fundos Santa Elisa y El Carmen en la comuna de Galvarino, donde el gobierno ha recurrido a la fuerza para solucionar un problema de larga data. Lo concreto es que la militarización del territorio mapuche no solucionará nada, por el contrario, sólo exacerbará un conflicto que no fue creado por el pueblo mapuche sino por los antecesores políticos y económicos de la clase dominante. Aquí no se solucionará nada con absurdos llamados a la represión o convocando al Consejo de Seguridad Nacional, como pretende la derecha.

Aquí sólo existe una solución para la actual situación: reconocer los derechos políticos del pueblo mapuche cual nación y dejar que éste, soberanamente, decida su futuro, dándose la organización política, económica y social que estime conveniente acorde a su historia y cultura. Lo demás es perpetuar una política etnocentrista y racista profundamente irrespetuosa para con un pueblo que ha demostrado una impresionante capacidad de sobrevivencia y un sentido de dignidad que debiera avergonzar a muchos. Sólo el día en que al amanecer se escuche el trinar de los pájaros y el vuelo de los sueños y no el fragor de la violencia, el pueblo mapuche será libre
 
 

Mauricio Buendía

En la Araucanía
 

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