Editorial. La autoprotección es indeseable desde todo punto de vista, aunque debe entenderse como una consecuencia de la inacción del Estado y también un llamado a evacuar políticas que resguarden el imperio de la ley. La Tercera en Internet, 26 de enero de 2001

Editorial
Conflicto mapuche

La autoprotección es indeseable desde todo punto de vista, aunque debe entenderse como una consecuencia de la inacción del Estado y también un llamado a evacuar políticas que resguarden el imperio de la ley.

El grado de beligerancia que hoy exhibe la zona es alarmante y debiese llevar al gobierno a cambiar la estrategia con que ha abordado los hechos de violencia, que, sólo en la última semana, han dejado a tres personas heridas en diversos enfrentamientos. Varias señales indican que las autoridades no están dimensionando adecuadamente el conflicto, que bien podría seguir empeorando. Una de ellas es la magnitud de los ataques en contra de instalaciones forestales, en los cuales se ha hecho cada vez más frecuente la participación de encapuchados y el uso de bombas molotov y armas de fuego, como sucedió el lunes recién pasado en un campamento del fundo Rucañanco.

Tampoco parece haberle prestado debida atención el gobierno a lo señalado por el general director de Carabineros, Manuel Ugarte, en el último Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, Ugarte explicó que en el sur existía la percepción de que la capacidad del Estado estaba siendo sobrepasada y que, en caso de agudizarse la violencia, podría ocurrir lo que sucede en algunos países sudamericanos, en los cuales los privados han creado sus propios mecanismos de protección frente a coyunturas de esta naturaleza.

Y los hechos le han dado la razón. Agricultores de la zona en conflicto estarían organizando brigadas de autodefensa para repeler eventuales ataques contra sus predios o instalaciones, y no pocos han exigido una intervención militar en la zona, idea esta última de suyo desproporcionada e inconducente.

La autoprotección es indeseable desde todo punto de vista, conforme supone un poder paralelo al policial y capaz, eventualmente, de hacerse justicia más allá de los límites de la legítima defensa. Sin embargo, debe entenderse también como una consecuencia de la inacción del Estado y, en ese sentido, como un llamado a evacuar políticas que resguarden el imperio de la ley.

Las reivindicaciones territoriales de los mapuches, y de los pueblos originarios, en general, son atendibles. Sucesivos gobierno lo han entendido así y a eso responde el proceso de adquisición de tierras emprendido hace ya algunos años por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

También cabe valorar la comisión de verdad histórica de los pueblos indígenas, creada para revisar la relación entre las etnias y el Estado y echar líneas de trabajo para el futuro. Los derechos que asisten a los pueblos, sin embargo, no guardan relación con la violencia que se ha manifestado en la zona, presumiblemente a manos de mapuches radicalizados que, en nombre de reclamos territoriales, han subvertido la ley y el orden.

El gobierno debe establecer nuevos mecanismos de acción, ojalá con el concurso de aquellos mapuches dispuestos al diálogo y las empresas. No basta con aumentar los recursos policiales o el número de retenes móviles.

Carabineros debe, ante todo, saber que cuenta con el apoyo de las autoridades políticas para actuar con firmeza ante la repetición de hechos delictuales disfrazados, muchas veces, de reivindicaciones territoriales. Lo que se necesita, en último término, son señales que restablezcan el orden y que, lamentablemente, todavía no han surgido con la debida autoridad.
 

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