Nueve comuneros mapuches se encuentran sometidos a proceso en el marco de la causa por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado que instruye el ministro Eliseo Araya, a raíz de un atentado incendiario al fundo Lleu-Lleu de Tirúa, provincia de Arauco, el pasado 26 de enero. La última resolución del ministro sumariante afectó a Nancy Millanao, respecto de quien se estableció que tuvo participación en los hechos investigados. Además, se encuentran también vigentes órdenes de arresto en contra de su esposo, Roberto Leiva, y del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, José Huenchunao. El Mercurio, 11 de abril de 2001
CONCEPCION:
9 Mapuches Procesados por Atentado a Fundo
Requeridos por infracción a La Ley de Seguridad Interior del Estado. Cuatro indígenas permanecen recluidos en penal de Concepción.
Patricio Gómez
CONCEPCION (Patricio Gómez).- Nueve comuneros mapuches se encuentran sometidos a proceso en el marco de la causa por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado que instruye el ministro Eliseo Araya, a raíz de un atentado incendiario al fundo Lleu-Lleu de Tirúa, provincia de Arauco, el pasado 26 de enero.
La última resolución del ministro sumariante afectó a Nancy Millanao, respecto de quien se estableció que tuvo participación en los hechos investigados. Además, se encuentran también vigentes órdenes de arresto en contra de su esposo, Roberto Leiva, y del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, José Huenchunao.
Aun cuando estos tres últimos indígenas no están incluidos en un grupo de ocho comuneros de esa etnia requeridos por el Gobierno, habrían tenido participación en una reunión previa a la perpetración del ataque incendiario al predio de 250 hectáreas, de propiedad de Osvaldo Carvajal Rondanelli.
El encuentro previo tuvo lugar en la vivienda de Avelino Meñaco, que lidera un sector minoritario de la dividida comunidad Pascual Coña. Este grupo se marginó de la solución dada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para la mayoría de familias que integran esa comunidad, mediante la adquisición de un fundo de 242 hectáreas en la comuna de Cañete.
De las nueve personas actualmente procesadas por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado, cuatro de ellas se encuentran detenidas y recluidas en el recinto penal El Manzano de Concepción. Son ellas Héctor Llaitul, Manuel Fren Casanova, Avelino Meñaco y Nancy Millanao.
Respecto de los otros cinco indígenas declarados reos, Segundo Ancalao, José Marihuén, Jaime Cona, Juan Llanquileo y Juan Leuman, éstos no han podido ser ubicados, a pesar de las órdenes de detención en su contra emitidas por el ministro sumariante.
La hacienda Lleu-Lleu ha sido objeto de seis atentados incendiarios desde 1998 a la fecha. El predio se ubica en las riberas del lago Lleu-Lleu y su propietario contempla desarrollar en él un proyecto turístico por US$ 45 millones, el que se encuentra paralizado a raíz de esas acciones.
Denuncia por Parcialidad
En tanto, la esposa y un hijo de Avelino Meñaco, junto a una hermana de Nancy Millanao denunciaron ayer lo que calificaron de absoluta parcialidad de la justicia chilena hacia los mapuches, que luchan por recuperar sus tierras usurpadas.
Lanzaron duras acusaciones en contra del Gobierno, las policías y el propietario de la hacienda Lleu- Lleu, por estimar que se les están imputando hechos en los que sus familiares no han tenido ninguna participación. "No somos delincuentes ni terroristas", enfatizó Elba Santis, esposa de Meñaco.
Señalaron que sus viviendas son allanadas de manera violenta y se les presiona y amenaza para que inculpen a sus parientes en los hechos investigados.
Al ser requeridos sobre las imágenes captadas el día del ataque a la hacienda Lleu-Lleu, donde encapuchados lanzaban bombas incendiarias con boleadoras al interior del predio, dijeron desconocer quiénes habían sido sus protagonistas y afirmaron no haber visto nada.
En tanto, en la provincia de Biobío, el agricultor Pedro Esquerré, cuyo fundo de 8 mil hectáreas se encuentra ocupado desde el 1 de marzo por cerca de 80 pehuenches, ratificó ayer ante el Juzgado del Crimen de Santa Bárbara una denuncia por sustracción de madera y animales y por destrozos, pérdidas que - estima- fluctúan entre 15 y 20 millones de pesos.
Dijo sentirse frustrado, pues pese a haber recurrido a ese tribunal y ante la Corte de Apelaciones de Concepción no ha logrado obtener una orden de desalojo para que se le restituya el derecho a propiedad, clara y reiteradamente vulnerado en su caso.
Señaló vivir una complicada situación económica al no poder explotar su fundo ahora, dado que en el período de invierno las faenas se hacen más difíciles, debido a su ubicación en la zona de Alto del Biobío.
