De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el Estado de Chile es responsable político y moral de resarcir a las víctimas de graves daños masivos sufridos en indefensión en el transcurso de un largo pasado. Derechamente, es al Jefe del Estado a quien corresponde el deber de tomar la iniciativa para construir los puentes de leal amistad y de mutua confianza de la nación chilena con el pueblo mapuche. Sólo el Jefe del Estado se halla en la posición adecuada para calmar el ánimo de miedo de los actuales propietarios. El Jefe del Estado es el único capacitado para retirar el problema de los peligrosos circuitos de violencia que alimentan más violencia. Diario el Sur, 26 de Abril de 1999

Lunes 26 de Abril de 1999

Puntos de vista
Error peligroso

Causa alarma observar que el problema mapuche va en camino de encerrarse en el peligroso error de un conflicto de los mapuches de hoy con los actuales propietarios de tierras que antaño fueron de mapuches.

Los organismos del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, no pueden dejar en indefensión los derechos de los propietarios de bienes raíces y muebles que están siendo víctimas de usurpaciones, de incendios y de destrucciones vandálicas. El respeto de la ley y el imperio de las resoluciones de los tribunales son requisitos indispensables para una vida social en paz. La impunidad concedida, de modo expreso o de facto, a los ejecutores de violencia provoca finalmente inestables reacciones de defensa o de ofensa de parte de las víctimas. Chile continúa sufriendo las funestas consecuencias de esta clase de precedentes dados en la segunda mitad de los años sesenta y primeros años del 70.

Las víctimas de las violencias cometidas bajo el pretexto de defender la causa mapuche, tienen toda la razón cuando exigen una mejor y más expedita protección policial y judicial; y también cuando argumentan que ellos, como personas naturales o jurídicas, no pueden ser hechos responsables en sus patrimonios privados de los atropellos violentos y trapacerías judiciales cometidos por antiguos propietarios.

Pero en calidad de miembros de una nación, seamos sinceros y realistas. Alguna entidad solvente, que no pueden ni deben ser los actuales legítimos propietarios de las tierras que fueron de indígenas, debe resarcir de algún modo y en la medida de lo posible a los sucesores de los que fueron víctimas indefensas de despojos violentos o engañosos, ejecutados con contumacia en el transcurso de varias generaciones de chilenos anteriores y amparados por las leyes y tribunales de su tiempo. El pueblo mapuche no posee cultura escrita y por tanto no tiene documentación para probar su larga historia de sufrimientos. Sin embargo, procediendo de buena fe encontramos pruebas materiales evidentes de monstruosa injusticia.

Cualquiera que visite comunidades indígenas de Chile con un mínimo de perspicacia, puede comprobar que han sido arrinconados a vivir en retazos de suelo de aptitudes agrícolas despreciables y en densidades de población muy superior a las de propiedades vecinas de los "huincas". Es notorio que esas densidades han formado un agotamiento de la flora apta para leña. Un fuego hogareño permanente consume enormes cantidades de leña. Su ausencia es miseria.

Los indicadores de escolaridad, de calidad de educación, de salud, de grados de pobreza y de asignación de prestaciones asistenciales, de fuente fiscal o municipal, acusan una severa y permanente discriminación negativa en contra de los aborígenes. Tampoco la sociedad civil les ha brindado ni les brinda un trato ecuánime. En todo esto hay culpa acumulada; hay una culpa histórica nacional grave.

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el Estado de Chile es responsable político y moral de resarcir a las víctimas de graves daños masivos sufridos en indefensión en el transcurso de un largo pasado. Derechamente, es al Jefe del Estado a quien corresponde el deber de tomar la iniciativa para construir los puentes de leal amistad y de mutua confianza de la nación chilena con el pueblo mapuche. Sólo el Jefe del Estado se halla en la posición adecuada para calmar el ánimo de miedo de los actuales propietarios. El Jefe del Estado es el único capacitado para retirar el problema de los peligrosos circuitos de violencia que alimentan más violencia.

Es muy tarde para dejar el asunto en manos de jerarcas de servicios burocráticos. Los mapuches de hoy han tomado plena conciencia de que son ciudadanos de la "aldea global". Saben muy bien que esta nueva realidad les da novedosos medios de presión política y de poder muy superior al de los jefes de servicios o de jueces chilenos.

Irlanda aún sufre los efectos de una orgía de violencias interreligiosas que ocurrieron hace tres siglos y en Kosovo se están cobrando venganzas desde hace seis siglos.

Carlos Neely I.
 

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